Vivimos en un mar de incertidumbres. Se trata de un fenómeno global que se potencia en la Argentina, abrumada por problemas y crisis recurrentes con los que convivimos desde hace décadas. Niveles de pobreza extendidos a amplios sectores de la población, alta inflación, inseguridad y corrupción generan sensaciones de frustración colectiva y un gran desprestigio de la dirigencia. La desvalorización se extiende a las propias instituciones democráticas y las pone bajo severo cuestionamiento.
En ese contexto, mientras la distancia entre la agenda de quienes gobiernan o pretenden acceder al gobierno y la de la sociedad es cada vez más alarmante. Un grupo de ciudadanos, sin identificación partidaria, comprometidos con lo público y el bien común, ha obtenido, en base a un esfuerzo sostenido, logros importantes para la transparencia y para la democracia misma.
Hablamos del movimiento Ficha Limpia, que reclama algo tan sencillo y justo como que no puedan postularse a cargos electivos quienes hayan sido condenados por delitos dolosos, en particular los de corrupción. La iniciativa comenzó hace más de 4 años y recibió la adhesión de casi 430.000 personas en el sitio web Change.org.
Inicialmente pensado para el nivel nacional, el proyecto llegó a la Cámara de Diputados pero no alcanzó quórum para ser tratado en el recinto. Lejos de desanimarse, los impulsores de Ficha Limpia desplegaron su tarea a lo largo y a lo ancho del país, presentando peticiones ante las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes de los municipios, trabajando cuerpo a cuerpo para convencer a legisladores y concejales de la necesidad de la iniciativa.
El resultado logrado hasta ahora impacta en seis provincias: Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan y Santa Fe que ya incorporaron Ficha Limpia a sus normas electorales. Decenas de ciudades hicieron lo propio dentro de su régimen municipal, entre ellas varias de población significativa como Bahía Blanca, Mar del Plata, San Isidro, Cañuelas, Pergamino u Olavarría. Más de ocho millones y medio de argentinos viven en jurisdicciones donde los condenados por delitos contra la sociedad ya no podrán ser candidatos.
Las normas locales no son idénticas pero todas mantienen la idea central de que quienes fueron juzgados y condenados en sede penal no puedan ser candidatos. Algunas, como es el caso de Mendoza, consideran suficiente una condena de primera instancia. Otras, impiden la candidatura de quienes hayan sido condenados en dos instancias, aunque la sentencia se encuentre recurrida. Todas las leyes provinciales se refieren a los delitos de corrupción; algunas agregan delitos contra la integridad sexual o comprenden a los delitos dolosos en general.
Las leyes provinciales fueron aprobadas, en todos los casos, por amplísima mayoría, es decir que representantes de distintos signos partidarios acordaron para avanzar en este sentido. Es que, planteado el debate ningún dirigente político puede afrontar el costo de oponerse a algo tan elemental como que alguien ya condenado por graves delitos pueda acceder a un cargo electivo.
El caso de Santa Fe es especialmente interesante. La ley de Ficha Limpia fue aprobada por unanimidad y amplía la lista de delitos inhabilitantes, para quienes pretendan ser candidatos, a los condenados en dos instancias, aunque la sentencia no esté firme, por delitos de corrupción, contra la integridad sexual, contra la libertad, por homicidio y a quienes sean deudores morosos de alimentos.
Para quienes se oponen a Ficha Limpia y alegan que sólo puede impedirse la candidatura luego de una sentencia firme, baste señalar que la ley vigente impide ser candidatos a los procesados por delitos de lesa humanidad. Con fundamento en la gravedad de esos horrendos delitos basta el proceso aunque aún no se haya alcanzado una condena.
Por otra parte, la Ley de Empleo Público nacional impide a quien esté procesado por un delito doloso incorporarse a la administración, es decir que basta un simple procesamiento -que apenas indica una presunción de culpabilidad a dilucidar en el proceso- para no poder ser empleado público.
En sentido concordante, hay que resaltar que la Constitución Nacional, en su artículo 36, asimila los delitos de corrupción a los atentados contra el régimen constitucional.
La sociedad, en su inmensa mayoría reclama, hastiada, justicia por los crímenes que los corruptos han perpetrado y perpetran contra todos y cada uno de nosotros. Los procesos por delitos de corrupción duran, en promedio, más de 14 años y el porcentaje de casos llevados a juicio es bajísimo. Es fácil comprender, entonces, lo necesario de contar con normas que, al menos, impidan a los ya condenados por esos crímenes acceder a la representación popular.
Ficha Limpia vuelve a demostrar la importancia de la participación en la vida pública y la coproducción entre funcionarios y ciudadanos de normativa para que el sistema democrático se revitalice, expresando los reclamos y anhelos de la sociedad.
En tiempos tan inciertos, cuando la angustia de grandes sectores sociales excluidos y la indignación del conjunto por la falta de horizontes y de solución a problemas históricos recurrentes pone en riesgo al Estado Democrático de Derecho, es indispensable recordar que, más allá de los innumerables defectos de la democracia, no existe en la historia humana un modo de convivencia mejor. El mayor mérito de la película “Argentina 1985″ que, por fortuna, atrae a millones de espectadores, por fuera de sus indudables atributos cinematográficos, es refrescar la memoria de los horrores que acechan cuando perdemos el marco civilizado democrático y retrocedemos al imperio de la ley del más fuerte, del poder concentrado en algunos mesiánicos, del signo que fueren.
Para enfrentar nuestros problemas de fondo hacen falta acuerdos amplios que conduzcan a políticas de estado y eso no es posible sin transparencia y participación ciudadana. En ambos aspectos, los que impulsan Ficha Limpia son un ejemplo a seguir. Se ha hecho mucho, falta mucho. La ley nacional de Ficha Limpia es una deuda pendiente de quienes pretenden ejercer la representación del conjunto de la ciudadanía.
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