Días atrás, un legislador del oficialismo presentó en el Senado un proyecto proponiendo que, a la terminación de los plazos de las concesiones de las presas hidroeléctricas que vencen el año próximo, la administración, operación y explotación pase a Energía Argentina S.A.
ENARSA es una sociedad anónima cuyo 98% es del Estado Nacional y el resto de las provincias y de la empresa de energía nuclear (NASA). ENARSA es la empresa que más subsidios recibe del Estado Nacional (a noviembre de 2022, 393.302 millones de pesos) y no tiene experiencia alguna en la temática. Está claro que ENARSA, cuya principal actividad se centra en la importación de gas, no está hoy en condiciones de administrar, operar y explotar centrales hidroeléctricas.
Actualmente, las provincias cobran regalías por el uso del agua y participan del control de las concesiones a través de los comités de cuenca respectivos. El proyecto indica que ENARSA deberá asociarse con las provincias dueñas del recurso hídrico y que podrá asociarse con empresas privadas. Del listado de presas consideradas -no son todas las presas concesionadas del país- se abarcan las de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Llama la atención este artículo, ya que si bien obliga a ENARSA a asociarse con las provincias no le fija un porcentaje, ni siquiera un rango, esto puede significar que asociando a una de estas provincias con, por ejemplo, 1%, estaría cumpliendo la regla.
Por otra parte, en los fundamentos se plantea que como una consecuencia de las concesiones hidroeléctricas, se ha reducido la participación hidroeléctrica del 43% a un 25% en la producción eléctrica. Sin embargo, las concesiones realizadas en los ‘90 a partir de la liquidación de Hidronor nunca implicaron la construcción de nuevas presas, sino la operación de las existentes. La principal responsabilidad de la reducción de la participación hidroeléctrica es que en los últimos gobiernos no se hizo ninguna obra hidroeléctrica, en cambio, se amplió el parque de energía térmica contaminante.
Tampoco el proyecto indica quién va a controlar la operación y explotación por parte de ENARSA, cuando hoy el Estado Nacional monitorea que se cumplan todos los protocolos de seguridad y mantenimiento por parte de los concesionarios a través del ORSEP (Organismo Regulador de Seguridad de Presas). El manejo incorrecto de presas tan importantes como las indicadas, puede poner en riesgo al valle del Río Negro, afectando la vida y bienes de más de 300.000 habitantes que viven en la zona.
Las condiciones económicas del país son muy distintas a la de los ‘90, resulta difícil en un país donde las reglas y contratos se alteran todo el tiempo y donde el Estado no dispone de recursos para invertir. Las centrales hidroeléctricas son una cuestión de Estado, por eso se deben discutir y analizar los factores técnicos, sociales, ambientales y económicos con expertos y llegar a unas recomendaciones para la mejor solución.
Se puede dar continuidad a las concesiones a través de las licitaciones correspondientes o se buscan alternativas como una asociación pública-privada similar al caso de presa y central Potrerillos en Mendoza, que dio buenos resultados. Se puede avanzar en un sistema donde la operación quede en manos privadas eficientes y la financiación de las obras de modernización quede garantizada por el Estado Nacional.
Aceptamos que el tema se ponga en debate, pero no puede ser a libro cerrado y sin considerar todos los aspectos.
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