Presupuesto 2023: la mala política fiscal es consenso

Como es sabido, el proceso sanción del Presupuesto 2023 un debate más amplio en términos legislativos que la mera asignación de partidas. En este sentido, este artículo enfatiza las características salientes de la política fiscal para el futuro inmediato.

La Ley de Presupuesto establece un límite al gasto y proyecta los ingresos a percibir por el Tesoro para el año entrante, en base a estimaciones cimentadas en los supuestos macroeconómicos. En este sentido, para el año que viene, la ley plantea un nivel de inflación del 60% (diciembre a diciembre) que, si bien es récord en este contexto, está muy por debajo de lo que se considera realista de acuerdo con el consenso profesional.

El 2022 cerrará con una inflación de alrededor del 100%, luego de un segundo semestre de aceleración con respecto a la primera mitad del año. Así, resulta poco creíble una baja sensible en un año que, entre otras cosas, tiene un proceso eleccionario decisivo.

¿Qué implica la subestimación de la inflación? En primer lugar, todos los montos estarán sesgados a la baja, de modo que los números reflejan algunas intenciones y líneas guía, pero no brindan precisión. En segundo lugar, la composición quedará librada a decisiones más o menos discrecionales que tomarán lugar durante el próximo año.

Según el proyecto, los ingresos aumentarán un 76,4%, mientras que los gastos lo harán un 71,6%, dejando como resultado un déficit global de 3,8% del PBI y un déficit primario de 2% del PBI, algo por debajo de lo esperado para el 2022.

Estos números se construyen a partir de una inflación que bajaría del 95% este año (seguramente sea algo mayor) al 60% el año entrante, lo cual arrojaría una inflación promedio del orden del 75% (esto no está en el proyecto de ley, pero es un número implícito en la misma).

En este contexto, el ajuste real de los gastos sería impulsado por la caída en las transferencias corrientes, es decir, subsidios. Las demás variables relevantes, a nivel agregado, responden al desempeño macroeconómico estimado.

En cuanto a los ingresos, bien sabido es que Argentina cobra muchos impuestos (y aun así no alcanzan para financiar el gasto que se ejecuta). También es sabido que, dentro de las opciones posibles, suele utilizar una combinación con consecuencias muy negativas, tanto en términos de incentivos a la actividad económica como en términos de equidad. En esta línea, las novedades en política tributaria para 2023 no generan demasiado optimismo.

El debate público se enfocó principalmente en la discusión sobre el Impuesto a las Ganancias de las personas humanas (de forma genérica y ahorrando discusiones carentes de sentido: el impuesto a la renta personal).

Este tributo que es, por excelencia, la herramienta tributaria que dota al sistema de mayor equidad vertical (“cobrar más a los que más tienen”) fue noticia por sus problemas de equidad horizontal (“tratar igual a los iguales”).

A la propuesta de eliminar el tratamiento preferencial del Poder Judicial no sólo se le respondió negativamente, sino que se le sumó una deducción especial para trabajadores del transporte terrestre de larga distancia. En adición, se sumó una nueva tasa a los pasajes aéreos, con asignación específica a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La lógica sugiere que la Argentina debería eliminar tributos, simplificar la matriz tributaria y quitar asignaciones específicas que subsidien ineficiencias estatales, en sentido contrario al espíritu de este artículo aprobado por el Poder Legislativo.

En cuanto al gasto, ya se mencionó cómo la subestimación de las pautas macroeconómicas llevaba a establecer montos de ingresos y gastos por debajo de lo esperado. Históricamente, la realización de ingresos por sobre lo proyectado implicó que el Poder Ejecutivo pueda asignar de forma discrecional, vía decreto, las partidas de gasto adicionales.

El articulado en vías de sancionarse propone evitar esto a partir de una cláusula que obliga a discutir en el Congreso la creación de partidas nuevas, toda vez que, al 31 de agosto, o bien los ingresos superen en un 10% la pauta inflacionaria anual, o bien el aumento de recursos supere en un 10% los establecidos para todo el ejercicio.

Sin embargo, dicha cláusula sólo será operativa ante un escenario donde la inflación de 2023 sea largamente superior a la del presente año (aproximadamente, superando el 120% anualizado). Caso contrario, el Poder Ejecutivo dispondrá de amplios márgenes de discrecionalidad sobre el presupuesto el año entrante.

El desbalance fiscal y sus consecuencias sobre el desempeño de la economía argentina son bien conocidas. Reducir el déficit fiscal es, indudablemente, costoso para cualquier país. Sin embargo, no todos los países tienen desequilibrios como el que tiene la Argentina.

Así, cuando se compara el desempeño fiscal a partir de la pandemia, se observa que los demás países de la región han hecho una consolidación de las cuentas públicas bastante más ambiciosa que la hecha aquí.

Incluso cuando el punto de partida de aquellos, en términos de deuda acumulada y acceso al financiamiento, era evidentemente menos complejo, haciendo que el ajuste sea menos urgente.

El gráfico muestra cómo los países de la región recibieron el Covid-19 en condiciones de leve déficit primario (con las excepciones de México en el extremo positivo y Chile, en el sentido opuesto). En 2020, y con las medidas de alivio fiscal, todos empeoraron su resultado.

Lo que es llamativo es el comportamiento que tuvo Argentina a partir de 2021, cuando los países eliminaron el “gasto Covid-19″ (en el caso doméstico, unos 4 puntos del Producto Bruto Interno). De acuerdo con los registros y proyecciones del FMI, más temprano o más tarde, todos los países buscaron encauzar sus finanzas públicas. Todos, menos Argentina.

Podemos concluir que, cuando un presupuesto propone sostener desequilibrios fiscales (de cara a un año electoral que podría dar lugar a un cambio de gobierno), y es apoyado por la mayoría del Congreso, todo parece indicar que el déficit fiscal es una política de Estado.

Esta nota es un anticipo de la publicación Indicadores de Coyuntura 647 que elabora la Fundación FIEL

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