El mensaje de una condena a Cristina en el país de Messi

Este martes, poco después de las 9.30, la mayor parte de la sociedad argentina estará preocupada por los rivales de la Selección en el Mundial de Qatar. Ya se sabe que el viernes es el partido de cuartos de final con Países Bajos. Y que la final de la Copa podría ser contra Francia o Inglaterra. O contra España o contra Portugal. Y que Brasil puede ser el escollo en las semifinales.

Puede resultar desagradable para aquellos a los que no les gusta el fútbol. Y hasta banal para los intereses de un país en crisis y con la economía destrozada. Pero es así. Y negarlo sería querer ocultar la realidad del impacto global que provoca un fenómeno de masas. Los artículos más leídos y las imágenes más visitadas de los websites y las redes sociales tienen que ver con las palabras de Messi, las reacciones de los hijos de Messi o las fotografías que los rivales de Messi se quieren sacar con Messi.

El país de Messi tiene su centro de atención puesto en el Mundial y el resto de las noticias ocupan un lugar secundario. Ese es el escenario que va a tener que afrontar la noticia política del martes, que es la noticia política del año. Entre la victoria esforzada contra Australia y la incertidumbre ante el decisivo match contra Países Bajos, se conocerá la condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad. La que hizo millonario a Lázaro Báez y la que complica como nunca a la Vicepresidenta.

Te puede interesar: Causa Vialidad: las 5 claves de la acusación y de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner

Ya se ha dicho en esta columna, y en otras crónicas, que la mayoría de los especialistas penales esperan una condena cercana a los seis años para Cristina y su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Como también se ha dicho que la Vicepresidenta no irá a prisión porque el fallo puede ser apelado a la Cámara de Casación, y luego a la Corte Suprema, trámite que llevará bastante tiempo: seguramente mucho más de un año.

Cristina tampoco tendrá inconvenientes para ser candidata en 2023. A presidenta, si quisiera correr ese riesgo. O a senadora por la provincia de Buenos Aires si, como todo indica en los últimos tiempos, prefiere refugiarse en la seguridad de los fueros parlamentarios. En febrero próximo, la Vicepresidenta cumplirá 70 años y desde entonces el mayor peligro que podría sufrir en términos de libertad es el destino de la prisión domiciliaria.

La gran novedad de la debacle judicial de Cristina es la indiferencia de la sociedad ante la posibilidad de su condena a prisión por un gravísimo hecho de corrupción. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 dirán si le corresponden doce años de cárcel, como lo piden los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, o la condenan con una pena menor. Y si la consideran responsable de formar parte de una asociación ilícita, o si solo toman el argumento de la defraudación al Estado, lo que podría rebajarle la condena pedida a entre cinco y ocho años. En los dos casos, es un castigo que no tiene antecedentes en la historia argentina.

Y eso que Cristina y el kirchnerismo lo han intentado todo. La Vicepresidenta intentó construir la narrativa de una gran conspiración en su contra para proscribirla como candidata electoral. Intentó reflejarse en el espejo brasileño de Lula, preso por corrupción también y ahora electo presidente, y en la novela de Perón, exiliado en España y proscripto durante 18 años por las dictaduras y por las democracias restringidas de aquel tiempo.

Nada de eso funcionó para Cristina. Como tampoco parece funcionar el cóctel de presiones contra la Justicia. No le dieron resultado los proyectos para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros, ni le están resultando los conflictos en el Senado y en la Cámara de Diputados para congelar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La semana pasada, a través de una gestión personal del diputado Leopoldo Moreau, llegó a ejercer presión sobre su hija Cecilia, quien preside la Cámara Baja para que invalide la designación de cuatro diputados (dos por el Frente de Todos y otros dos por la oposición) en la Magistratura.

La maniobra familiar le dio muy buenos resultados a Cristina. Logró bloquear la designación de los dos diputados opositores (la radical Roxana Reyes y Alvaro González, del PRO), y complicó la reelección de Cecilia Moreau, quien se quedó sin el acuerdo institucional que habían negociado junto con Sergio Massa. Cristina se salió con la suya, y debilitó el poder parlamentario del ministro de Economía. Los jugadores de billar la reconocerían como una jugada a dos bandas. Complicó a los enemigos y también al adversario interno en la misma carambola.

Es que Massa, mientras Cristina se dispone a recibir la condena judicial por el escándalo Vialidad, intenta mostrarse como un dirigente alternativo al kirchnerismo. Una de esas apuestas la hará este lunes, cuando anuncie un acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos. Lo hará en el Centro Cultural Kirchner y con la presencia del embajador Marc Stanley.

El acuerdo se pondría en marcha el 1º de enero próximo y con efecto retroactivo de los datos al 2021. Massa deberá sortear la desconfianza del poder político y financiero estadounidense que guarda como antecedente la utilización de datos confidenciales aportados por ese país en 2009 sobre el patrimonio del entonces candidato opositor, Francisco De Narváez, para difundirlos a través de la prensa kirchnerista. El ministro de Economía reavivó esa desconfianza cuando, hace una semana, advirtió en público que se pondría a investigar a quienes participaron del blanqueo impulsado en 2017 por el gobierno de Mauricio Macri.

¿El año electoral arrancará acompañado de una guerra de carpetazos con los datos fiscales de los argentinos aportados por EEUU? La AFIP, dirigida hoy por el ultra kirchnerista Carlos Castagneto, es una oficina estratégica controlada por Cristina. Hay empresarios y financistas preocupados por lo que podría suceder con esa información. Y la novedad es que ese temor incluye también a los emprendedores cercanos al Gobierno. Nadie se siente seguro cuando empiezan a volar las carpetas.

La otra apuesta de Massa con horizonte de futuro electoral era sostener los acuerdos institucionales con la oposición en su territorio de la Cámara de Diputados. Con el escándalo que protagonizó la familia Moreau, esa pretensión del ministro de Economía también voló por los aires. No es fácil querer diferenciarse del kirchnerismo en el fragor de los conflictos.

En la vigilia del fallo judicial contra Cristina, Lázaro Báez, Julio De Vido y José López, el kirchnerismo evalúa hasta donde llevar las protestas callejeras para montar el espectáculo de una enorme reacción popular a la eventual condena contra la Vicepresidenta.

Pero lo que tienen es muy débil. Apenas las amenazas de paro que hace un ignoto gremialista estatal (Daniel Catalano, de ATE); la caminata que publicitó el piquetero retro Luis Delía; una “pueblada” propuesta por el polémico juez, Juan Ramos Padilla. Y un desfile de celebridades K por el despacho de Cristina en el Senado. Demasiado poco para competir con las noticias que van llegando desde Qatar. “Una lesión del `Huevo’ Acuña tiene más prensa que cualquiera de nuestras puebladas”, exagera un legislador K que extraña los tiempos en los que el lawfare era tendencia global en las redes sociales. ¿Exagera? Parece que no.

Con la cabeza ocupada por Messi, Scaloni y el resto de los integrantes de la Selección en Qatar, los argentinos con problemas reales no parecen dispuestos a movilizarse en apoyo a Cristina. Las protestas se reducirían a la militancia rentada, a grupos piqueteros en busca de alguna compensación económica y a dirigentes necesitados de raciones de protagonismo perdido.

“Si Cristina Kirchner es condenada, se termina de destruir su imagen ante la mayoría de la sociedad argentina y ante el resto del mundo, que es algo que a ella la preocupa mucho”, ha dicho esta semana el abogado y constitucionalista Daniel Sabsay. No terminarían ahí sus preocupaciones. La Vicepresidenta debería pedirle permiso a un juez cada vez que quiera salir del país.

Aquellas imágenes de multitudes reclamando la libertad de Perón en octubre de 1945 no parece que vayan a tener correlato en estos días de veredictos judiciales. El impacto que generan las 415.000 hectáreas en la Patagonia y las 293 propiedades que adquirió Lázaro Báez en todo el país de la mano de los Kirchner, o los inolvidables bolsos voladores de José López con nueve millones de dólares en una noche del Gran Buenos Aires, conducen mucho más a la indignación que a la solidaridad.

Una encuesta reciente, aunque previa al Mundial, de Opina Argentina consultó en qué está hoy la cabeza de los argentinos. La inflación, la desocupación y la corrupción, en ese orden, son los tres temas que más preocupan a la sociedad y que el gobierno de Alberto y Cristina debería dedicarse a solucionar.

El 56% de ellos cree que, en los próximos meses, su situación económica personal estará peor. Y que ellos, o alguien de su familia, perderá muy pronto el trabajo. Dos tercios de los encuestados temen que la inflación y la situación del dólar se compliquen cada vez más y le echan la culpa al Gobierno.

El mismo sondeo arroja datos significativos sobre la imagen de los dirigentes argentinos. Alberto Fernández encabeza el ranking negativo (76%), seguido por Cristina (70%), Axel Kicillof (69%), Massa (66%) y Mauricio Macri (61%), el único opositor que aparece con números tan adversos. Hay otras encuestas de alcance nacional que muestran números muy parecidos.

Este es el contexto social en el que se va a conocer una muy posible condena por corrupción a Cristina Kirchner. La segunda que recibiría un ex presidente argentino de jueces democráticos. El anterior fue Carlos Menem, quien debió purgar prisión domiciliaria por la la venta ilegal de armas de guerra a Ecuador y a Croacia. Hay quienes creen que un veredicto de magnitud menor al esperado podría perder el impacto en la sociedad.

Tal vez se pierde la dimensión de lo que podría suceder este martes. Del fallo del Tribunal Oral Federal 2 en la causa Vialidad habrá que analizar dos aspectos fundamentales. Con cuántos años se sanciona el delito cometido, una cuestión técnico jurídica para establecer la pena que se debería cumplir. Pero lo más importante es la calificación del acontecimiento histórico, que calificaría como culpables a Cristina y al resto de los imputados.

Quizás, como lo dice el actor que representa al fiscal Luis Moreno Ocampo en la película “Argentina, 1985″ al evaluar las sanciones a las Juntas Militares por la represión ilegal, no importa tanto el resultado numérico de las condenas como el impacto simbólico que queda para las generaciones futuras.

Si una defraudación al Estado cometida por altos funcionarios es condenada, será más difícil que se repitan en los años por venir. El legado, en definitiva, es siempre lo que perdura en la historia de un país y es más importante que la batalla de un momento.

Seguir leyendo: