Lo revolucionario de decir “no, eso no puede ser ley”

Acaba de salir un nuevo manual de políticas públicas muy interesante en EEUU. Desde la visión que lo pública lo revolucionario es ir contra corriente o contra el sentido común imperante. Incomoda, propone menos leyes y más políticas y medidas económicas que muchos no estarían de acuerdo. En definitiva, es un buen manual de referencia para contrastar críticamente que hacemos bien y qué hacemos mal nosotros en la región en materia de gasto y efectividad en la provisión de bienes públicos.

En el manual disponible online, David Boaz del Instituto CATO desarrolla una repaso de estas en la introducción pero me resultó llamativa una frase en la que expresa lo siguiente y la cito textualmente: Roger Pilon pide a los miembros del Congreso que examinen la constitucionalidad de las leyes propuestas y que reúnan la fortaleza para decirles a los electores cuando sea necesario: “No tengo autoridad para hacer lo que quieren que haga”. A esas tareas podríamos agregar que los miembros deben resolver no apoyar acusaciones sin fundamento de elecciones robadas.

Si a esa frase la traemos a nuestro contexto y la ponemos en un nuevo manual de políticas públicas para nuestro contexto federal y local la misma sería exacta y puntualmente certera.

En ella quedan resaltadas dos conductas comunes también a nuestra realidad que por momentos pueden parecernos políticamente incorrectas o también pueden ser directamente apolíticas.

La primera, cuando pide ejercer un acto de docencia política al dar cuentas de cuales son las competencias que cada funcionario electo o designado puede llevar a cabo es un gran tema de discusión y de confusión de modo continuo. A modo de ejemplo, muchos siguen pensando en la educación básica como un tema propio del ministerio nacional. El tema es mucho más complejo y las autoridades intervinientes son innumerables.

Y a esto, si lo llevamos al nivel de peticiones a los legisladores del congreso nacional o de las legislaturas provinciales el problema de entendimiento es fenomenal. Todo esto se acrecienta cuando a la cuestión técnica propia de cada área del derecho y la política se suma la urgencia. El combo suele ser angustioso para quién necesita soluciones hoy pero sus demandas llevan décadas y muchas pudieron ser resueltas por un director o un coordinador del poder ejecutivo o incluso con organizaciones de la sociedad civil.

El dañó que aquí se hace a la práctica democrática se realiza al sobre ofertar soluciones particulares mediante mecanismos erróneos generando así ilusiones que al poco tiempo se vuelven en expresiones de apatía y descontento generalizado de los ciudadanos con sus representantes. El famoso teorema de Baglini.

En materia económica esto tiene implicancias directas y enormes para el erario público. La sobre oferta de soluciones privadas mediante leyes en muchos casos transfirió costos insostenibles para la ciudadanía al no aplicarse estudios ni análisis de evidencia para sostener la aplicación de esos fondos.

Respecto de la segunda frase, en relación a las denuncias tan comunes sobre elecciones robadas, sospechas sobre encuestadoras, aparatos políticos que mueven votantes, entre otras expresiones, lo que hay que resaltar es que cada vez más la ocurrencia y la incidencia sobre resultados finales es mínima. Desde ya que, cada voto es sagrado en un sistema representativo y que en elecciones altamente polarizadas un voto más o menos vuelve al hecho un escándalo político si se descubre una delito electoral. Pero lo que aquí se resalta es la utilización del rumor, la falsa noticia y hasta las fake news sin respaldo documental de los hechos para generar incertidumbre y desprestigio.

En este último caso, es importante dar cuenta del importante daño que se genera y afecta directamente al mecanismo representativo y el acto eleccionario de antemano. Es común que se aliente el hecho y que desde vocerías o el periodismo partidario y militante opere esa posibilidad sólo como estrategia discursiva para atenuar una posible derrota pero en ese mismo acto ponen en juego la credibilidad de todo el régimen electoral. La justicia electoral es el actor y el mecanismo propio constitucional para evaluar estas conductas indebidas y el poder ejecutivo responsable de que los recursos estén disponibles para que la elección se realice en igualdad de condiciones para todos los candidatos oficializados.

Las dudas que se imponen en la agenda sobre corrupción electoral impactan de modo decisivo en los planes de inversión de pymes y multinacionales. Basta ver hoy todo lo que no se mueve la economía, sumada a los indicadores e incentivos que no colaboran en el crecimiento, pero que en muchos casos ya tienen como parte de su posibilidad de realización la falta de credibilidad, certidumbre y escenarios futuros sin claridad alguna.

Por esto, insistir en que no todos los problemas que tenemos en nuestra sociedad se solucionan con leyes ni necesitan leyes para ser solucionadas y que tampoco todos los actos eleccionarios de antemano o necesariamente son actos de corrupción política per se son hechos que debemos comenzar a desterrar del sentido común.

Esto no implica bajo ningún aspecto dejar de observar y participar civilmente de los procesos democráticos para cuidar las instituciones y mecanismos de participación y representación. Pero ni la dirigencia ni la ciudadanía debe sumarse a campañas en la que se aliente ni provoque una inflación legislativa o parálisis electoral dado que los costos en materia de derechos humanos y vida pacifica en sociedad son conocidos por todos y todas. La historia democrática y electoral en el 2023 cumplirá 40 años de actos ininterrumpidos. Hagamos lo propios para mejorar en calidad institucional y en la comunicación de asuntos públicos y políticos.

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