La corrupción, el apellido de la exclusión y el pobre estado de derecho

Una reciente investigación de FORES para el FMI ha mostrado con cifras y estadísticas que la pobreza y la exclusión tienen una explicación: la corrupción y la baja calidad institucional. Si se tratara de una “fórmula” matemática, el problema se puede presentar así: exclusión social + estancamiento económico = corrupción y baja calidad institucional. En otras palabras, la desigualdad social y el retroceso económico son síntomas de corrupción.

El informe recoge el hallazgo del FMI acerca de la correlación negativa entre el aumento de la corrupción, por un lado, y la falta de crecimiento y desigualdad social de los países, por el otro. El organismo detectó sobre 125 estimaciones una relación negativa entre la calidad de la gobernanza y el crecimiento, siendo el vínculo más fuerte entre áreas como la calidad regulatoria o el estado de derecho.

Para enfrentar este escenario es importante un abordaje integral, diagnóstico y propuestas de acción. El primer desafío con que nos encontramos es cómo medir la corrupción. Por lo general, el problema reside en que todos los indicadores tienen una misma naturaleza: son subjetivos, de modo que es relevante sistematizar fórmulas que nos permitan medir objetivamente con parámetros concretos los niveles de deshonestidad en la administración de los recursos públicos de los países.

El segundo desafío al que nos enfrentamos es que funcionarios de un país con los que se relacionan los organismos internacionales como el FMI sean sospechosos de corrupción. Por ejemplo, en Latinoamérica existen casos como “Los Cuadernos de la Corrupción”, “La Estafa Maestra”, “Lava Jato”, “Panama Papers”, entre otros. Y respecto de Argentina, por caso, existe en trámite judicial una enorme cantidad de causas de corrupción: más de 1000 causas federales, solo por enriquecimiento ilícito y soborno, entre 2011 y 2021. Esta impactante cantidad de casos corresponden solo a causas tramitadas en la Ciudad de Buenos Aires e involucran a funcionarios y ex funcionarios de todos los niveles.

Un tercer desafío es el estudio del diseño institucional de un país, que no debe enfocarse tanto en el aspecto teórico sino en la implementación de tal diseño, o sea, en los resultados del trabajo que hacen las instituciones. Lo que es relevante es evaluar resultados, por ejemplo, si el Poder Judicial es o no eficaz para combatir la corrupción, o si la UIF no utiliza sus poderes de contralor para combatir a opositores políticos, o la facilidad en el acceso a la información pública, entre otras variables.

De tales desafíos emergen las soluciones. Una primera propuesta para desenmarañar esta trama es la creación de un tablero de indicadores para medir el Estado de Derecho y sus vulnerabilidades. El diagnóstico deberá combinar índices subjetivos basados en opiniones de la sociedad civil sobre percepción de la corrupción y a la vez estadísticas e indicadores objetivos medibles y comparables, incluyendo una estandarización o normalización del marco legal de cada país para evitar comparar países con sistemas legales diferentes. Esto permitirá elaborar un protocolo de análisis de los países, que sirva de guía para la elaboración de los Informes.

Por otro lado, es central enfocarse en controlar que la contratación de funcionarios y empleados públicos se haga basándonos en el mérito. FORES tomó la evaluación que hizo el BID sobre la calidad de contratación. Allí se pudo constatar que los países con mejor calidad de contratación pública son quienes están mejor en los índices de Corrupción y de Gobernabilidad. No es admisible un sistema donde la contratación de funcionarios y empleados se haga sobre la base de criterios discrecionales o funcionarles para los favores políticos.

Pero nada de esto funcionará sin los incentivos adecuados. Si organismos multilaterales de crédito como el FMI adoptaran un índice para clasificar el Estado de Derecho de los países, podrían recompensar a los que tengan mejores calificaciones o a los que, aun con bajas calificaciones, hayan mejorado sustancialmente su institucionalidad, porque ello demostraría que están en un camino de progreso. Y podrían proporcionar incentivos tales como tasas de interés más bajas, plazos más largos para el reembolso o eliminación de cargos.

Con método y acciones claras es posible combatir la corrupción y mejorar al Estado de Derecho, lo que en definitiva redundará países con menos pobreza, exclusión y sin estancamiento económico.

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