La devaluación de los planes sociales en Argentina

El último informe elaborado por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) informa que nuestro país finalizaría con un nivel de pobreza para el 2022 por encima del 36 por ciento. Si comparamos con América Latina, la pobreza en Chile es de 12,1%; en Uruguay del 10,7%; en Brasil de 23%; en Perú de 25%; en Paraguay de 26%, y en Ecuador de 27 por ciento.

La inflación local de este año será récord desde 1991, rozando los 3 dígitos. Las personas que se encuentran en la pobreza e indigencia son el eslabón más débil y perjudicado por el actual contexto de aceleración inflacionaria.

Hace 20 años Argentina viene incrementando en forma sostenida las partidas del gasto social para diferentes planes y asignaciones. Sin embargo, la situación no mejora para esas personas que reciben planes sino que ha empeorado a lo largo del tiempo. Uno de los programas de asistencia social es la Asignación Universal por Hijo, que nació en el 2009 con el objetivo de erradicar la pobreza infantil y adolescente. Se inició con un aporte de $180 pesos en el 2009 hasta llegar a $7.332 por hijo en este 2022. A lo largo de esos años, sin embargo, la asignación terminó devaluada frente a la inflación que debería ser de $11.932 para compensar la inflación acumulada de 6082% en todo el período analizado.

Si realizamos este mismo ejercicio con el resto de los programas sociales que brinda el Gobierno para mejorar el nivel de ingresos de las personas en la pobreza, su devaluación es general para todos los casos. La Tarjeta Alimentar nació en el 2020 con el objetivo de que las familias puedan acceder a los alimentos de la canasta básica: el ultimo valor que se registro fue de $9.000, pero con ajuste por inflación debería ser de 14.377 pesos.

El Plan Potenciar Trabajo, surgió en el 2020, para mejorar el empleo y generar propuestas productivas en la formación laboral, actualmente es de un valor de $25.600. Si se ajustará por la inflación del período debería ser de $30.550.

El programa Fomentar Empleo surgió en 2021 con una asignación de $15.000 y en 2023 es de $23.000. Ajustado por inflación desde su surgimiento a la fecha debería ser de 40.220 pesos.

Otros programas, como la Prestación Básica Universal, fue creado en el 2009 para que las familias puedan acceder a servicios de telefonía, internet y TV paga, inicio en 391 pesos. Actualmente es $17.166: ajustado por inflación debería ser 25.907 pesos.

Por su parte, la AUH con Discapacidad y Asignación por 7 hijos, nacieron en el 2013 con un nivel de beneficios en pesos de $1.200 y $2.237, en la actualidad se paga $23.881 y 37.965 pesos. En términos reales deberían ser de $38.438 y $71663, respectivamente.

La devaluación de los principales programas sociales que estableció el Gobierno muestra dos cuestiones fundamentales: si bien aumentaron los programas sociales estos no garantizaron la baja de la tasa de pobreza y los valores de los beneficios, en términos reales, no logran superar los niveles de inflación en el tiempo. O sea, no permiten cubrir eficientemente las necesidades básicas.

Si vemos estos valores nominales en términos del dólar libre, caen en el tiempo. Tal es el caso de una AUH que en la serie de dólar libre comenzó siendo de USD 46m6 para finalizar en USD 25,4 luego de 10 años. En el caso de la Prestación Básica Universal, arrancó en 2009 en USD 101,2 y hoy es de USD 59,40. La AUH con discapacidad paso de USD 120 a USD 82,60 y el PNC Invalidez de USD 158,3 a 92,60 dólares.

La mayor contradicción de los planes sociales es que las asignaciones efectuadas para paliar la pobreza e indigencia generada por la falta de iniciativa privada para la generación de empleo y por la evolución de la inflación están devaluados frente al mismo proceso que intentan contener. La pérdida de los valores reales de las ayudas demuestra que ese mismo universo beneficiario, sin empleo y en precarias condiciones sociales, está aún peor respecto de su nivel de ingreso real.

Si bien el Estado a través de instituciones como Anses o el Ministerio de Desarrollo Social intenta proveer de recursos para que las personas en situación de pobreza al menos cubran sus necesidades básicas, en un contexto de 100% de inflación no se puede garantizar que esos ingresos extraordinarios puedan mejorar los niveles de vida de las personas. Por ejemplo, este año los principales programas tuvieron aumentos de entre 29% y 60%, muy por debajo de la inflación. Sin incentivos reales a la inversión privada, producción y empleo apalancado en una mejora de la calidad educativa y de salud de la población, los planes sociales devaluados no podrán ser sustituidos por un plan privado y digno de trabajo para cada a una de las personas que hoy depende de la caridad estatal que les da la política clientelar de turno.

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