El futuro de la deuda externa argentina

La deuda externa creció significativamente en el último año, de junio de 2021 a junio 2022 pasó de 356,8 mil millones de dólares a 390,9 mil millones. En ese aumento ha incidido fundamentalmente el endeudamiento con los organismos financieros internacionales (FMI, en primer lugar, pero también el BID, el Banco Mundial, la CAF) dado que el país carece de acceso a los mercados de capitales. Esta deuda presenta importantes vencimientos de capital en los próximos años (Ver Cuadro) con un máximo de 30.162 millones de dólares en el 2023. La parte más destacada corresponde a los organismos financieros, pero también pesan los intereses, que en ese mismo año superan los cinco mil millones de dólares. Por último, también debe tomarse en consideración un factor generalmente poco mencionado pero que, contando con o sin garantía de la Nación, tendrá que ser siempre atendido con la misma caja (la del BCRA): las deudas de las provincias. En el año 2023, los vencimientos de las deudas de aquellas provincias que renegociaron una por una sus deudas en moneda extranjera llegan a casi dos mil millones de dólares.

Con vistas a analizar la sustentabilidad de estas deudas en moneda extranjera partimos de la suposición de que la totalidad de la deuda con los organismos financieros internacionales podrá ser renovada. Es quizás una premisa muy optimista pero no deja de ser, en buena medida, posible: dichos organismos financieros son los primeros interesados en evitar el colapso financiero del país dado que serían los principales damnificados. Eso nos deja un remanente de deuda constituido por vencimientos de bonos emitidos a consecuencia de las diversas renegociaciones más deudas comerciales. A esa cifra le hemos agregado los vencimientos por intereses que, en general, no son renegociables, salvo quizás alguna parte correspondiente a deuda con los organismos financieros. A la cifra resultante hemos agregado los vencimientos de deuda ya renegociada (recientemente) de las provincias. El resultado, es la última línea de dicho cuadro, que nos indica que los vencimientos crecerán en forma sistemática durante los próximos tres años, llegando en el 2025 a superar los 25 mil millones de dólares. Un poco groseramente podemos decir que el actual gobierno le dejará al próximo, vencimientos por casi 78 mil millones de dólares para su cuatrienio. Incluyendo la obligación de tener que renegociar unos 15 mil millones de vencimientos con los organismos financieros internacionales.

Las necesidades de divisas del Gobierno nacional no se acaban aquí. A los más de 20 mil millones de stock de deudas ya renegociadas por las provincias, hay que agregarles otros 1.071 millones de aquellas que no han sido renegociadas y las de las provincias que pagan normalmente su deuda ya sea con superávit fiscal o con los recursos provenientes de regalías, pero que en todos los casos vendrán a buscar las divisas a la mencionada “bolsa común” del BCRA. Parte de esta deuda tiene vencimientos a partir de 2024 (Misiones, San Juan, Tierra del Fuego).

Por otra parte, el Gobierno argentino tendrá que hacer frente en algún momento a las deudas que ha contraído con aquellas empresas que han depositado en moneda local el equivalente de los dólares necesarios para cubrir importaciones que fueron autorizadas a través del sistema de control de importaciones (ahora SIRA). Según estimaciones privadas, esa deuda estaría al día de hoy entre los 7 y los 10 mil millones de dólares. Parte de esta deuda puede ser “rolleada”, entregando dólares para algunas operaciones e incorporando otras a la lista de pendientes. Hasta aquí, el resultado ha sido un incremento constante de esa deuda, una parte de la cual ha sido judicializada mediante recursos de amparo presentados por los importadores.

Algo semejante sucede con las deudas impagas de empresas extranjeras radicadas en la Argentina y de empresas argentinas que han contraído deudas comerciales o financieras en el exterior y que no han podido obtener del BCRA las divisas necesarias para atender los pagos correspondientes. Recordemos que el Gobierno obligó a muchas de esas empresas a renegociar los vencimientos con la promesa de entregar posteriormente las divisas del caso. La información publicada por el BCRA sobre las obligaciones con el exterior del sector privado a fines de junio de 2022, nos dice que el total de esa deuda equivalía a 83,4 mil millones de dólares, de los cuales 38,4 mil millones eran con empresas del mismo grupo y 10,4 mil millones con bancos privados y otras instituciones financieras. No se dispone de información sobre los vencimientos de estas deudas ni sobre la incidencia de los intereses y otras cargas que puedan estar pesando sobre las mismas, pero una parte de esa deuda tendrá que ser atendida en el futuro más o menos inmediato.

También cabe señalar que existen otras deudas con vencimiento incierto: los fallos pendientes del CIADI y los juicios de YPF en tribunales externos. Nuestro país arrastra aún nueve casos que en el CIADI, dos ya tienen sentencia y uno fue discontinuado por decisión de los jueces al no haberse pagado adelantos acordados en un fallo. En los restantes casos, la Procuración del Tesoro interpone regularmente recursos y apelaciones dirigidos a postergar la sentencia o su ejecución, pero más tarde o temprano, el país tendrá que hacer frente, total o parcialmente, al resultado de las sentencias adversas. De los juicios pendientes, el más importante está referido a la “nacionalización” de YPF en 2012: está radicado en un tribunal del Distrito Sur de New York y no muy lejos de la sentencia. El siguiente es un juicio muy complejo, también contra YPF iniciado por causa de la adquisición de los activos de una empresa en los Estados Unidos que resultó que arrastraba un pasivo ambiental por la contaminación de un río en el Estado de New Jersey. El nudo del juicio gira en torno a la transmisión de la responsabilidad de ese pasivo a YPF y sobre si hubo o no un adecuado “due dilligence” previo a la adquisición de dicha empresa. El juicio está radicado en el Tribunal de Quiebras del Estado de Delaware y su eventual resultado, según los expertos, es muy difícil de predecir.

Recordemos finalmente que existe el compromiso con el FMI de incrementar las reservas del BCRA en 2023 en 4.800 millones de dólares.

Concentrando nuestra visión sobre el próximo año, tenemos entonces vencimientos de deuda difíciles de postergar por casi 18 mil millones de dólares; el compromiso de aumento de reservas por 4.800 millones y aquella parte de la deuda renegociada por privados con vencimiento en ese año; más la presión de los importadores por recibir las divisas de operaciones por las que ya entregaron la contrapartida en pesos y, finalmente, los eventuales resultados en contra de los fallos en curso en el CIADI y en contra YPF que, en caso de producirse, difícilmente sean honrados por un gobierno que está partiendo.

Cabe preguntarse si el actual gobierno estará en condiciones de hacer frente a la totalidad de esa deuda, sin contar con reservas líquidas disponibles ni acceso a los mercados de capitales y con solo el superávit de la cuenta corriente. La expectativa de las exportaciones agropecuarias no es buena, dada la prolongada sequía y la baja de los precios de exportación después de los fuertes aumentos registrados en la primera parte del año. Además, el Gobierno, a través del Plan Soja y en particular la segunda parte, también ha conseguido adelantar parte de los ingresos por exportaciones que quizás habrían caído en el 2023. Más aún, no cabe esperar grandes aumentos de exportaciones en los sectores tradicionales, atento una situación económica internacional mediocre, con los grandes mercados (Estados Unidos, Europa, China) con pobres perspectivas de crecimiento, condicionados por el predominio de políticas dirigidas especialmente a contener la inflación y el impacto de la guerra en Ucrania y de las sanciones aplicadas a Rusia. Otro tanto puede decirse respecto de Brasil y Chile, donde a las pocas expectativas de crecimiento se suman incertidumbres políticas que es probable que no se despejen rápidamente.

Frente a una situación de este tipo la salida clásica es la devaluación. De hecho, es lo que está haciendo el gobierno aplicando tipos de cambio selectivos a la exportación (“dólar soja”) o a los gastos en el exterior (“dólar Qatar”) dado que una devaluación completa tendría nulo impacto por el lado de unas importaciones ya totalmente restringidas y un impacto limitado por el lado de las exportaciones, en parte ya favorecidas por un “dólar soja” que podría extenderse a otros sectores (productos regionales según ya se anunció). En cambio, una devaluación de esas características tendría un impacto sobre el resto de los transables y, en consecuencia, sobre la inflación. Atento el elevado nivel de inflación, el gobierno parece ir más bien en la dirección contraria, apartándose de la política seguida hasta el mes pasado de devaluar el tipo de cambio oficial a la par de la inflación y hacerlo ahora a un ritmo menor, para tratar de “anclar la inflación con el tipo de cambio”. Política esta que es objetada por el FMI y que generará un mayor alejamiento del tipo de cambio oficial con el “tipo de cambio real multilateral” que el propio Banco Central estima que está generando actualmente una apreciación del peso del 7% y que estimaciones privadas ubican, sobre la base de otros criterios, por encima del 20%.

Este cuadro no mejorará para el próximo gobierno: los vencimientos de 2024 y 2025 son aún mayores que los del año próximo y a ellos habrá que agregar los montos que queden impagos del próximo año, más el riesgo de una apreciación elevada del peso y un sistema de cambios múltiples que habrá que desmontar para pasar de un sistema arbitrario de control por cantidades a un sistema de control por precios. Una vez más, una pesada herencia.

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