La política divorciada de la realidad: cada legislador provincial cuesta $9 millones mensuales

Al tope de la tabla con el costo más alto por legislador se encuentra Tucumán, con $273,8 millones anuales. Le siguen Chaco con $206,9 millones y Buenos Aires con $202,2 millones

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La Legislatura de la provincia
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires (Santiago Salva)

De acuerdo a los datos de los Presupuestos Provinciales 2022, las provincias gastan en promedio $108 millones anuales por legislador. O, en otras palabras, el equivalente a $9 millones mensuales, registrándose el mayor desembolso en Tucumán con $274 millones anuales y el menor en Santiago del Estero con $14 millones.

Este informe, que realiza anualmente Fundación Libertad, tiene por objeto conocer cuánto gastan las provincias en el funcionamiento de sus Legislaturas. Para ello, se releva el importe destinado al Poder Legislativo según los Presupuestos Provinciales -en este caso para el año 2022-, vinculando este dato con la cantidad de legisladores, tanto diputados como senadores, que tiene cada una de las jurisdicciones del país incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y obtener de este modo cuál es el costo por legislador en cada una. Cabe señalar que en este informe anual no se contempló a la provincia de La Rioja dado que no se pudo obtener la información pertinente.

Concretamente, de acuerdo a los presupuestos sub-nacionales, el importe total de los 23 distritos estudiados destinados a las legislaturas provinciales para el año en curso, asciende a $125.726 millones. Si se tiene en cuenta que el total de diputados y senadores de las jurisdicciones en cuestión es de 1.163 miembros, el costo de cada uno promedia los $108 millones al año.

El resultado por provincia arroja resultados dispares entre ellas. Al tope de la tabla con el costo más alto por legislador se encuentra Tucumán, con $273,8 millones anuales, le siguen Chaco con $206,9 millones y Buenos Aires con $202,2 millones. En el otro extremo, registrando menor erogación por legislador se ubican Santiago del Estero y San Luis, con un gasto de $14,3 y 18,7 millones anuales respectivamente.

Un legislador tucumano cuesta 5,5 veces más que un legislador jujeño, una diferencia considerable teniendo en cuenta que ambas jurisdicciones poseen similares cantidades de legisladores. Otro contraste importante se da entre las provincias de Catamarca y San Luis, en este caso, la primera quintuplica el gasto por legislador de la segunda. Una mayor disparidad se da entre las provincias de Chaco y Santiago del Estero, cuyos gastos por legislador son de $206,9 y $14,3 millones respectivamente, es decir, que el costo en la provincia chaqueña es 14,5 veces el de la santiagueña.

Debe tenerse en cuenta que la mayor parte del gasto del Poder Legislativo se destina a personal, no sólo considerando el sueldo de los legisladores, sino también secretarías, asesores y demás empleados permanentes y transitorios. Se observa que la participación promedio del gasto en personal en el total del gasto legislativo es del 80%.

Constantemente Argentina se ve sometida a su clase política, no sólo por sus leyes, regulaciones y prohibiciones que entorpecen la vida social y económica de sus ciudadanos sino también por los privilegiados gastos a los que se atreve desembolsar la política para sí misma. Y es que en promedio, hay 25 trabajadores por legislador. Cada diputado o senador provincial termina siendo una pyme muy costosa para todos los argentinos. Otro peso más que los trabajadores tienen que afrontar para alimentar uno de los peores vicios de la clase dirigente: gastar, gastar y gastar.

La jurisdicción con la mayor cantidad de empleados por legislador es Chaco, cuya planta de personal del Poder Legislativo asciende 2.001 trabajadores lo que significa que posee 63 por cada legislador, más atrás, aparecen Catamarca con 54 y Santa Cruz con 38. En el otro extremo, se encuentra Córdoba con 7 empleados por legislador, Entre Ríos con 8 y Mendoza con 12.

La política, totalmente divorciada y desconectada de la realidad del ciudadano de a pie, niega cuestiones básicas de la economía y del sentido común. No se puede gastar sistemáticamente más de lo que ingresa. Esto es lo que genera los déficits fiscales crónicos con sus consecuentes problemas de inflación y deuda.

Mientras el relato, mientras la política le ganen la pulseada al sentido común, a la economía, el resultado será negativo y la que perderá una vez más será la gente.

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