El pasado 20 de noviembre Naciones Unidas celebró el Día Mundial de la Infancia en honor a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y a la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, el tratado internacional más ratificado de la historia, con el objetivo de que se recuerde a la ciudadanía que los niños y niñas son el colectivo más vulnerable y el que más sufre las crisis y los problemas del mundo.
Nuestro país está próximo a cumplir 40 años de democracia y son muchas las reflexiones que se hacen con respecto a los problemas existentes, deudas pendientes, como se le suele referenciar. Deudas que sin lugar a dudas denotan que los encargados de tomar las decisiones políticas, año tras año, no han sabido solucionar.
Hace poco murió un niño atropellado mientras buscada comida en un basural. ¿Accidente? No, desidia, negligencia, impericia de un Estado que no está presente donde verdaderamente debiera estar. Un Estado que permite que 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes no tengan acceso a derechos básicos como la alimentación, al agua potable, la educación y la salud.
Por eso no es momento de tener una mirada de mero espectador u observador, de poner excusas, de evadir responsabilidades, es momento de reflexionar, de hacer una autocrítica profunda y verdadera, de tener un rol protagónico y proactivo para tratar los temas prioritarios y urgentes.
Semanas atrás desde la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes logramos construir los consensos para obtener media sanción en dos proyectos que pretenden dar un paso más en la protección de la niñez. El Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos y el Plan de Capacitación Federal de carácter continuo, permanente y obligatorio en derechos de los niños, niñas y adolescentes. El primero busca garantizar derechos básicos de la infancia, como el derecho a contar con vestimenta, comida, educación y a no ser víctimas o rehenes de conflictos entre los padres que deciden separarse. El segundo proyecto busca brindar mayores herramientas a funcionarios públicos, quienes por su rol social están vinculados con niños, niñas y adolescentes y, además, poder contar con protocolos de actuación ante determinadas alertas para que se puedan prevenir casos de violencia e infanticidios, una realidad aberrante que sufren 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños en nuestro país; y que 120 niños y niñas, entre meses y 12 años, en el periodo de tiempo de 2012 al 2022, fueron asesinadas mayoritariamente por sus propios padres.
Si bien estos proyectos pretenden ser un avance en la protección de los derechos de las infancias, somos conscientes que no son suficiente para cambiar una realidad atroz.
Me pregunto cómo podremos garantizar a nuestros niños y niñas otros derechos como la libertad de expresión, al juego, a ser felices, el acceso a la información y a la tecnología, a un medio ambiente sano, si no estamos garantizando los aspectos más básicos para un ser humano como la comida, la salud y la educación.
Existen en nuestro país gran cantidad de organizaciones sociales y personas que trabajan cada día por mejorar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, personas con un compromiso heroico, muchas veces invisibles, quienes merecen un reconocimiento y un profundo agradecimiento por contribuir y hasta suplir funciones que le corresponden al propio Estado. Actuar en conjunto, en red, escuchando, visibilizando y potenciando esfuerzos es uno de los caminos.
Pero hoy más que nunca, el día de las infancias ya no es solo un día para concientizar, un llamado de atención, es verdaderamente un grito para la acción, para priorizar lo verdaderamente urgente y necesario en nuestro país. Esta fecha nos debe comprometer a trabajar juntos para que todos los niños, niñas y adolescentes puedan vivir plenamente sus derechos y estén protegidos, independientemente del lugar en el que hayan nacido.
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