#25N: contra la violencia hacia las niñas y adolescentes

Cada 25 de noviembre, entre discursos de esperanza y demandas de cambio, duele confirmar que aún persiste el cruel ciclo de violencia que sufren las mujeres, las niñas y las adolescentes. Desde su carácter simbólico, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujeres es una oportunidad valiosa para hacer visible un problema que ha cobrado ya demasiadas víctimas. Por eso es importante no perder de vista que las alarmantes cifras de violencia, más que indicadores en abstracto, reflejan el dolor real de miles mujeres cuyas historias hoy conmemoramos para exigir soluciones.

América Latina es una región donde la violencia contra las mujeres tiene un alcance generalizado, sea esta de tipo físico, psicológico o sexual. Sobre este último tipo, sin embargo, los datos son los menos actualizados e investigados, según un estudio que UNICEF y la Universidad de Edimburgo publicaron en 2022. Esta realidad limita la capacidad de acción en general, ya que no existe evidencia suficiente para diseñar directrices adecuadas que permitan actuar desde el sector público, en sus distintos niveles de gobierno; ni tampoco desde el sector privado o la sociedad civil.

Es necesario replantear el foco de atención: debemos comprender las distintas ramas del problema, no solo analizando las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, sino ampliando la visión hacia las brechas que se generan por razones de edad, etnia-raza, nacionalidad, condición migratoria, nivel de educación y condición socioeconómica, entre otras. De este modo, distintos sectores deberán diseñar e implementar procesos de acompañamiento y reivindicación que respondan a las condiciones reales en que se encuentran las mujeres, permitiendo identificar, prevenir, responder y restituir sus derechos frente a las violencias que las afectan directa o indirectamente.

Para el caso peruano, la Defensoría del Pueblo ha propuesto un planteamiento metodológico relevante para analizar la violencia hacia las mujeres, desagregando los casos identificados por grupos de mujeres adultas, niñas y adolescentes. En su informe periódico “Qué pasó con ellas”, dicha institución reveló que el 61% de las mujeres desaparecidas en octubre de 2022 son niñas y adolescentes. Este esfuerzo por tener datos desagregados ha ido cobrando fuerza con el paso de los años, en parte gracias al impulso del movimiento feminista, pues hoy es evidente la importancia de tener información específica para atender a cada población desde sus propias características y vulnerabilidades.

Debido a esta mirada, hoy sabemos que en Perú “la violencia sexual tiene rostro de niña y adolescente”, como concluye el Colectivo EPU, que integra Save the Children. Solo entre enero y abril de 2022 se registraron 8,057 casos de violencia sexual. De ese total, el 94.9% de las víctimas son mujeres y el 69.5% son niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. Además de la edad, no obstante, es importante evidenciar la diversidad de factores que influyen en la violencia, discriminación y exclusión de mujeres migrantes, refugiadas, indígenas, afrodescendientes, entre otras identidades tradicionalmente marginadas de la esfera pública.

En la actualidad, el movimiento feminista tiene distintas corrientes, entre ellas la que propugna una mirada interseccional sobre los problemas que sufren las poblaciones vulneradas por el sistema patriarcal. Gracias al feminismo negro, la interseccionalidad es hoy un enfoque necesario para distintos movimientos políticos, ya que permite hacer visibles las múltiples dimensiones de la violencia y las formas específicas en que afecta a distintas poblaciones, como las niñas y las adolescentes. Esta mirada, además, permite comprender las desigualdades entre hombres y mujeres, y también entre las propias mujeres, para comprender la relación entre la violencia basada en género y el adultocentrismo, la xenofobia y el racismo, por ejemplo.

Para las niñas migrantes, en tránsito o asentadas en nuevos territorios, los mecanismos de violencia se reproducen y se adaptan debido a su especial vulnerabilidad. De los 793,169 ciudadanos venezolanos que tienen situación migratoria regular en Perú, se calcula que más de 156,713 son menores de 18 años, según un informe elaborado por Save the Children y la Defensoría del Pueblo en 2022. Conforme el marco normativo nacional e internacional, el Estado peruano está obligado a atender la violencia que sufre la niñez migrante. Sin embargo, su aplicación no es efectiva, pues su desarrollo en instrumentos y datos específicos no atiende la multicausalidad de las diferentes violencias.

Atender los casos de violencia hacia niñas y adolescentes de poblaciones históricamente excluidas supone aplicar herramientas, procedimientos y enfoques que no ignoren sus características étnicas, de clase, edad, ubicación territorial, condición migratoria, entre muchas otras. A la par, se deben implementar también soluciones estructurales, trabajando en nuevas masculinidades que rompan los patrones que naturalizan la violencia hacia las mujeres.

Desde Save the Children apostamos por la justicia de género, por el empoderamiento de las niñas y las mujeres y la promoción de nuevas masculinidades. Por tal motivo aplaudimos la experiencia de “Hombres por la igualdad”, que promovió el Ministerio de la Mujer, dado que resalta como un ejemplo que debemos replicar en distintos niveles y espacios, porque apuesta por una solución de fondo: para tener menos víctimas, nuestra sociedad debe dejar de producir victimarios.