2019-2023: una etapa de menor integridad

Las políticas de ética y sostenibilidad intra administración pública aún brillan por su ausencia sistémica y eso se refleja en la calidad de las políticas públicas por falta de integridad.

Poco se ha avanzado en lograr políticas consecuentes entre la política de empleo público y los estándares de integridad y sostenibilidad que poseen consensos internacionales respecto de qué debemos hacer en la materia.

A modo de ejemplo, aún no avanzó la nueva ley de ética pública, se debate de modo lento la nueva ley de datos personales y no se encuentra trabajando de modo articulado el organismo encargado de la coordinación para superar los últimos indicadores 2021-2022 sobre desempeño en relación al cumplimiento de los ODS 2030. A estos efectos sólo se podría llegar a sancionar las nuevas normativas pero no en todos los casos implementar la reglamentación.

En términos de aplicación de políticas de transparencia sólo hay para mostrar resultados parciales y de algún modo arbitrarios en materia de transparencia activa y el nuevo RITE o Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades en donde en buena medida el esfuerzo lo hace el sector privado para adecuarse a la normativa vigente. Estas iniciativas se encuentran en proceso aún de desarrollo y prueba plena por los déficit de la administración en sus cuerpos gubernamentales y en la capacidad de administración de datos de modo adecuado.

En un sentido inverso, poco ha mejorado en celeridad y publicidad para dar a conocer y educar en formación cívica el registro de audiencias públicas de funcionarios del Estado a modo de ejemplo. En esta materia la publicidad del gobierno es nula lo cual no resulta llamativo cuando se suele dar muestra de bajo apego a principios y valores republicanos.

Lo que no se ve a la fecha, y ya transitando un tercio del gobierno de Alberto Fernández, es la falta real de compromiso y articulación en materia de transparencia con áreas sensibles como desarrollo sostenible, juventud y educación. Demás está decir que si aplicamos esta perspectiva a otras áreas de gobierno, nunca desde ya, la transparencia y ética fueron parte de los discursos de apertura del presidente en la asamblea legislativa dando muestra que no son por tanto políticas prioritarias de Estado para esta época de gobierno.

Por esto, si bien todas las áreas de políticas públicas se vuelven sensibles en una sociedad en latente estado de crisis también se vuelven críticas las políticas de transferencias de fondos desde nación a las provincias que luego impactan en la sociedad civil en su efectividad a la hora de resolver problemáticas. A esto, se debe sumar cierta opacidad en la acción del control oportuno y meritorio en la rendición de cuentas de los sujetos obligados a rendir los fondos receptados ya sea por parte de las provincias, municipalidades, entes o incluso ciudadanos. En esto también es deficitario el desempeño de la administración.

Difícil resulta entonces avizorar un presente y futuro mejor desde las políticas aplicadas a la fecha por todo lo anterior y aún menos si pensamos entonces en un Estado ISO 37.301 -políticas anticorrupción- o índices GRI -para registro y memoria de sostenibilidad- con análisis de triple impacto -ASG o ambientales, sociales y de buen gobierno- y alineado a la mejora en los objetivos de los indicadores de la Agenda 2030 -Objetivos de Desarrollo de Sostenibilidad- de Naciones Unidas, cuando tiene problemas de fondo en su articulación y un presupuesto general que no se cumplirá nuevamente por las variaciones en materia de financiamiento del gasto con déficit crónico e impacto sistemático sobre la macro y microeconomía y todo intento de planificación para el resto de la sociedad.

Finalmente, para muestra entonces bastan tres ejemplos extremos pero claramente ejemplificadores: el caso de ineficacia en las políticas de la mesa del hambre, la ineficacia en tiempo y forma para obras estructurales en energía y gas, y en las políticas transversales de sostenibilidad en la propia administración pública con un gasto energético y un huella de carbono aún no mitigada de modo previsible y adecuado a los tiempos y exigencias para las nuevas generaciones.

El resultado entonces, de esta etapa de gobierno ya tiene un resultado con déficit en su “inteGRIdad” y con triple impacto negativo.

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