Desmantelemos un Estado caro e inmoral

Por lo menos en las últimas dos décadas, la idea de achicar el tamaño del Estado ha causado escepticismo en la mayor parte de las personas. Y es que el “sentido común” kirchnerista, que se gestó en la década del 90, permeó también parte del gobierno de Cambiemos y permanece hoy con fuerza. Sin embargo, el prolongado estancamiento económico y el desmadre de un gasto público que subió casi quince puntos en solo veinticinco años (desde el 23,6% en 2004 hasta el 37,7% estimado para 2022, según MindY-Economics) obliga a pensar en la reforma de un Estado que se ha transformado en un obstáculo no solamente para el progreso sino también para el pleno ejercicio de derechos constitucionales.

Entre los grandes gastos que resultan incomprensibles en el contexto de emergencia argentino se encuentran los de empresas estatales que funcionan como subsidios para las clases altas, como es el caso Aerolíneas Argentinas. Solamente este año, la compañía perderá entre 400 y 500 millones de dólares según su propio CEO, fondos que pagarán los contribuyentes. ¿Para qué? Para congraciarse con el primer decil de la población que puede volar mientras mantiene a 20 pilotos por avión y paga 200 habitaciones en el exterior por noche. ¿Qué hay de eficiente en una compañía significativamente peor en precios y costos que sus competidoras? Pero sobre todo, ¿qué hay de justo en servir los intereses de una extorsiva oligarquía sindical a costa del hambre de los pobres?

Por otro lado, otro monstruo del transporte estatal es Trenes Argentinos. Con casi 24.000 empleados, los servicios ferroviarios tendrán un déficit de casi 350 millones de dólares este año a cargo de los contribuyentes. Para colmo de males, dado que los trenes son en la práctica gratuitos (basta ver los molinetes de cualquier gran estación de la ciudad de Buenos Aires a lo largo del día) o de precios irrisorios (como es el caso de la larga distancia), se distorsionan los precios y no solamente se destruye a otras empresas de transporte sino que no se proveen incentivos para que los pasajeros los cuiden. Contra todo tipo de lógica y otorgando privilegios obscenos a un puñado de beneficiarios, el Estado argentino continúa inaugurando líneas como la que conecta Retiro con Justo Daract (un pueblo de 12.000 habitantes en San Luis) que los 45 millones de argentinos se ven obligados a subsidiar. Por supuesto, los partidarios del tren creen que la solución es expandirlo a cada rincón del país; pero es tan evidente que eso decretaría la ruina final del Estado que es imposible comprender las motivaciones detrás de la expansión que vemos hoy.

Un gasto importante sobre el que no siempre recae la lupa es el relacionado a los medios de comunicación en manos del Estado. Después de perder casi 50 millones de dólares este año, según se estima, el Presupuesto 2023 prevé transferencias por otros 80 para el próximo a Radio y Televisión Argentina, la sociedad de Estado que agrupa a medios estatales como la TV Pública y Radio Nacional. Con sus casi mil empleados, solamente el noticiero de la TV Pública pagó cien mil horas extras en los últimos dieciocho meses, mientras los trabajadores-militantes de Télam, la famosa agencia de “noticias” copada por el kirchnerismo, están pidiendo en este mismo momento la restitución de cargos hereditarios en caso de muerte de un empleado. ¿Por qué los argentinos están obligados a subsidiar un enorme sistema de comunicación estatal en la era de internet y la masificación de la información al instante? ¿Pero por qué deben sufragar, además, un monstruo que devino en un mero órgano propagandístico del gobierno? Al menos la mitad de los argentinos paga hoy para coartarse la libertad de expresión a sí misma. Es asombroso.

También existen gastos directos y bizarros que quizás no sean grandilocuentes pero sí indignantes por su origen y finalidad. Uno de los casos más emblemáticos de esta gestión es Correo Compras, una “empresa” hecha para competir con Mercado Libre que apenas registra ventas y que solo se hizo viral por ofrecer envíos “gratis” para chocolates de 25 gramos. Mientras tanto, el Correo Argentino del que es parte perderá solo este año cerca de 80 millones de dólares. Tratándose de proyectos tan evidentemente ineficientes desde el arranque, es ineludible pensar que han sido imaginados como fuentes de corrupción.

Pero la forma en la que los contribuyentes se ven obligados a financiar órganos o proyectos ineficientes no es solo directa, sino también indirecta. En efecto, hay una gran cantidad de empresas, fundaciones e institutos privados que en realidad viven del Estado y por lo tanto de todos nosotros. En muchos casos, estos entes no solamente viven de los impuestos, sino que son perjudiciales para los consumidores. Hay casos conocidos, como los más de mil quinientos Registros de la Propiedad Automotor del país, y también otros que no lo son tanto: el Instituto Nacional de Yerba Mate, por ejemplo, en ningún momento se presenta como un organismo estatal pero se arroga el derecho de limitar la cantidad de área que se puede plantar para yerba o prohibir la importación de la que no se ajuste a sus requisitos. El INYM, en este momento, ejerce ambas facultades y sus acciones elevarán inevitablemente el precio de la yerba. ¿Por qué? Para proteger los intereses de los que tienen el poder de intervenir.

Estos son solo algunos ejemplos de organismos que trabajan manifiestamente en contra de muchos argentinos y que al mismo tiempo los obligan a financiarlos. No hemos hablado aquí de ministerios enteros que son de una utilidad extremadamente dudosa sino solo de un puñado de casos puntuales, pero el patrón de hacer negocios para pocos con dinero de todos permea toda la administración pública. Sin embargo, nadie tiene derecho a usar el Estado para hacer sus propios negocios o imponer sus ideas a costa de los contribuyentes, como sucede hoy, y de poco sirve “achicar” entes que solo se dedican a alguno de esos objetivos. Hay estructuras enteras del Estado que nos salen demasiado caras y que son inmorales. Desmantelémoslas.

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