El Memorial pendiente: ¿una utopía?

“La utopía está en el horizonte. Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque menos la encontrare, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Pues entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”. (Fuente: Fernando Birri, citado por Eduardo Galeano en charla en Universidad del Cine, con Director de Cine Argentino, en Cartagena de Indias)

La República Argentina libró dos guerras en el siglo XX, siendo la primera una “guerra interna”, contra la subversión y el extremismo radical en las décadas de 1960 y 1970, y otra contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por la recuperación del ejercicio efectivo de soberanía, sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes.

La primera guerra se inició con el brutal atentado contra la casa del capitán David R. Cabrera, matando a su hija de 3 años en 1960 y cobrándose nada menos que 1.094 víctimas (hechos que fueran sistematizados estadísticamente, por entidades sin fines de lucro, de carácter privado) y que han sido omitidas del discurso oficial bajo el lema “Nunca Más” y del cenotafio del Parque de la Memoria.

El desarrollo de una “guerra civil intermitente” fue oficialmente admitido en el “Compromiso Solemne por la Pacificación y Reconciliación Nacional Sustentadas en la Justicia Social y la Autocrítica Nacional”, firmado por todos los líderes de la Organización Montoneros el 17 de abril de 1989.

En dicho documento, se expresa que “no hay entre los argentinos absolutamente ningún sector libre de culpa y errores”, llamando a la “autocritica nacional” en aras de la pacificación, requisito indispensable para que existan las condiciones mínimas que permitan alcanzar la “reconciliación” (Fuente: Compromiso Solemne por la pacificación y reconciliación nacional sustentadas en la justicia social y la autocritica nacional).

La argentina es una historia de antinomias y polarizaciones, que han contribuido a acentuar la decadencia económica y la degradación social, donde la utopía de la unión nacional es prerrequisito vital para la refundación de la identidad nacional.

Estas antinomias se tradujeron en acciones violentas durante un extenso período, de 1960 a 1989, de parte de las organizaciones subversivas y de la respuesta dada por las fuerzas de seguridad y defensa, cuyo empeñamiento fue dispuesto por el Decreto 2.772 (06.10.1975; gobierno de M. E. Martínez de Perón) con el fin de “ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias, a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.

La guerra revolucionaria librada aumentó la grieta social existente, amplificada intencionalmente a partir de 2003, mediante una serie de actos políticos y juridícos, en busca de diluir en la memoria colectiva, que fue precisamente el accionar terrorista, el disparador de la orden presidencial para su aniquilación.

La violencia en cualquier guerra tiene siempre, al menos, dos protagonistas. Y en esta “guerra civil intermitente” uno de ellos ha sido reivindicado, reparado y conmemorado. En tanto, el otro aguarda su Memorial para honrar a quienes resultaron víctimas del terrorismo, crimen antecedente de la violencia practicada por el Estado.

Este “mito”, entendido como el camino corto que tiene una cultura, para asignar veracidad a un hecho sin requerir su demostración/ contrastación, dio lugar a un vacío argumental, donde las “víctimas civiles y militares del terrorismo” fueron intencionalmente ocultadas, ignoradas y omitidas en el relato oficial.

En su artículo “Status, estatuas y estatutos: erigiendo monumentos a hombres fallidos”, publicado en Common Edge, Markalan Hewitt expresa: “Aunque su carácter simbólico sea un refugio de ideologías, preconceptos y, en muchos casos, intolerancia, los monumentos pueden ser considerados lugares de memoria. No obstante, no son raros los casos de monumentos asociados a prácticas o eventos antiéticos, a la discriminación, hostilidad y violencia. Muchas veces, estos monumentos son la personificación de conflictos políticos, culturales, sociales, y humanos”.

En este sentido, algunos memoriales se tornan “sitios demoledores por la magnitud de la barbarie que representan” (Fuente: Ana Longoni, “Lugares de memoria en America Latina: coordenadas de un debate”). Otros, sean documentales o edilicios, por su parcialidad y carencia de enfoque holístico, contribuyen a distorsionar la conciencia colectiva.

El Informe de la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y el “Parque de la Memoria a las víctimas del Terrorismo de Estado”, son dos memoriales (documental y edilicio respectivamente), que sistematizan el relevamiento de personas fallecidas y desaparecidas en el contexto de la “guerra civil intermitente”, pretenden remitir al “mito de los 30.000″, mientras que ignoran a las víctimas civiles y militares del accionar terrorista, negándoles en tal sentido, el derecho a la memoria.

La CONADEP, en su informe “Nunca más” (1984) reportó oficialmente 7.954 casos de desaparición forzada de personas, número que continuaría hasta el presente, contrastando con el referido “mito de los 30.000″; cuya inveracidad fuera admitida por Graciela Fernández Meijide (miembro de la Comisión) y reconocida por el propio Luis Labraña, ex militante montonero, al admitir que la cifra fue una “invención”, para captar recursos financieros externos y fundamentar la tesis de genocidio, asumiendo para sí la autoría de la cifra.

El Parque de la Memoria, construido en Costanera Norte en CABA, incluye un cenotafio de víctimas del terrorismo de estado, desde 1969 a 1983; en cuatro muros diseñados y construidos “como un corte”. Cuenta con 21.369 placas vacías, registrando sólo 8.631 nombres, de los cuales deben descontarse: los que ya han sido “borrados y excluidos”, los nombres de personas que aún transitan libremente (como nos ilustra la obra “Viva la Sangre” de Ceferino Reato) y los de otras, que erróneamente incluidos, han sido beneficiarias de reparaciones indebidamente asignadas (tal como surge de la obra “Mentirás tus Muertos” y “La Estafa con los Desaparecidos” de José D´Angelo).

El “mito de los 30.000″ continua alimentando el imaginario colectivo, los contenidos escolares y el discurso de numerosos actores civiles. Se implantó inclusive jurídicamente, por la Ley 14.910, promulgada por la entonces gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. La norma obliga a adoptar el numero de 30.000 desaparecidos, a sus funcionarios y en toda documentación provincial, que refiera a personas desaparecidas entre el 24 de marzo de 1976 y el 09 de diciembre de 1983; omitiendo sugestivamente, a aquellas desapariciones anteriores, ocurridas durante el gobierno peronista.

El memorial a las víctimas causadas por el terrorismo en Argentina está pendiente y es necesario. Su existencia rescatará a las víctimas de la condena al “olvido obligado”, impuesto desde el poder para implantar el discurso único y sostener una visión sesgada. Merecen un Memorial y concretarlo es posible.

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