Todo comenzó en mayo de 2019. El Centro Wiesenthal advirtió que en la Universidad de Cuyo, en la ciudad de Mendoza, al pie de los Andes, se estaban produciendo una serie de actos antisemitas. Un profesor de Ciencias Sociales utilizó sus clases de “Estudios Árabes Contemporáneos” para exponer los prejuicios más rancios contra el pueblo judío.
Simultáneamente, un periodista, utilizando una cuenta de Twitter vinculada a la Universidad, en un intercambio con un diputado nacional de origen, comparó a Israel con los nazis y disfrazó sus argumentos antisemitas como antisionistas.
Ante estas dos situaciones, el Centro Wiesenthal emitió una denuncia pública en una carta abierta al Rector de la Universidad. Este ordenó una investigación. El encargado del sumario nos preguntó en qué basábamos nuestra denuncia. Nuestra respuesta fue concisa. Argentina votó en 2016 a favor de la Definición Práctica de Antisemitismo de la IHRA (Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto por sus siglas en inglés) como Estado miembro. Sostuvimos que aplicando ese criterio objetivo (único estándar existente), indicamos que ambos casos cumplían con sus disposiciones.
En noviembre de 2019, la Universidad dictaminó que, de acuerdo con la definición de antisemitismo de la IHRA, ambos actos eran, de hecho, antisemitas. En consecuencia, destituyó al profesor y obligó a la periodista a cambiar su cuenta de Twitter para diferenciarse de la Universidad.
En junio de 2020, la Cancillería argentina adoptó específicamente la Definición a través de una resolución de dos artículos. El primero manifiesta que su alcance es todo el sector público nacional. La segunda invita a todas las instituciones públicas y privadas del país a adoptar la Definición.
Esto nos llevó a tocar muchas puertas en toda Argentina (en medio de la pandemia) para llevar la invitación del artículo segundo. Si hubiera sido aprobado por ley del Congreso o por decreto presidencial, esto no hubiera sido necesario.
Aún así, nuestros esfuerzos dieron resultados importantes: Argentina es un país federal. El Centro Wiesenthal y algunas otras instituciones hemos logrado que 18 de los 24 distritos lo adopten como ley; el Congreso Nacional hizo lo propio para su ámbito; 13 Universidades Nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional, órgano que agrupa a los Rectores de todas las universidades públicas del país, aconsejó que cada universidad actué de tal modo.
También adhirieron municipios de las ciudades más importantes del país que no son capitales de provincia, como Rosario, Mar del Plata y hasta Bariloche (que no hace mucho consideraba al ex asesino de las SS Erich Priebke como un vecino ejemplar); Colegios de Abogados, Gremios de Educadores, Asociación del Fútbol Argentino y 7 clubes de primera división; La Asociación para la Lucha contra el Cibercrimen, la Comunidad Musulmana Argentina Ahmadia y la Asociación de Iglesias Evangélicas han adoptado la Definición de IHRA.
¿Qué utilidad podría tener la adopción de la definición en Argentina? Un enfoque legal nos dio la respuesta. La última parte de la Definición se refiere a Actos Antisemitas, Actos Criminales Antisemitas y Discriminación Antisemita.
Argentina fue pionera en la región al sancionar la llamada Ley Antidiscriminatoria en 1988. La norma de esa ley se basa en tres supuestos para discriminación en general. Y coincidentemente son los tres previstos en la última parte de la definición.
Nuestros esfuerzos se centraron en convencer a los funcionarios, fiscales y jueces de que la Ley contra la discriminación se complementa con la Definición de la IHRA, brindando el contexto de cuándo un acto de discriminación o un delito se definiría como antisemita.
Antes de la adopción de la Definición de Antisemitismo, un juez que dictaba sentencia tenía que decidir subjetivamente si el acusado tenía la intención de ser antisemita, lo que era casi imposible de probar. Los jueces y fiscales no estaban debidamente preparados para comprender los parámetros del antisemitismo.
Desde la adopción de la Definición, si el incidente cae dentro de los parámetros de los ejemplos que la acompañan, no es necesario probar la intención, pero debe ser condenado legalmente. El sistema judicial puede operar sobre una base objetiva, no subjetiva o mal informada.
El siguiente paso desde el Centro Wiesenthal ha sido comenzar a concientizar a jueces y fiscales de distritos.
El primer caso fue en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, donde un hombre fue condenado por vandalizar una plaza pública con esvásticas y pintadas que decían “Muerte a los judíos”. En la sentencia, el Tribunal condena el acto como antisemita, porque cumplía con los estándares de la Definición adoptada por Argentina y la Provincia de Entre Ríos.
El segundo caso ocurrió en la ciudad de Córdoba, una de las más importantes del país. Durante la pandemia, durante una clase virtual, un profesor sostuvo que le daría parte de su salario a quien le muestre un judío pobre, ya que no existen. Continuando con su diatriba, el docente alegó que a los judíos solo nos interesa el dinero y que nosotros controlamos las finanzas del mundo, etc. El juez que debía decidir llamó a los alumnos como testigos para identificar si el maestro había tenido o no la intención de estigmatizar y discriminar a los judíos. Luego tuvimos la oportunidad de capacitar a todos los jueces y fiscales de esa ciudad, aunque aclaramos enfáticamente que esto no es necesario dado que la Definición nos brinda una objetividad que es suficiente para condenar.
El juez, sin embargo, desestimó los cargos contra el profesor. Mientras que la comunidad judía local y los fiscales apelaron, publicamos un artículo en un periódico de esa ciudad criticando fuertemente el fallo. Finalmente, la Cámara de Apelaciones utilizó nuestro criterio, revocó la sentencia y condenó al profesor por sus calumnias antisemitas.
En la Ciudad de Buenos Aires, hace unos meses, un líder antisemita fue condenado por llamar a dos funcionarios judíos “víboras sionistas” utilizando la Definición.
En el último caso hasta la fecha, un legislador de la Ciudad de Buenos Aires de extrema izquierda llamó a la destrucción del Estado de Israel y sostuvo que todos los que defendemos su existencia somos sionistas asesinos y genocidas. La comunidad judía lo denunció y nos citaron como expertos para explicar por qué es peligroso este discurso. Días atrás, la fiscalía lo acusó con base en estos argumentos, citando la definición de antisemitismo.
Jueces, fiscales y abogados comienzan a considerar la Definición como un elemento objetivo para enfrentar el antisemitismo y poder acusar y condenar tales actos por violación a la ley antidiscriminatoria. Esto, sin duda, es un avance revolucionario en la lucha contra el antisemitismo.
* Este trabajo se presentó ayer ante el Plenario de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto en Gotemburgo, Suecia.
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