La espera latente del sector energético

El sector energético pasa por un momento que podemos llamar de espera latente. Con cierto optimismo, pero también con cautela ante los acontecimientos.

Esa actitud se debe, fundamentalmente, a cuatro aspectos de la actualidad: un mundo en conflicto y cambiante, una macroeconomía doméstica deteriorada, una microeconomía que corre (casi) la misma suerte y la posibilidad cierta de un cambio de administración dentro de doce meses.

Desde el punto de vista económico, fuera de Argentina existen diversas realidades que van desde alta inflación, para los estándares internacionales, precios altos de la energía, temores de recesión generalizada, altas tasas de interés y ciertos cambios en los patrones de consumo energético observados principalmente en Europa que, en principio, podrían ser mayormente temporarios.

En este sentido, es importante entender la diferencia entre nivel y variación en los precios energéticos. Mientras se ubican en niveles altos, principalmente el gas, lo cierto es que han dejado de crecer de manera violenta como sucedió desde finales de 2021. El primer punto es, entonces, que el planeta se encuentra en un momento que puede definirse como “de incertidumbre, estancamiento en países desarrollados, inflación y precios altos de la energía”.

Nótese la diferencia entre esta situación y un proceso de recesión con inflación. Por el lado de la macroeconomía argentina, las pocas novedades no son del todo auspiciosas. Noticias consideradas buenas son, en realidad, acciones forzadas, y no del todo genuinas, por una situación de fragilidad que ya no puede sostenerse por demasiado tiempo. Además de ser, desde luego, políticas que el mundo ha adoptado desde hace décadas como deseables ante turbulencias económicas. La referencia es a un aparente mayor control fiscal y crecimiento moderado de la base y de los agregados monetarios.

Sin embargo, el gobierno se las arregla para emitir de manera no convencional (dólar soja, por ejemplo) y esconder algunas obligaciones fiscales bajo la alfombra (deuda de Cammesa). Quizás este último punto sea considerado auspicioso dado el pasado reciente. La macroeconomía del país podría pensarse como “lo suficientemente deteriorada para no tomar decisiones”, con un aporte importante del FMI en la dinámica.

Por el lado de la microeconomía hay algunas iniciativas que, aunque insuficientes, tienden a seguir el camino correcto. Podría decirse aquí que “la desconfianza reina pero no gobierna”. Si bien sigue el incumplimiento de contratos, que ya lleva 20 años, y la intervención injustificada e inconclusa de los entes reguladores, hay ciertas medidas que se asemejan al camino hacia una normalidad que quiebran solo un poco el modelo de congelamiento tarifario injustificado vigente entre 2003-2015 y 2019-2022.

Entre ellas se cuenta la celebración pronta de Revisiones Tarifarias Integrales, para la cual ya salieron las convocatorias a audiencias, y el comienzo de la aplicación de la segmentación tarifaria por niveles de ingreso que intenta acercar el precio que pagan los hogares por la energía al costo de generarla. Es necesario un alto en el camino para concentrar el análisis en la política tarifaria actual que es ciertamente algo anárquica.

Es cierto que la segmentación planteada es compleja de implementar y de entender, está plagada de inconsistencias, tiene errores de aplicación que ya han costado dichos, desdichos y contratiempos y no tiene en su diseño un mecanismo de coordinación federal para reducir asimetrías. Sin embargo, hay un punto importante que se debe resaltar: el esquema implica, aunque tímidamente, que los consumidores residenciales comiencen a tener noción del valor de la energía. Esto no sucederá en todos los segmentos, pero sí en aquellos donde pueden verse cambios en el patrón de consumo con mayor claridad.

Ante estos acontecimientos, que son muy escasos, es necesario responder una pregunta esencial ¿qué ritmo hay que seguir en materia de política tarifaria? Me aventuraré a asegurar que se debe descartar una política de shock tarifario, inmediata o no, por varios motivos.

El primero es que el llamado “fallo Cepis” (por el cual la Corte Suprema, ante un amparo interpuesto por el Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad, Cepis, forzó al gobierno de Mauricio Macri a celebrar Audiencias Públicas, con participación de los usuarios, antes de aumentar las tarifas) acota cualquier política de shock debido al establecimiento de jurisprudencia.

El segundo es que se ha iniciado un aparente camino de normalización timorata que no es deseable detener, aunque si corregir.

El tercero es que no está tan claro que los precios internacionales de la energía, que determinan los costos, sigan escalando con la velocidad de meses atrás, de modo que el “techo” dejaría de ser inalcanzable por los precios.

Y el cuarto es que una política de shock podría echar por la borda el frágil consenso de necesidad de continuar un proceso de normalización de tarifas.

En este sentido, dada las condiciones macro, es posible que el costo del capital no colapse en el corto ni en el mediano plazo con un eventual cambio de gobierno. Sí puede bajar, y eso es siempre deseable. Por otra parte, el crecimiento de los precios y tarifas domésticas de la energía medidos en dólares lograría achicar la cuenta de subsidios que, por otra parte, hoy son parcialmente convertidos en deuda.

Con el costo de capital bajando, los precios que paga la demanda subiendo y un mejor marco regulatorio (aún en stand by) debería esperarse un proceso de inversión genuino. Por el momento, todas estas iniciativas son insuficientes y contradictorias. Sin embargo, es un punto de partida que hay que corregir y profundizar en todas sus dimensiones: mejorar el marco regulatorio, normalizar las instituciones intervinientes, cumplir con las Revisiones Tarifarias, gestionar la deuda oculta en gas y energía eléctrica y acercar el precio que paga la demanda al costo de la energía hasta donde la situación socio-económica lo permita y con focalización en la demanda vulnerable.

Esta es la espera latente, un momento en el cual no es posible demorar decisiones en la política económica mientras asoman las propuestas de una posible próxima administración. Es también tiempo de iniciativas en la microeconomía que, aunque insuficientes y algo contradictorias, no dejan de ser interesantes.

Un cambio de gobierno por sí sólo puede mejorar expectativas, pero no serán de mucha utilidad si no existen decisiones concretas tomadas a la par. La espera latente, con cierto optimismo, solo puede capitalizarse positivamente si esas decisiones se efectivizan y mucho más positivamente si se logra un cierto consenso en la dirección que se debe tomar.

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