A Cristina Kirchner le fascinan las imágenes románticas de la década del setenta. Las utiliza cada vez que puede. Hubiera pagado por tener un papel protagónico en aquellos años que llenaron de violencia y de muerte a la Argentina. Pero no pudo ser. Cuando comenzó el festival de sangre en la etapa previa, y luego durante el transcurso del regreso de Perón al país, era demasiado joven. Y cuando todo se derrumbó hacia el subsuelo de la dictadura militar, ella y Néstor se dedicaron a otra cosa. A preservar la vida y a forjarse un futuro de prosperidad.
Pero la romantización de aquellos años trágicos son una constante en su lenguaje político. En la pelea de los Kirchner con el campo por la suba de las retenciones a la exportación de granos utilizó la metáfora de “los tanques de guerra” para demonizar a los medios de comunicación que no se alineaban con sus argumentos. Y publicitó la estatización de la transmisión del fútbol argentino con la metáfora de que esa iniciativa era para terminar con “el secuestro de los goles”, y no la simple utilización política de una herramienta de masas como el fútbol.
Y siempre así. Cristina pinta las acciones propias con el barniz de la victimización manipulando aquellas viejas imágenes. Y vincula cada vez que puede a sus adversarios, o a quienes ubica como supuestos aliados de sus adversarios, en el lado oscuro de los intereses de la dictadura militar. No hay grises en esa lógica.
El más reciente de sus hallazgos lingüísticos fue calificar al inminente veredicto de la Justicia en la causa de los escandalosos contratos de Vialidad como “un pelotón de fusilamiento”. La decisión del Tribunal Oral Federal 2, que se va a conocer el martes 6 de diciembre, no será entonces una condena (o una absolución) por la adjudicación de las obras públicas que hicieron millonario a Lázaro Báez y que terminaron consolidando el patrimonio de los Kirchner. Será el fusilamiento virtual de una líder revolucionaria, a la que buscan impedir su regreso al poder.
Como si el gobierno que lidera, con el acompañamiento probadamente ineficaz de Alberto Fernández, fuera un emprendimiento ajeno. Casi, casi, otro engendro de la dictadura militar. Conclusión a la que no llegó todavía, quizás porque sería demasiado llevar el disparate a su máxima expresión, pero que tampoco hay que descartar si las circunstancias así lo exigen.
Claro que el karma de la historia argentina le está devolviendo a Cristina un verdadero castigo de la utilización de aquellas imágenes del pasado. En 1973, cuando Perón volvió al poder y colocó al odontólogo Héctor J. Cámpora como presidente por 49 días, la izquierda peronista exigió la liberación de los detenidos por hechos de violencia cometidos durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse. El 25 de mayo, cuando asumieron, una gran cantidad de militantes fueron a la cárcel de Devoto para hacer de aquella liberación un hecho de reivindicación política.
La marcha a Devoto y la liberación por la fuerza de los detenidos (algunos por hechos menores de activismo político durante la dictadura y otros por estar involucrados en atentados terroristas, secuestros y asesinatos) se popularizaron bajo el eslogan “Una Navidad sin presos políticos”. Aquel fue quizás el episodio más notorio de la brevísima e inoperante primavera camporista.
Cuando, a comienzos de este año, Cristina advirtió que el trámite de la causa Vialidad comenzaba a tomar velocidad y podía terminar con un fallo adverso en su contra, diseñó una maniobra de contraofensiva en sus términos preferidos. Utilizando la elección de Lula en Brasil como un efecto espejo, comenzó a dar indicios de que estaba preparando su propia candidatura presidencial. El brasileño había ido preso por corrupción y volvía al poder. A ella la iban a querer meter presa para que no volviera a la Casa Rosada. Cambiaba así la figura de la eventual condena por corrupción por la de la proscripción. La misma que había sufrido Perón en los ‘70, solo que aquella proscripción había sido verdadera. Otro homenaje oportuno a la regresión de la historia.
Claro que la fecha del 6 de diciembre, que el Tribunal Oral dio a conocer apenas terminadas las últimas palabras de Cristina Kirchner en su defensa, es un impactante retorno a la realidad.
Como una broma del destino, algunos peronistas juegan con la imagen descolorida de aquella “Navidad sin presos políticos” para cambiarla por otra adaptada a lo que podría suceder la semana próxima. “Una Navidad con Cristina condenada”, auguran. Hay pocos fenómenos más poderosos que el karma.
Descubrir lo que pueda suceder con la suerte de Cristina en la causa Vialidad es el tema excluyente de estos días entre los expertos en la justicia penal. Todos han estudiado a fondo los detalles de la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, y han repasado cada argumento de los defensores de la Vicepresidenta y de los otros doce acusados: entre ellos los del emprendedor afortunado, Lázaro Báez, y los del campeón argentino de lanzamiento de bolsos con dólares, José López.
Entre los abogados de Cristina (aunque jamás lo admitirán en público), entre los juristas que conocen a los jueces del TOF 2 y aquellos expertos que nada tienen que ver con la causa Vialidad, impera el mismo diagnóstico. Ninguno de ellos cree que el veredicto de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini termine en absolución para la Vicepresidenta.
La mayoría de esos expertos coincide en que Cristina tendrá una condena de aproximadamente la mitad del pedido de doce años que hicieron los fiscales Luciani y Mola. Es decir, preven una condena para la Viecpresidenta de entre cinco y siete años.
También hay coincidencia en cuanto a los argumentos de la condena. La mayoría de los analistas judiciales consultados creen que el Tribunal no convalidaría la figura de la asociación ilícita, una de las teorías planteadas por los fiscales cuando acusaron a la Vicepresidenta de liderar una verdadera “matriz de la corrupción” junto al resto de los acusados. Una figura penal que tiene cierta familiaridad con la que el fiscal Julio César Strassera utilizó en el Juicio a las Juntas para hablar de una “matriz de la represión ilegal” durante la última dictadura militar.
Lo que sí quedaría en pie de la acusación de los fiscales es el argumento del “fraude al Estado”, direccionando la obra pública de la provincia de Santa Cruz hacia la empresa de Lázaro Báez para generarse ganancias a través de terceros y generando un quebranto por sobreprecios a las arcas públicas. La pena en estos casos, va de dos a seis años de prisión según el Código Penal.
Lo que también se mantendría firme de la acusación es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, porque toda condena a funcionarios públicos cometidos durante el ejercicio del poder de turno implica la inhabilitación como pena accesoria.
Ya se ha dicho en esta columna que, a pesar de la eventual condena y la inhabilitación, Cristina no irá a prisión y hasta podrá ser candidata electoral a cualquier cargo. Esto es porque debe haber condena firme para las dos instancias, y la decisión del TOF 2 tiene dos posibilidades de apelación: la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia, recursos que seguramente ejercerá la defensa de la Vicepresidenta si hay condena, o los mismos fiscales si el veredicto termina en absolución para Cristina.
En términos políticos, Cristina evalúa junto a sus dirigentes más cercanos cuáles serán los pasos a seguir si se confirma la condena para la Vicepresidenta. Los tres principales referentes del kirchnerismo, hoy su hijo Máximo Kirchner; el ministro del Interior (de Alberto), Wado de Pedro; y el ministro de Desarrollo Social bonaerense (de Axel Kicillof), Andrés Larroque, son partidarios de que vaya por una nueva candidatura presidencial.
Ellos tres creen que Cristina candidata a presidenta es el único proyecto que puede quedarse con la centralidad del peronismo, y obligar a los gobernadores y a sus principales dirigentes que jamás se han atrevido a enfrentarla a mantener esa pasividad de Síndrome de Estocolmo. El miércoles, en la reunión de gabinete, fue Juan Manzur el que salió públicamente a expresar esa posición: “Creo en la inocencia de la Vicepresidente; ahora que hable la Justicia”, dijo el tucumano que fue su ministro de Salud.
La única excepción al temor peronista a Cristina la protagonizó Sergio Massa en las elecciones legislativas de 2013, cuando enfrentó y venció a su candidato, el entonces intendente Martín Insaurralde. Pero esa causa prescribió en 2019, con el ingreso de Massa al Frente de Todos. Allí está el ministro de Economía, esperando que la altísima inflación y el dólar le otorguen algún resquicio parta mantener sus expectativas el año próximo.
Pese a los deseos de La Cámpora, y a las amenazas de puebladas que hacen algunos dirigentes, sindicalistas y juristas de escasa relevancia, será Cristina quien decida su destino cuando pase el verano. Puede ser candidata a presidenta, con altas posibilidades de ser derrotada ya que forma parte de un gobierno en caída libre. O ser candidata a senadora, resguardando el territorio bonaerense en caso de derrota a nivel nacional y manteniendo los fueros parlamentarios, siempre un oportuno salvavidas.
Pero los días que vienen podrían ser quizás los más duros de su trayectoria en términos estrictamente políticos. Si hay una instancia que Cristina no quiere atravesar, es la de cumplir en febrero próximo sus 70 años con una condena judicial sobre su espalda. Una noticia que seguramente recorrería el mundo y que la pondría en igualdad de condiciones con Carlos Menem, el otro presidente que tuvo una condena en tribunales democráticos.
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