El 24 de noviembre de este año el embajador norteamericano Marc Stanley visitó Chubut. Se embarcó para ver a las ballenas, visitó la legislatura provincial y mantuvo una serie de encuentros protocolares, entre ellos, con el gobernador Mariano Arcioni. Según el portal Radio 3 Cadena Patagonia, dijo otro de sus anfitriones, el vicegobernador Ricardo Sastre, que en un momento el embajador preguntó “por qué la sociedad tenía un rechazo a la explotación minera”, a lo que Sastre respondió: “No había una licencia social porque por ahí no fueron explicadas las cosas como tienen que ser explicadas, y porque hay un grupo que no lo quiere entender así sea explicado”.
Al cumplirse este 15 de diciembre un año de la aprobación de la ley de zonificación minera en la legislatura provincial, y habiendo sido derogada tras casi una semana de masivas movilizaciones callejeras, la pregunta de Stanley y la respuesta del anfitrión son ambas reveladoras: tanto el interés estratégico por Chubut como el discurso criminalizante que habla de “grupos” para minimizar un fenómeno histórico y profundamente popular, siguen vigentes.
Es por esto que el desenlace de los hechos ocurridos en Chubut representa un hito para las múltiples resistencias socioambientales del país, también para las tentativas que impulsan diferentes proyectos de “desarrollo” fundadas en el extractivismo exportador como una vía rápida para la obtención de “los dólares que en Argentina faltan”.
En el caso de Chubut, las protestas (lo son hace más de 20 años) fueron principalmente en defensa del agua, dado el uso intensivo y el potencial contaminante de la megaminería, con sobrados ejemplos en todo el mundo. El rechazo social se vio potenciado por el hecho de que al momento en el que la legislatura de Chubut aprobaba el proyecto megaminero, al menos seis ciudades de Chubut estaban sin agua, entre ellas Comodoro Rivadavia, la ciudad más poblada de la Patagonia. Hoy la situación no es muy distinta, e incluso podría agravarse debido a las altas temperaturas y el cambio climático, y, sin embargo, se conocen noticias de proyectos exploratorios de litio y explotación de uranio en Chubut.
Ahora bien, ¿qué podemos destacar de lo que sucede hoy en la provincia en relación con los hechos de diciembre pasado?
Al momento hay 24 personas imputadas en la causa caratulada “Fiscalía de Rawson, su denuncia, incendio”, llevada adelante por la fiscal Florencia Gómez e investiga daños contra edificios públicos producidos el 16 de diciembre en la capital provincial, en el marco de las protestas. Gómez este año impulsó la condena contra el secretario general del sindicato docente de Chubut, Santiago Goodman. En esta investigación fue recusado el fiscal Fernando Rivarola, procesado en 2015 por espionaje ilegal contra la comunidad Pu Lof Cushamen; célebre en 2020 por la utilización de la frase “deshago sexual” en un caso de violación grupal, y actualmente con dos jury por encubrimiento de un médico pedófilo y por violencia de género, contra, justamente, la fiscal Florencia Gómez.
Según datos oficiales de la Defensa Pública, hay 34 denuncias de violencia policial en el marco de la represión en Rawson. Aquí aún no hay ni un imputado. Rivarola y Gómez, fueron recusados por “cajonear” las denuncias, ser quienes en simultáneo además investigaban los daños a los edificios y por las denuncias que pesan sobre Rivarola.
Acaso en un movimiento circular, este fin de año uno de los temas de agenda de la legislatura de Chubut es la posible aprobación de una Ley de Lemas, calcada a la que funciona en Santa Cruz, y que genera que no gane la candidatura que más votos saca, sino el “lema” partidario más votado. A un año de las maniobras y escándalos (denuncias de coimas, incluso) que rodearon la aprobación de la zonificación minera, ¿podría decirse como primer balance anual que estamos ante un poder legislativo que no tiene tapujos en explicitar que necesita, para continuar profundizando una orientación de gobierno extractivista, un sistema cada vez más antidemocrático?
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