¿Universidades para todos?

En algunas ocasiones, ciertos temas de interés público adquieren absoluto consenso, tanto social como político y, resulta entonces sencillo construir los acuerdos para legislar. En otros casos, las miradas sobre una misma realidad, son tan dispares que pareciera casi imposible encontrar puntos de acuerdo o establecer un criterio uniforme de prioridades.

Desde el Ejecutivo se promueve la creación de nueve universidades nacionales, sin los requisitos y condiciones que justifiquen la necesidad. La razón que esgrimen es extender el alcance de la educación de nivel terciario a mayor cantidad de jóvenes. Sabemos que para ello no es necesario crear nuevas, sino potenciar las existentes, haciendo convenios para traer las carreras que interesen a la localidad que sea, sin crear nuevas estructuras y sin desfinanciar a las Universidades que ya existen; en recursos necesarios para investigación, para sueldos docentes atrasados y becas verdaderas que permitan estudiar sin trabajar a los sectores más vulnerables, que terminan abandonando los estudios para sostener a sus familias.

Quizá, a simple vista para el público aplaudidor, crear nuevas universidades pueda parecer una buena iniciativa. Sin embargo, no es más que seguir con políticas que procuran cortar cintas de inauguración dando la espalda a los problemas de fondo que deben ser resueltos previamente.

Un viejo axioma jurídico afirma que quien puede lo más puede lo menos. Es hora de aplicarlo correctamente en el modo de mirar la educación de manera integral en Argentina.

Somos protagonistas de una era en la que, en nuestro país, la mitad de los niños y niñas viven debajo de la línea de pobreza y el deterioro en la escolarización, tanto en el nivel inicial como primario y secundario, es un flagelo representado con cifras que deben ser puestas sobre la mesa a la hora de hablar de educación.

El estudio “Condiciones de vida y desarrollo de la infancia: continuidades y rupturas de la salida de la pandemia”, del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, señala –entre otras cosas- que más del 40% de los niños no recibe cuentos ni narraciones orales, que 7 de cada 10 chicos no tiene una biblioteca en su casa y que un alto porcentaje no tiene acceso a computadora. En ese contexto, 3 de cada 10 chicos (entre los 5 y 17 años de edad), carece de conexión a internet en sus hogares.

El CIPPEC ha efectuado un informe que señala que, ya antes de la crisis sanitaria, 7 de cada 10 chicos no terminaban el secundario. Ese porcentaje, cuyo alcance exacto no se conoce en la actualidad, cae rotundamente a sólo 4 de cada 10 chicos, en los sectores más humildes y aumenta en los más altos.

En un sentido tristemente similar, según los últimos datos oficiales, brindados por el Ministerio de Educación Nacional, 198 mil chicos abandonaron la escuela y aún no regresaron.

Por otro lado, se estima que el 10% de niñas, niños y adolescentes de 5 a 15 años realiza actividades productivas; la cifra asciende al 19,8% cuando se trata de áreas rurales.

Vale decir, ¿cuál es el sentido de abrir nuevas universidades sin elaborar un plan integral que empiece por garantizar el efectivo ejercicio del derecho a estudiar desde los niveles iniciales?

Si no se soluciona en primer término esta cuestión, ¿quiénes serán los alumnos de esas nuevas universidades?

Volviendo al axioma antes señalado, aún cuando pueda parecer que ofrecer diversas opciones de educación terciaria, traiga como consecuencia facilitar el acceso a un estándar superior, esto no es más que una falacia, ya que resulta de cumplimiento imposible en una sociedad que no puede retener a sus niños en las aulas de la escuela primaria.

Es así que, el desafío al que está interpelado el Estado Nacional es cumplir con su papel de garante de los derechos constitucionales que asisten a la niñez toda. Vale decir, llegó el momento de resolver las cuestiones realmente importantes y, a la vez, urgentes, sabiendo que sólo si se logran revertir los índices actuales vinculados con la infancia, estaremos en condiciones de contar con adultos que, habiendo recibido la formación que hoy representa lo más difícil de conseguir, estarán en condiciones de ir por aquello que será, entonces, derivación lógica de lo anterior.

Hace años que hablamos de una deuda para con la infancia. Llegó el tiempo de comprender que los chicos representan el futuro de nuestra ciudadanía, pero que ello no implica que sean sujetos de derecho en potencia. La vida de cada niño o niña transcurre hoy y cada derecho que no sea satisfecho en este irrecuperable tiempo presente, es irremediablemente perdido

Resolver los diferentes problemas que golpean a la niñez argentina, es una tarea compleja que requiere de un trabajo conjunto y coordinado de los diferentes órganos de estado para diseñar, implementar y monitorear políticas públicas serias que hagan foco en el efectivo ejercicio de cada uno de los derechos que niños, niñas y adolescentes tienen reconocidos en la Carta Magna.

Hace años que hablamos de una deuda para con la infancia y, sin embargo, pese a diferentes recomendaciones de organismos internacionales, no logramos posar la mirada sobre esos acreedores eternamente invisibilizados ante un sistema que parece no comprender que es allí donde se encuentra el mayor poder real que tiene esta nación, su recurso humano, para generar una nueva realidad de cumplimiento posible.

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