Toda la energía del oficialismo está hoy destinada a intentar su supervivencia, tanto para finalizar su mandato con la menor cantidad de turbulencias, como para garantizarse un futuro más allá de las elecciones de 2023. Lejos está de preocuparse por presentar propuestas, ideas o dar lineamientos políticos que permitan encontrar soluciones que den aunque sea un poco de respiro a la grave situación de millones de argentinos sumidos en la pobreza, solamente se preocupan y ocupan de cuestiones de política agonal, es decir, tratar de ganar las próximas elecciones y eternizarse en poder.
Un claro ejemplo en el orden provincial es la decisión de Sergio Uñac, actual gobernador de San Juan, que luego de eliminar las PASO, logró sancionar un nuevo Código Electoral donde estableció la posibilidad de la competencia sin límites en la categoría de Gobernador dentro de un partido o alianza debiendo para ello presentar listas de postulantes a intendentes en al menos diez departamentos. Así, cada subagrupación podrá presentar más de un candidato a una Intendencia y cada uno de ellos debe tener una sola lista de concejales. En definitiva, estamos hablando de una “ley de lemas”, detrás de la cual se esconde además el agregado que esta reforma lo habilita para un nuevo mandato al frente de la provincia.
Pero esta situación no se circunscribe tan solo a San Juan. Ahora, en Tucumán, donde el –por ahora- Jefe de Gabinete de Ministro Nacional, Gobernador con Licencia Juan Manzur, mediante una acción de amparo sostiene que existe una discriminación lesiva a sus derechos humanos básicos debida a la omisión normativa constitucional arbitraria e ilegítima, que no contempla la posibilidad de que el actual gobernador pueda ser candidato a vicegobernador en las próximas elecciones provinciales para dicho cargo, a verificarse durante el proceso electoral correspondiente al año 2023.
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Dentro de los fundamentos, Juan Manzur entiende que la imposibilidad de presentarse como candidato a Vicegobernador arrasa con el ejercicio de sus derechos políticos, entendiendo que ninguna norma o regulación normativa no puede consagrar inequidades o afectación del ejercicio de los derechos políticos. Sosteniendo que “la construcción de políticas de estado, de procesos previsibles que aporten seguridad jurídica, que fortalezcan las instituciones de nuestras democracias, que permitan enfrentar los desafíos actuales exigen la posibilidad del ejercicio del cargo de vicegobernador de conformidad a pautas reales y razonables”.
Estos argumentos colisionan con lo expresado por la Comisión Europea para la Democracia cuando expresa que “los límites a la reelección representan entonces un medio para reducir el peligro del abuso del poder por el jefe del poder ejecutivo”, fundamentando de esa manera los mandatos limitados porque aporta al pluralismo de ideas, elimina la hegemonía y la perpetuación en el poder, por lo tanto, a nuestro entender, esta trampa, solo busca debilitar las instituciones republicanas, que no permite la renovación dirigencial e interrumpe la oxigenación del sistema político, permitiendo la eternización en el poder, desvirtuando así el sistema institucional.
La Corte Interamericana en la Opinión Consultiva 28/21 dijo: “En una democracia representativa es necesario que el ejercicio del poder se encuentre sometido a reglas, fijadas de antemano y conocidas previamente por todos los ciudadanos, con el fin de evitar la arbitrariedad”. Para continuar sobre el tema de la reelección expresó: “La prohibición de mandatos indefinidos busca evitar que las personas que ejercen cargos por elección popular se perpetúen en el ejercicio del poder. (…) La perpetuación de una persona en el ejercicio de un cargo público conlleva al riesgo de que el pueblo deje de ser debidamente representado por sus elegidos, y que el sistema de gobierno se asemeje más a una autocracia que a una democracia. Esto puede suceder incluso existiendo elecciones periódicas y límites temporales para los mandatos”.
No es casual que definiciones como estas se repitan en provincias donde imperan modelos clientelares, donde la cooptación a los poderes legislativos y judiciales, y la asfixia a los medios de comunicación independientes son una norma. Un Estado feudal, comandados por oligarquías políticas, que no solamente quiebran la convivencia democrática, violan normas constitucionales y convencionales, afectan la seguridad jurídica y principalmente sumergen en la extrema pobreza a sus ciudadanos. No falta algún trasnochado que sueñe replicar ese modelo a la totalidad del país y ante ellos debemos responder con aquella frase de Simón Bolívar: “Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo, de donde se originan la usurpación y la tiranía”. Es nuestra obligación ponerle freno.
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