Es necesario poner en agenda la reforma laboral en Argentina

Dos noticias: una buena y una mala.

El dicho podría aplicar, sin ningún tipo de duda, a la variable de empleo de la República Argentina. ¿La buena?: según datos oficiales, entre los primeros trimestres de 2021 y 2022, la cantidad de trabajadores formales, asalariados bajo convenio colectivo de trabajo y con aportes jubilatorios, creció un 2 por ciento. ¿La mala? La de asalariados informales, aquellos que facturan y conforman la masa monotributista de contribuyentes sumados a los que, directamente, cobran en negro, subió el 18% en el mismo período, pasando de 4,4 a 5,2 millones de ocupados.

En tanto, el dato anualizado proporcionado por el Indec, indica que en el último año la cantidad de puestos asalariados sin aportes aumentó más del 20%, mientras que el número de ocupaciones formales avanzó 3,5 por ciento. Es decir que la tasa de empleo dependiente no registrado supera a la de 2019.

Y si continuamos con el juego de “una buena y una mala”, en las buenas se inscriben los datos provenientes de los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en junio de 2022 el empleo asalariado registrado del sector privado creció un 0,5% con respecto al mes anterior, lo cual significa que unas 31 mil personas se incorporaron al empleo asalariado registrado durante el último mes.

Estos datos estadísticos no hacen más que exponer, en números, lo que está a la vista y constituye la mala: la informalidad, muy elevada ya desde hace años, está teniendo una incidencia creciente en el universo laboral del país.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en tanto, muestran que los “asalariados sin descuento jubilatorio” fueron, de abril a junio de este año, el 37,8% mientras que los asalariados son tres de cada cuatro personas con ocupación laboral. Doce meses antes, habían sido el 31,5%.

La comparación interanual mostró también una baja en el índice de desocupación, que pasó de 9,6% a 6,9% de la población económicamente activa, aquella conformada –para los organismos oficiales– tanto por quienes trabajan como por quienes buscan trabajo y no lo encuentran.

La informalidad también apunta al corazón del sistema previsional: menos trabajadores que aporten con mayor número de jubilados hacen colapsar cualquier sistema, por más que el Estado, desde la emisión, intente sostenerlo.

Esto último es también un problema de magnitud y que solo obtiene respuestas temporales, sin un análisis de sustentabilidad ni de cuestiones de fondo, como las moratorias para el pago tardío de aportes.

Como generar empleo y mejores condiciones de trabajo es también un verdadero desafío, para el Estado y para las empresas. Cómo reducir el costo de eventuales litigios, aumentar la productividad sin recaer en cargas horarias excesivas, modernizar los acuerdos laborales sin entrar en conflicto con los sindicatos y llegar a la reconversión del plan social en empleo formal –uno de los desafíos más complejos pero urgentes– son, sin dudas, puntales a la hora de repensar el mercado laboral.

Algo de esto se habló en el último coloquio de IDEA, realizado en octubre en Mar del Plata, y donde –para sorpresa de muchos– fue el economista y consultor Emmanuel Álvarez Agis (ex viceministro de economía de Cristina Kirchner) quien aseguró que la reforma laboral ya es un hecho: “No hay trabajo de calidad, la economía no los genera”, afirmó.

Los concurrentes a IDEA también coincidieron en que no es necesario una reforma de fondo, sino que bastaría con una adaptación de las actuales leyes laborales, readecuando los contratos a la actual demanda.

Y en este punto es donde la biblioteca está dividida.

En 2017, el Sindicato del Petróleo y sus trabajadores suscribieron a una modificación del convenio colectivo de Vaca Muerta, discutido durante seis meses por gremio y explotadora, que proponía, entre otros puntos, incorporar un cuarto operario de boca de pozo y dos operarios adicionales para operaciones especiales, todos bajo contratos especiales.

Eso, que para la mitad fue “flexibilización laboral”, para el resto fue oportunidad. ¿El resultado? Llegado 2019, Neuquén había sido la única provincia en generar empleo privado, superando los ocho mil contratos. La mitad se firmaron gracias a ese convenio.

Unilever, multinacional que fabrica productos de higiene, cuidado personal y tiene bajo su paraguas primeras marcas de la industria alimenticia; fue una de las primeras en implementar la reducción de la jornada laboral.

Desde octubre, Unilever implementó en Argentina una semana laboral de cuatro días una vez al mes para sus empleados administrativos y se convirtió en la primera filial de la compañía en Latinoamérica en lanzar esta iniciativa, que alcanza a más de 1.200 trabajadores.

Este modelo ya fue utilizado con éxito por otras empresas en otros países, como la filial japonesa de Microsoft, redujo la jornada de sus empleados a cuatro días y 32 horas semanales (8 horas por día) durante cinco semanas. Tras la prueba, constataron que la productividad de la empresa había crecido casi un 40 por ciento.

Es cierto que una jornada laboral reducida no necesariamente contribuye a la generación de empleo, pero sí podría ayudar a una mejor distribución social del trabajo. Pero si a eso se le suman nuevas herramientas para potenciar la creación de empleo, la rediscusión de convenios para lograr trabajo formal, contratos de responsabilidad cumplimentable entre empleador y empleado y reconversión de la informalidad para que el sistema previsional comience a respirar con más holgura, buena parte del camino estará desandado.

Seguir leyendo: