La sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en la denominada “causa Vialidad” no sorprendió a nadie. Al menos entre la clase dirigente y el “microclima” de la política, cuya discusión, desde que el fiscal Luciani acusara formalmente a la vicepresidenta y a otros 12 funcionarios y empresarios y, sobre todo, tras el fallido intento de magnicidio perpetrado en su contra, venía gravitando en torno a la agenda judicial de Cristina Fernández de Kirchner.
Es que la irrupción de la Vicepresidenta en el centro de la escena política, recuperando la centralidad y el protagonismo en el debate público, había tenido importantes consecuencias en la dinámica del sistema político, sobre todo hacia dentro de las dos coaliciones que vienen estructurando desde hace ya un buen tiempo la competencia política y electoral en el país.
En el oficialismo, la narrativa de una batalla contra la persecución de la “corporación mediática-judicial” había logrado -al menos transitoriamente- galvanizar el apoyo de los diversos sectores del Frente de Todos, coadyuvando a alcanzar una suerte de tregua que, aunque precaria, le permitió al renovado equipo económico encabezado por Sergio Massa trabajar con un considerable margen de maniobra. En la oposición, la centralidad de Cristina sirvió para reactivar transitoriamente el discurso de la polarización, desviando la atención de las cada vez más virulentas tensiones internas y disputas por el liderazgo del espacio de cara al 2023. Así, con los matices lógicos de cada caso, la presencia gravitante de Cristina actuó en ambas coaliciones como una especie de endeble y transitoria “prenda de unidad”.
Más allá de que la sentencia, que finalmente excluyó el técnicamente controvertido cargo de “asociación ilícita”, condenando a la Vicepresidenta a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, tiene un evidente efecto simbólico, en lo fáctico no alteraba ni política ni judicialmente el presente y futuro próximo de la ex mandataria. En lo judicial, quedaba aún un largo camino de apelaciones e instancias por delante; en lo político, más allá de que la batalla contra el “partido judicial” continuara, nada le impedía ser candidata en el 2023. Es más, no pocos imaginaban un “operativo clamor” para que, o compitiera en las presidenciales, o se convirtiera en la gran electora del peronismo a la vez que se asegurara una banca en el Senado por la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, una vez más, sorprendió a propios y a extraños pateando un tablero político en el que talla fuertemente desde hace casi dos décadas: tras el fallo, en su encendido discurso de denuncia de una conspiración en su contra -presuntamente a cargo de sectores de la justicia, los medios y la oposición-, renunció explícitamente a la posibilidad de ser candidata en el 2023. En sus propias palabras: “No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta”.
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Con esa revelación -que aún algunos partidarios se niegan a aceptar- despejó el gran interrogante que se venía planteando desde que a principios de agosto recuperara centralidad en el escenario político y que, alimentado por un incipiente operativo clamor de los referentes políticos y sindicales más cercanos, tuvo su cenit en el acto que la Vicepresidenta encabezó en La Plata, donde arropada por la liturgia peronista del Día del Militante, ante los cantos de la tribuna arengando una candidatura presidencial, recurrió a una sugestiva frase de Perón: “Todo a su debido tiempo”.
Sin embargo, esa Cristina en evidente “modo electoral” se fue progresivamente diluyendo, hasta terminar con el renunciamiento del martes pasado. Develado este gran interrogante, se trata indudablemente de una decisión de alto impacto tanto para el oficialismo como para la oposición.
En el peronismo, si bien por lo bajo no pocos manifestaban sus reparos por el impacto que podía tener una condena sobre la ya altísima imagen negativa de Cristina y su techo electoral en términos de intención de voto, la mayoría de los dirigentes -por convicción o pragmatismo- se aferraban a la posibilidad de una candidatura que ordenara el cada vez más heterogéneo mundo peronista.
Ello explica, en gran medida, la falta de un “plan B”, y la preocupación que embarga por estas horas a los máximos referentes del espacio. Si Cristina no es candidata, ¿quién puede serlo? Está muy claro que, en la coyuntura actual, no hay candidatos con posicionamientos competitivos ni grandes nombres con potencial proyección que entusiasmen y movilicen voluntades. Si bien, a priori, la renuncia de Cristina a competir beneficiaría el proyecto reeleccionista de Alberto Fernández, nadie lo cree siquiera posible.
Así las cosas, quien podría aglutinar más voluntades y construir mayor consenso en el espacio es indudablemente Sergio Massa. Si bien el tigrense viene negando la posibilidad de ser candidato y cultivando un perfil bajo a nivel político, sus ambiciones presidenciales son ampliamente conocidas. Ahora bien, quien espere un Massa sacrificándose para conseguir una “derrota digna”, se equivoca. El líder del Frente Renovador solo sería candidato si lograra un éxito palpable a nivel económico, lo que no implica otra cosa que un descenso marcado de la inflación que impactara positivamente en los bolsillos y expectativas de los votantes. Parece muy difícil.
Por lo pronto, en el kirchnerismo duro hay dos nombres: el del ministro del Interior, Wado de Pedro, y el del gobernador Axel Kicillof, uno de los referentes K que mejor está posicionado en términos electorales. Sin embargo, no solo no tiene intenciones de ser candidato a presidente, sino que ve con preocupación cómo el corrimiento de Cristina puede perjudicarlo en su proyecto reeleccionista: el gobernador se ilusionaba con la presencia de Cristina en la boleta, y la tracción que eso podía generarle.
Por fuera de los presidenciables kirchneristas solo quedaría el incansable Daniel Scioli, que conserva sus aspiraciones, pero que se comprometió con el primer mandatario a competir únicamente ante la eventualidad de que éste no fuera por la reelección.
En este contexto, los gobernadores han comenzado a activar contactos y reuniones, no tanto en el afán de consensuar un candidato alternativo, sino de organizar un calendario electoral en donde seguramente predominará el desdoblamiento.
En las filas de Juntos por el Cambio, donde primó la mesura frente al clima de festejo por la sentencia, también impactó fuertemente el anuncio. Aunque aquí hay aún más escepticismo en relación al carácter definitivo del “renunciamiento”, también empezarían a ordenarse algunas variables. En primer lugar, sin Cristina en la boleta subirían aún más las acciones del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, frente a los “halcones” del PRO y el fantasma de una potencial candidatura de Mauricio Macri. La polarización y la “política de la grieta”, que ya venían perdiendo fuerza en la opinión pública, pero a la que se aferraban algunos nostálgicos, perdería protagonismo electoral. Y, en segundo lugar, cambiarían las perspectivas de las elecciones bonaerenses, en donde en las legislativas ya consiguió una ajustada victoria, imponiéndose en 109 de los 135 municipios.
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