La confianza en la estabilidad de las normas y de los precios eleva los ingresos de la sociedad

La magia del progreso estriba en acertar las cláusulas contractuales para transacciones crecientemente especializadas.

Cada adelanto comercial abre negocios mejores, los cuales se facilitan con la estabilidad de las regulaciones gubernamentales y de los niveles de precios generales.

En verdad, existe cierta correspondencia entre las mejores especificaciones normativas, la estandarización de precios y el PBI. Por el contrario, cada imposición de las autoridades exige recalcular negociaciones a multitudes de actores. Exacerbando conflictos, desperdiciando esfuerzos.

Lo mismo ocurre con la inflación y devaluaciones cambiarias. Las soluciones concebidas dependen de las instituciones vigentes; cada variación normativa perturba las retribuciones acordadas. De ahí que los continuos sacudones regulatorios, de precios y cambiarios insuman esfuerzos adicionales que empobrecen. Desquician negocios, reinstalando trabas que habían sido superadas.

Estando las destrezas individuales y tecnologías esparcidas entre los 8.000 millones de humanos que pueblan distintas geografías del planeta, las grandes brechas entre los ingresos promedio nacionales nacen de diferentes culturas, consensuando normativas duraderas.

Quienes hayan encarado los mismos trámites en diferentes lugares confirman trabas autóctonas. Requisitos sobran en los países rezagados, explicando las graduaciones nacionales del PBI, desde los USD 300 al año por habitante de Burundi y Sudán del Sur, hasta USD 100.000 de Irlanda y USD 90.000 de Noruega y Suiza. Una escalera continuada de estorbos vernáculos a las contrataciones, en los 190 países socios de FMI.

Para ponerlo negro sobre blanco. Los privados continuamente compiten para acordar las condiciones más favorables, persuadiendo a clientes, empleados y demás participantes.

Contra ese contexto, las modificaciones forzadas por funcionarios exigen ulteriores adecuaciones, entorpeciendo los acuerdos y recortando valores. Todas las reglas impuestas - las que no resultan de las transacciones voluntarias- devalúan los ingresos personales y encarecen los costos de oportunidad. El intento de favorecer a un sector altera costos, ingresos, del resto, contrayendo los patrimonios personales.

Más de la mitad de la población mundial reside en las jurisdicciones con regulaciones menos trasparentes; por eso generan apenas 10% del PBI mundial, con los menores ingresos. Faltos de libertades y con amplias variaciones entre ellas (una media de USD 300 a USD 6.650, entre los promedios nacionales extremos del grupo). Mientras apenas el 10% de los humanos, que habitan las naciones de normas estables y transparentes, genera 50% del PBI mundial y los mayores ingresos.

Dirigentes alteran normas para ganar adeptos, sin advertir que cada cambio impuesto, favorable para unos, empobrece a todos. Demostramos en notas en Infobae que las normativas forzadas contraen los patrimonios. Sólo las transacciones voluntarias de los afectados valorizan precisamente las propiedades, al competir satisfaciendo necesidades individuales.

La Argentina era una de las naciones más prósperas del mundo entre 1890 y 1920. Un siglo más tarde, en 1980, al inicio de la serie perspectivas económicas del FMI, el PBI por habitante todavía triplicaba la media mundial. En abrupta caída, el PBI por habitante iguala al promedio mundial de USD 13.400 anuales, en 2022. Terrible decadencia, propia de una sociedad sin normas duraderas, donde la competencia no puede funcionar.

Cuando preguntan ¿Qué país queremos? La respuesta debiera ser tajante: el país de la Constitución Nacional, con normas transparentes, duraderas, iguales, sin privilegios ni poderes especiales. Una sola moneda, el dólar, la preferida por los argentinos, comercializable libremente.

Los gastos estatales debieran generar beneficios superiores, similares a los privados en el margen. Habría que sustituir la desigual Coparticipación Federal de Impuestos por pagos parejos a cada habitante de las provincias; y privatizar todas las empresas; la persistencia de sociedades deficitarias con funcionarios ricos no debiera sostenerse a costa de la población.

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