Los fundamentos de una proyección relativamente optimista de nuestro futuro económico

Durante el último cuatrimestre de 2022 la economía se comportó en línea con el escenario “optimista” de nuestra proyección del 31 de agosto para 2022 y 2023. Para imaginar cómo se desenvolverá la economía en 2024 es necesario discutir cómo se sucederán los acontecimientos políticos e institucionales durante el año electoral 2023.

En materia económica, nuestro pronóstico para 2023 no prevé avances en la eliminación del desequilibrio fiscal ni en las distorsiones de precios relativos, pero, al mismo tiempo, argumenta que los desequilibrios no se agudizarán.

Los anuncios de los principales candidatos de la oposición sobre un gran cambio en la organización de la economía que incluye la eliminación total del déficit fiscal y la emisión monetaria ayudan a reducir el riesgo de un episodio hiperinflacionario como el ocurrido en la transición del gobierno del presidente Alfonsín al presidente Menem en 1989. Pero, al mismo tiempo, la presencia de fuertes grupos organizados de beneficiarios de los subsidios sociales y económicos alimenta el escepticismo de los agentes económicos sobre la viabilidad de un proceso rápido de reformas exitoso.

Por esa razón, pronosticamos que en términos de inflación y crecimiento el 2024 no será muy diferente al 2023. La gran diferencia se manifestará en cuanto a las reformas organizacionales y microeconómicas que surgirán de la eliminación de los controles cambiarios y de precios, la eliminación de subsidios, las reprivatizaciones de empresas que fueron estatizadas durante los gobiernos kirchneristas y la reforma del sistema monetario, para evitar una emisión excesiva en el futuro. La posibilidad de una fuerte desinflación y el inicio de un proceso de crecimiento sostenible se contempla para la segunda mitad de 2024 y sobre todo, para el año 2025.

Muy probablemente, las reformas que se producirán tras el cambio de gobierno en diciembre de 2023 se parecerán mucho más a las de los noventa que a las que prevalecieron a partir de 2002.

El actual gobierno es la cuarta edición de la versión kirchnerista del peronismo que conquistó el poder en 2003 con un discurso antineoliberal. Ese discurso identificó a las reformas de mercado y a las políticas de estabilidad de los 90 como responsables de la crisis que en 2002 produjo un fuerte aumento de la pobreza y un renacer de la inflación.

La interpretación contrapuesta que achacaba la crisis financiera a la falta de disciplina fiscal y a la decisión de default de la deuda externa e interna, que en líneas generales compartían la versión menemista del peronismo, con el propio Menem como candidato y la coalición liberal que encabezaba Ricardo López Murphy, en conjunto capturó casi el doble de los votos obtenidos por Néstor Kirchner. Pero el desgaste político de Menem, más la satanización de las políticas neoliberales que se había impulsado durante el gobierno interino de Eduardo Duhalde, desalentó la participación de Menem en la segunda vuelta y Néstor Kirchner fue electo presidente con sólo el 22% de los votos.

La primera edición del kirchnerismo con el presidente Néstor Kirchner acumulando poder rápidamente, se benefició de circunstancias muy favorables. Por el lado interno, ayudaron la alta y eficiente inversión de la década de los noventa y la desindexación que había resultado de 10 años de estabilidad de precios. En el lado externo, la ayuda provino del auge de las materias primas que benefició a las exportaciones argentinas desde 2003 hasta 2010. Esas circunstancias permitieron al presidente Kirchner no sólo reactivar la economía sino iniciar un período de rápido crecimiento, incluso con políticas que gravaron fuertemente a los sectores más productivos de la economía, desincentivaron la inversión privada eficiente y no buscaron recuperar el crédito público.

La evolución relativamente exitosa de la economía en los cuatro años de gobierno de Néstor Kirchner ayudó a reforzar el discurso antineoliberal y desacreditó aún más la experiencia de los 90.

La segunda edición del Kirchnerismo comenzó en diciembre de 2007 y llevó a Cristina Kirchner a la presidencia. Néstor Kirchner decidió que alternando candidaturas con su cónyuge podrían seguir gobernando por tiempo indefinido, evitando la limitación constitucional de dos mandatos consecutivos de cuatro años. Durante 2008 y 2009 la economía sufrió las consecuencias de un grave conflicto con el campo por el intento del gobierno de aumentar los impuestos a la exportación de soja y del impacto local de la recesión mundial que siguió a la crisis financiera en los Estados Unidos. Pero, para 2010, la economía se estaba recuperando porque el gobierno decidió financiar una fuerte expansión fiscal utilizando los ahorros acumulados de los fondos de pensiones privados y las reservas de divisas del Banco Central. Néstor Kirchner siguió siendo el “verdadero poder detrás del trono” y era visto por la oposición como el jefe de una asociación ilícita de funcionarios corruptos que robaban al Estado para su propio beneficio.

Luego de la muerte de Néstor Kirchner, a un año de las elecciones presidenciales en las que seguramente él hubiese sido el candidato para reemplazar a su esposa en la presidencia, la opinión pública se volcó a favor de Cristina aceptando el argumento de que no había estado involucrada en las prácticas corruptas que se habían vuelto cada vez más evidentes en los últimos años. La reactivación de la economía y la expectativa de que con Cristina recuperando el control total del gobierno cesarían las prácticas corruptas que se identificaron con su esposo, ayudaron al kirchnerismo a mantenerse en el gobierno con el 54% de los votos, el mayor respaldo obtenido por cualquier candidato desde el regreso a la democracia en 1983.

La tercera edición del kirchnerismo, contrariamente a las expectativas del electorado que llevó a Cristina al poder para un segundo mandato, vio un dramático deterioro del clima institucional tanto político como económico. La economía entró en un período de estanflación cuando las políticas económicas se volvieron cada vez más intervencionistas y populistas siguiendo la ideología económica de Axel Kicillof y los dirigentes más izquierdistas del Frente de Todos.

La política se volvió cada vez más conflictiva cuando el gobierno trató de silenciar a la prensa opositora y atacó a los jueces que procesaban a los funcionarios del gobierno acusados de corrupción, incluidos los miembros de la familia presidencial. Fue en este período que porciones significativas de la militancia peronista se alejaron del kirchnerismo y se involucraron ya sea en el PRO, el espacio político creado por Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, o en el llamado “Frente Renovador” liderado por Sergio Massa, el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner que había comenzado a confrontar con Cristina Kirchner en cuanto esta comenzó a mostrar sus impulsos autoritarios.

En las elecciones de 2015, el candidato kirchnerista fue derrotado por Mauricio Macri que criticó la corrupción y los desórdenes institucionales de los gobiernos kirchneristas pero que en materia económica achacó la estanflación sólo el control de cambios y a las malas relaciones con los mercados globales de capital, sin prestar mucha atención a los retrocesos de las reformas del mercado y el abandono de la estrategia de estabilización de los años 90. Por el contrario, aconsejado por su asesor Durán Barba que recomendaba no asustar al electorado con promesas de ajustes, durante la campaña Macri dijo que no reprivatizaría las empresas que habían sido nacionalizadas por el gobierno kirchnerista ni enfatizó el problema creado por el extremo intervencionismo estatal en los mercados privados y el gran aumento del gasto público, los déficits fiscales y expansión monetaria.

Si bien Macri había sido un empresario que en los 90 había demostrado entusiasmo con las llamadas políticas neoliberales, él y sus ministros se comportaron como si aceptaran la visión de que esas reformas habían sido las responsables de la crisis de 2001-2002, algo que el kirchnerismo había argumentado todo el tiempo e incluso había vuelto a enfatizar durante la campaña presidencial de 2015.

Las expectativas favorables iniciales y el apoyo de los capitales financieros nacionales y extranjeros tendieron a desaparecer al inicio del tercer año de gobierno de Macri. Para evitar un nuevo default de la deuda, Macri tuvo que pedir un fuerte apoyo al FMI que vino condicionado a un ajuste fiscal muy necesario pero difícil de implementar.

Cristina Kirchner, que estaba siendo procesada por numerosos hechos de corrupción, encontró la oportunidad de convencer a peronistas no kirchneristas, como los que lideraba Sergio Massa, de armar una coalición para recuperar el gobierno en 2019. Con ese propósito postuló a Alberto Fernández, el jefe de campaña de Sergio Massa, como candidato a la presidencia, reservándose para ella el cargo de vicepresidenta. Como Alberto Fernández había criticado el desorden institucional de la segunda y tercera edición del Kirchnerismo, su candidatura fue vista por el público como un reconocimiento de Cristina Kirchner de que había que corregir esos errores de sus gobiernos anteriores. Su estrategia electoral fue exitosa y Alberto Fernández fue elegido presidente para el período 2020 a 2023.

El cuarto gobierno kirchnerista, que ahora entra en su tercer año, fue caótico porque comenzó con una nueva declaración de default de la deuda, la reintroducción de controles de cambio y la suspensión del programa del FMI que había negociado Macri, justo cuando la pandemia del covid exigió un gasto adicional significativo y provocó una reducción de los ingresos fiscales. El déficit fiscal primario, que en 2019 se había reducido a menos del 1% del PIB aumentó hasta el 4% del PIB en 2021 y fue financiado en su totalidad por emisión monetaria y deuda interna de muy corto plazo. Se aceleró la inflación y aumentó la pobreza.

No se corrigieron los desequilibrios estructurales de la economía que se habían agravado desde las contrarreformas posteriores al abandono de la convertibilidad. Por el contrario, se re-estatizaron nuevas empresas privadas y los impuestos y regulaciones distorsivas acentuaron los desequilibrios en los mercados privados de bienes y servicios.

Después de tres años de políticas económicas muy confusas e inconsistentes, los movimientos tácticos de Sergio Massa como ministro de Economía han logrado al menos estabilizar la tasa de inflación mensual en torno al 6% con una brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio libre cercana al 100%. Si bien Massa hace lo mismo que había intentado hacer Guzmán luego de negociar el programa de facilidades extendidas con el FMI, las circunstancias críticas en las que accedió a su cargo actual y la sensación de los miembros de la coalición de gobierno de que corrían el riesgo de una explosión inflacionaria, hicieron replegar a la vicepresidenta y sus seguidores de su permanente oposición a cualquier medida asociada al programa del FMI.

En términos políticos la coalición de gobierno no está ofreciendo ningún curso de acción alternativo para arreglar la economía que pueda ser atractivo para el electorado y la oposición, aunque todavía no tiene una propuesta completamente consistente en materia de reorganización de la economía y estabilización macroeconómica, está mostrando más vitalidad y determinación que en la campaña de 2015 para producir un gran cambio.

El surgimiento de una fuerte alternativa libertaria liderada por Javier Milei está teniendo una fuerte influencia en el tipo de discurso económico de la oposición. Hay mucho más énfasis en el papel del libre mercado, la apertura de la economía, la reforma del Estado, la disciplina fiscal y la libertad económica en general, que lo que estaba presente en el discurso de “Cambiemos” en 2015.

Por primera vez desde el abandono de la convertibilidad en 2002, las llamadas reformas neoliberales de los 90 son apreciadas y mencionadas como referencia para futuras reformas. Estas ideas están recibiendo apoyo entre jóvenes, trabajadores y personas de escasos recursos que en el pasado fueron atraídos por políticas populistas y estatistas. Este ha sido el resultado de la predica de Milei que, con un estilo muy particular, combinó un rescate de las políticas Menem-Cavallo de los años 90 con una interpretación de la Escuela Austriaca de las políticas económicas argentinas y propuestas de reforma basadas en la eliminación total de las restricciones a la libertad económica impuestas por decisiones discrecionales de los políticos.

El énfasis de la oposición en recuperar el clima de estabilidad de los 90 volvió a poner énfasis en la necesidad de producir un ajuste fiscal rápido e introducir una reforma monetaria que le dé un papel crucial al dólar como moneda de curso legal como sucedió bajo el plan de convertibilidad. Las propuestas van desde la legalización del uso del dólar en competencia con el Peso hasta la dolarización total de la economía, pero en todo caso, la reforma monetaria requerirá una completa reunificación y liberalización del mercado cambiario y un ajuste importante del gasto público para eliminar el déficit fiscal.

El ejercicio cuantitativo elaborado para ilustrar cuál podría ser el mejor resultado de tal política de estabilización lanzada a principios de 2024 se basa en el supuesto de que el tipo de cambio tras la reunificación y liberalización del mercado cambiario se estabiliza en 500 pesos por dólar. Sería un desenlace como el de la reunificación y liberalización implementada en diciembre de 2015 por el recién promulgado gobierno de Macri cuando el tipo de cambio oficial estaba en 9 pesos por dólar y saltó a 13 pesos por dólar.

Estimamos que durante los meses previos a la reunificación y liberalización, la inflación mensual se acelerará como consecuencia del reajuste de precios relativos provocado por la eliminación de los subsidios económicos y el efecto de la emisión monetaria pasada, pero una vez reunificado y liberalizado el mercado cambiario con el déficit fiscal tendiendo a desaparecer, la inflación comenzará a bajar rápidamente empujada por el tipo de cambio estabilizado en 500 pesos por dólar. Para obtener estos resultados, las medidas de ajuste fiscal deberían producir un superávit primario del 2% para posibilitar un déficit fiscal global del 0%.

Al mismo tiempo, la eliminación del sesgo anti exportador de la estructura de tipos de cambio efectivos debería ayudar a recuperar el superávit comercial de 2021 y facilitar la estabilidad del mercado cambiario.

La inflación anual durante 2024 aún puede estar alrededor del 100%, pero la inflación mensual al final de ese año debería estar por debajo del 2%, lo que permitiría alcanzar una inflación anual no superior al 20% en 2025. Si este fuera el curso de los acontecimientos durante 2024 y 2025 se asemejaría claramente al comportamiento de la economía en 1991 y 1992, los dos primeros años del plan de convertibilidad que se ha convertido en la referencia común de los economistas de oposición en la elaboración de las futuras políticas de estabilización y crecimiento.

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