El miércoles de esta semana podría recibir media sanción en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley para darle rango constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como la Convención de Belem do Para, por el nombre de la ciudad brasileña donde fue elaborada, en junio de 1994.
Bajo la bandera de los derechos de las mujeres, esta Convención busca introducir en los Estados firmantes políticas que atentan contra la integridad de la comunidad, la familia y la vida.
Contra la comunidad, porque detrás de la consigna de “erradicar la violencia contra la mujer”, se esconde, necesariamente, el prejuicio de pensar que el hombre es el violento. Si existe algo como la “violencia contra la mujer”, quien la ejerce, no puede ser otro que el varón. Por lo tanto, en la base de la comunidad no hay armonía sino un enfrentamiento en el que el Estado y, peor aún, los organismos supranacionales, deben intervenir.
Como consecuencia de este postulado, hay una ruptura dentro de la familia. Los roles que cada uno desempeña en ella son presentados siempre como un vínculo que es en detrimento de la mujer.
Finalmente, se atenta contra el derecho a la vida. Una vez que se ha logrado, con la legalización del aborto, “convertirlo” en derecho, cualquier mecanismo que impida o incluso disuada a una mujer de acceder a esa práctica será considerado con un acto de violencia.
No importa si lo que lleva en su vientre es una niña; tampoco importa, por ejemplo, que sea una médica mujer la que manifieste objeción de conciencia para llevar adelante la práctica del aborto.
Vemos que, cada vez con más frecuencia y descaro, solamente se defienden los derechos de las mujeres que adhieren a esta perspectiva ideológica. Sin embargo, esto no debería sorprendernos, ya que la propia Simone de Beauvoir afirmaba que, por ejemplo, “no debería autorizarse a ninguna mujer a quedarse en su casa para cuidar a sus hijos”. Y agregaba: “La sociedad debe ser totalmente diferente. Las mujeres no deben tener esa opción, porque si esa opción existe, demasiadas mujeres decidirán por ella.”
Este no es el primer intento de darle rango constitucional a la Convención de Belem do Pará en nuestro país. Los últimos intentos, en el año 2020, habían sido presentados en el Senado, pero no consiguieron la media sanción y por lo tanto perdieron estado parlamentario. Ahora, se busca lograrlo desde la Cámara de Diputados en la que hay ni más ni menos que 10 proyectos presentados con ese fin y que llevan la firma de legisladores de todo el arco político.
Nos encontramos nuevamente en presencia de un Caballo de Troya. Esperemos que, esta vez, quienes dicen defender la vida y la familia, no se hagan los distraídos.
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