La seguridad es uno de los aspectos que más le interesan y preocupan a los argentinos, donde uno de los puntos discutibles es la participación o no de las Fuerzas Armadas en la solución de estos problemas.
Prevalece una confusión conceptual en definir y distinguir seguridad y defensa, es menester comprender que la seguridad es una situación relacionada con el bienestar y la ausencia de riesgos y la defensa es la acción para alcanzar, recuperar y/o mantener esa situación.
La seguridad pública
La seguridad se da en distintas dimensiones, así podemos distinguir la seguridad pública o ciudadana, que contempla el mantenimiento de la situación de orden, reflejado en el respeto y cumplimiento de las normas de convivencia, sean desde cerrar la llave de gas en el domicilio, el respeto de las normas de tránsito, de la propiedad privada, la gestión financiera e impositiva transparente y legal, el adecuado ingreso y egreso de las personas por las fronteras, etc.
Todas ellas, son situaciones que obligan al Estado disponer la capacidad de reaccionar en los distintos niveles de gobierno, sea municipal, provincial y/o nacional, para asegurar y recuperar la convivencia social en paz y armonía entre los habitantes. Sintéticamente se trata de mantener una adecuada vida en sociedad y de reaccionar eficientemente ante aquellas violaciones de la ley y a la seguridad ciudadana.
La seguridad pública requiere de decisión y convicción política, de un adecuado sistema de inteligencia y la acción competente de las fuerzas policiales y de seguridad.
La seguridad de la Nación
Otra dimensión de la seguridad es la situación relacionada con la conservación de la integridad nacional, el ejercicio de la soberanía del Estado y la libertad de las personas en su espacio terrestre, marítimo, aéreo, electromagnético y cibernético.
La seguridad de la Nación requiere una actitud estratégica proactiva para concebir y prever, organizar y conducir la Defensa de la Nación, acorde con los escenarios internacionales donde se visualicen los riesgos amenazas y la previsión permanente de la participación armónica de todos los estamentos y organizaciones de la Nación.
En ese marco, la Defensa Nacional (DN) trasciende el uso de las fuerzas militares, requiriendo la integración de todos los componentes de la Nación, bajo la conducción del Presidente de la Nación.
La Defensa Nacional requiere planeamiento estratégico, conducción, liderazgo y acción de la fuerza militar junto a la participación y reciproca complementación de los organismos públicos y privados afectados a la DN.
Una dicotomía insustancial
En Argentina existe el error de relacionar esquemática y linealmente la seguridad externa con la DN y las FFAA y por otro lado la seguridad interior con las fuerzas policiales y de seguridad.
Sin embargo, es válido una relación y diferenciación entre la seguridad pública y la seguridad nacional, por pertenecer a una misma categoría, pero a diferentes dimensiones o nivel.
La categoría geográfica para diferenciar las funciones de seguridad interior y exterior surgió en Argentina con la finalidad de solucionar políticamente al antiguo problema de la existencia del “Partido Militar”, mediante la inclusión de dicha herramienta en el marco legal de las leyes de Defensa Nacional, Seguridad y de Inteligencia,
Si bien dicha solución cumplió su finalidad, insertando las FFAA al sistema democrático y republicano, lo fue a un costo desproporcionado por el debilitamiento casi suicida en la incapacidad de defensa que alcanzó Argentina.
La verdadera encrucijada es definir si los problemas de inseguridad son de índole de seguridad nacional o de seguridad pública; si los riesgos y amenazas se relacionan con el ejercicio de la soberanía, la libertad de los hombres nos encontramos ante una situación de inseguridad nacional que requiere la función de Defensa, en la cual la responsabilidad primaria es de las FFAA. Y cuando es afectada la seguridad / convivencia entre la ciudadanía, son las fuerzas policiales y de seguridad las que deben mantener o restablecer el estado de orden donde se haya alterado.
En pleno siglo XXI deberíamos comprender que la seguridad de la Nación requiere del control soberano de los espacios marítimos, aéreos, terrestre, ciber y electromagnético, así como la asignación de la responsabilidad primaria a las Fuerzas Armadas de la Defensa Nacional.
Definiciones y decisiones necesarias desde “la Gran Política”
La Nación requiere de una dirigencia conducida por lideres resueltos y arrojados con capacidad de observar la situación global, regional, nacional y adoptar las decisiones correctas.
No se trata de disponer de fuerzas distintas para la Defensa Nacional externa o interna, el abordaje integral de la seguridad impone asumir un enfoque holístico que contemple los inéditos escenarios que involucran a la DN con la participación de las Fuerzas Armadas, siempre asumiendo las previsiones legales y la de otras agencias, atentos al carácter multifacético de la seguridad, que puede ser afectada por la acción de otros países o actores por medio de sus ejércitos, ataques nucleares, cibernéticos, creando o potenciando conflictos indigenistas o por nuevos caballos de troya, como el narcoterrorismo.
La dirigencia Argentina debe esforzarse en definir por medio de análisis inteligentes, alejados de especulación política, la naturaleza de los problemas, así por ejemplo tomando los dos casos icónicos, la inseguridad por el narcoterrorismo en Rosario y el problema indigenista en la cordillera de los Andes, le corresponde definir el problema y orientar la solución:
Si el origen es la “banda de los monos” nos encontramos ante un problema de Seguridad Pública, a resolver por las fuerzas de seguridad y policiales, las cuales pueden recibir apoyos de otras agencias.
Si el origen son las FARC y los gobiernos con quien ellas pudieran estar relacionados y/o asociados, el problema es de seguridad nacional y requiere de la DN y por ende involucra a las Fuerzas Armadas.
En el caso “mapuches”, si el problema son los escasos mapuches o seudo mapuches apoyados por antiguos terroristas, circunscripto al ámbito exclusivo de la Nación, nos encontrarnos ante un problema de Seguridad Pública.
Pero si relacionamos el problema mapuche con el gran número de ellos existente en la República de Chile, que en sus pretensiones requieren territorios de la República Argentina, e incluso cuentan en su reclamo con el beneplácito de dirigentes del país vecino, nos encontramos ante una amenaza que requiere de la D N.
A más de 30 años de sancionadas las actuales leyes de Defensa, Seguridad e Inteligencia y en el marco de la creciente aceleración que toman los cambios en todos los órdenes, especialmente en el internacional y regional, es imperioso revisar las normas que fijan el rol de las Fuerzas Armadas.
Sería una peligrosa hipocresía mantener la actual Ley de Defensa que permita en ciertas circunstancias el empleo de las Fuerzas Armadas en procedimientos de seguridad, mientras la Ley de Seguridad les prohíbe organizarse, equiparse y adiestrarse para ello. ¿Cuáles serán los resultados y consecuencias de ese eventual empleo sin la preparación, capacitación y equipamiento adecuados?
Tampoco se puede mantener el actual sistema de Inteligencia. Solo con imaginar un boxeador defendiéndose con los ojos cerrados, para concluir sobre su imperiosa revisión y ajuste.
Síntesis
La realidad es. El sentido común no transita en el empleo o no de las Fuerzas Armadas en determinadas circunstancias, sino de dimensionar la naturaleza y profundidad del problema y de dotar y no privar al Presidente y a la Nación de los recursos y las fuerzas para la defensa común. En un mundo caracterizado por las guerras híbridas, donde confluyen operaciones militares clásicas con actividades del crimen organizado como actores de esas guerras, requiere de las capacidades de todos los componentes de la Nación, armoniosamente integrados, complementados y conducidos. Dejándose de lado la tensión entre las necesidades y exigencias que imponen los nuevos riesgos y amenazas con los tradicionales.