El blanqueo de capitales, crónica de una derrota anunciada

El Gobierno nacional firmó el año pasado un acuerdo con los Estados Unidos para obtener información fiscal de supuestos evasores. Con este instrumento, pretende persuadir a los argentinos a que exterioricen fondos voluntariamente mediante un blanqueo de capitales, para así poder aumentar el dinero que ingresa a las arcas públicas, y tratar de reducir el déficit fiscal que fue aumentando mes tras mes desde que comenzó la gestión de Alberto Fernández, en 2019.

Sin embargo, a pesar de las alícuotas que, según trascendidos, podrían a primera vista resultar atractivas, surgen dudas respecto de su potencial éxito. Para que una amnistía fiscal resulte eficaz se deben dar una serie de condiciones, tal como se dieron en el año 2016, donde el gobierno de Cambiemos pudo implementar el mayor blanqueo de la historia argentina y uno de los más importantes del mundo. Una de las claves de ello fue la confianza que los argentinos tenían en un nuevo rumbo institucional y económico, y en la apertura internacional que nos mostraba a líderes de todos los continentes visitando nuestro país, y al presidente Macri considerado un líder mundial indiscutible. Podíamos vislumbrar la luz al final del túnel, un cambio de aire.

Es así que se lograron blanquear USD 149.000 millones, superando al que impulsó Italia en 2009 de USD 102.000 millones, o el de Brasil en 2016, donde se logró recaudar un tercio de lo obtenido en la Argentina, con USD 53.000 millones.

Otra de las claves del éxito del “Sinceramiento Fiscal” de 2016, tuvo que ver con el contexto internacional. El mundo se encontraba a meses de la entrada en vigencia del intercambio automático de información financiera (CRS) que incluía a más de 120 países, permitiendo la remisión de información sobre saldos de cuentas de argentinos en el exterior. Un intercambio mucho más amplio en su contenido que el recientemente firmado con Estados Unidos, que solo enviará datos de cuentas en dicho país de argentinos que hayan percibido rentas de fuente exclusivamente norteamericana.

A pesar de los intentos de infundir el miedo como única estrategia para incentivar el blanqueo de capitales, con esta herramienta le resultará muy difícil al fisco encontrar las “cuentas espejo” que tanto desvelan al Director de Aduanas, Guillermo Michel. Lo cierto es que, como acostumbra hacer, el gobierno intenta forzar las cosas apelando al miedo y a las posibles consecuencias en lugar de los incentivos, que es lo que siempre trae mejores resultados.

Por otro lado, el blanqueo de 2016 preveía una serie de beneficios y reducciones de impuestos para incentivar justamente que esos bienes se declaren en la Argentina. Muy por el contrario, hoy en día el gobierno nacional no ofrece pautas ni seguridades de que los bienes exteriorizados no vayan a ser sometidos a nuevos impuestos alocados y confiscatorios, tan típicos de la ocurrencia kirchnerista. Basta recordar el impuesto a la riqueza, el impuesto país o los aumentos en las alícuotas de bienes personales. Un evasor puede blanquear sus bienes en Argentina, pero no está claro a qué costo.

Ahora bien, el gobierno de Fernández, ¿qué confianza transmite cuando la frágil estabilidad económica que intenta alcanzar su ministro de Economía se dinamita en segundos con una nueva embestida contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Qué expectativa de repunte económico nos genera un gobierno que está de salida y que no ha logrado presentar un plan económico serio en sus tres años de gestión? La respuesta es sencilla: ninguna. Desde su asunción no hizo más que dilapidar confianza, banalizando la palabra presidencial en un festival de contradicciones y dislates. Sin esa condición necesaria -confianza-, la medida fracasará. Un gobierno obsesionado con atacar al Presidente de la Corte Suprema no hace más que espantar posibles ingresos de capitales e inversiones.

De todas formas, esta medida debe pasar por el Congreso de la Nación, donde probablemente no termine siendo sancionada. Esto no es una opinión, sino que a los hechos hay que remitirse: los últimos tres intentos de sesionar en la Cámara de Diputados fueron fallidos por falta de quórum, y nada asegura que este panorama cambie durante este año. La naturaleza tributaria de este proyecto obliga a que se inicie su tratamiento en la Cámara baja, por lo que el débil quórum oficialista en el Senado tampoco solucionaría el problema.

Todo parece indicar que los argentinos continuarán teniendo los dólares debajo del colchón hasta que no se generen condiciones más favorables. En la medida en que se mantenga la presión tributaria actual, la brecha cambiaria, el cepo y pocas perspectivas de mejoras económicas, las condiciones seguirán siendo adversas. Según el INDEC, en el tercer trimestre de 2022, los argentinos guardaban USD 261.490 millones fuera del sistema. No es generando miedo que se da vuelta esta situación, no es con parches ni con apuro. Hay que generar confianza, y para eso hay que cambiar.

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