Un llamado a un Pacto de Solidaridad Climática

Tras los efectos de la pandemia que paralizó el mundo, en medio de un conflicto bélico y de una triple crisis ambiental, se está realizando la Cumbre de Naciones Unidas de Cambio Climático, denominada COP27 (Conference of parties) bajo el lema “Juntos por la implementación”.

A pesar del compromiso internacional para limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, varios de los líderes de los países más contaminantes del mundo –China, Rusia e India- no estuvieron presentes. El presidente estadounidense Joe Biden arribó días más tarde.

El presidente de Argentina tampoco acudió a la cumbre, ni el Ministro de Ambiente. Al frente de la comitiva se encuentra la Secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini; la acompañan funcionarios de Ambiente, Cancillería y otros ministerios. Los principales anuncios giraron en torno a la presentación del nuevo Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y de la Estrategia a Largo Plazo.

La parte negativa de esta cumbre es que se está desarrollando en un contexto de falta de ambición para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los países desarrollados. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, las emisiones de CO2 deben reducirse en un 45% para 2030, en comparación con los niveles de 2010, para cumplir el objetivo central del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados para finales de este siglo. Esto es crucial para evitar los peores impactos del cambio climático, como sequías, olas de calor y lluvias más frecuentes y severas.

Los países del norte global tampoco muestran disposición para cumplir con la promesa de movilizar conjuntamente los 100.000 millones de dólares anuales que eran para el año 2020 con el fin de atender a las necesidades de los países en desarrollo. Por el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” todos los países son responsables de actuar ante el cambio climático, pero hay diferencias históricas respecto de cuánto han contribuido algunos países y son estos (los más emisores, los desarrollados) los que deben ayudar a los otros países (los menos emisores, los en desarrollo) para que puedan implementar sus políticas de acción climática, para que “nadie quede atrás” según el lema de la Agenda 2030. La pandemia fue en 2020 una excusa perfecta para no realizar la transferencia durante la COP27 en Glasgow, al tiempo que demostraba que no parecía haber un problema de escasez de recursos sino de elección de su distribución en función del grado de emergencia con el que se consideraba cada problema.

En la apertura, el Secretario de Naciones Unidas ha sido contundente ante los jefes de estados que estamos ante una “crisis de confianza”. Este es el desafío de esta COP27, reconstruir la confianza entre países y avanzar en la definición de una nueva meta de financiamiento.

Por otro lado, también tenemos avances: por primera vez en una COP27 fue incluido en la agenda de trabajo la necesidad de conformar un mecanismo que, bajo el marco de la Convención, destine financiamiento exclusivamente a pérdidas y daños para todo país que lo necesite. China anunció que estaría dispuesto a contribuir, lo cual fue sorpresivo porque tiene la categoría de país en desarrollo, desde la que se ha amparado para exigir responsabilidad a los desarrollados. Pero también es el país más emisor de gases de efecto invernadero, rol por el cual los países desarrollados le exigen que contribuya en el financiamiento.

Otro aspecto positivo es la intención de unir de América Latina y el Caribe como un bloque único en las negociaciones. Es un desafío por las diferentes circunstancias nacionales, pero tienen una meta común. Esta COP27 es una oportunidad; los primeros pasos lo dieron los países de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) al presentar una posición común en la necesidad de recibir financiamiento para acelerar la acción climática en sus territorios. El documento incluye el canje de deuda financiera por acción climática y conservación de la naturaleza, tema que comienza a esbozarse pero que parecería no interesar ni al Banco Mundial ni al Fondo Monetario Internacional.

Se ha subrayado la necesidad de actuar rápido para garantizar la seguridad alimentaria

Según un informe de la FAO, en el mundo más de 828 millones de personas sufren inseguridad alimentaria y en latinoamerica más de 267 millones de personas. La Agricultura es un ítem con agenda propia dentro en la Convención de Cambio Climático, en función de su particular vulnerabilidad al cambio climático y de su íntima relación con la seguridad alimentaria.

Desde 2017 viene desarrollándose un programa de trabajo denominado “Labor Conjunta de Koronivia sobre agricultura”, que busca reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático, proteger la seguridad alimentaria y los medios de vida de miles de millones de personas al tiempo que se preservan los recursos naturales y se procura el aumento de la productividad. Fue una oportunidad para que los países compartan sus experiencias y programas nacionales de cambio climático.

Se acaba de terminar el borrador final del programa Koronivia. Se está negociando una plataforma para la agricultura bajo la convención donde los estados puedan recibir ayuda técnica y financiera para desarrollar sus proyectos de construcción de resiliencia en el sector de agricultura. Se espera definiciones dentro de esta COP27.

Están tensas las negociaciones sobre los mercados de carbono del artículo 6 por lo cual se estima que no se terminará en esta cumbre.

Mientras tanto, las voces de la sociedad civil exigen acción climática con justicia mientras marchan con el tradicional cántico que se repetirá hasta que se haga realidad:

¿Qué queremos? Justicia climática.

¿Cuándo la queremos? Ahora.

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