¡Estoy esperando el debate en el Senado del Presupuesto Nacional 2023 porque se trata de la discusión de las políticas públicas, del modelo de país que queremos!
Me preocupa y ocupa mucho la creciente masa millonaria de recursos que se destina a fondos fiduciarios. Son recursos de los que, actualmente, disponen distintos organismos del Poder Ejecutivo Nacional y que, si bien este año están incluidos en el Presupuesto Nacional, no están alcanzados por la Ley de Administración Financiera, lo que implica que quedan afuera de los imprescindibles controles de la Auditoría General de la Nación.
Estos gastos no son controlados, ni auditados por el Poder Legislativo, son fondos que son administrados a discreción y voluntad del Poder Ejecutivo, por lo que se prestan a un uso peligrosamente arbitrario.
Digo “masa millonaria” porque para el año 2023, según el proyecto presentado, superará el billón de pesos. En definitiva, el Presidente y sus ministros podrán gastar $1.070.310.484.259 (6.269 millones de dólares) sin tener que rendir cuentas a nadie y solo según a ellos les parezca, es decir, sin ningún modo de verificar públicamente ni la oportunidad ni la eficiencia del gasto.
Cuando asumió, el año pasado, Silvina Batakis dijo: “Todos los organismos del sector público nacional tienen que estar contemplados en el manejo eficiente del presupuesto y de las erogaciones. Vamos a hacer un sistema de cuentas únicas; el sistema de cuenta única lo que hace es garantizar el uso eficiente de los recursos del Estado”. En ese entonces, y por un momento, me hice ilusiones e imaginé que, en el 2023, todos los fondos iban a estar dentro de la Ley de Administración Financiera. Sin embargo, una vez más el Gobierno apuesta a la falta de transparencia y a la negativa a rendir cuentas del manejo de tan ingente suma.
Quisiera para empezar señalar los cuatros principales condicionamientos esta discusión:
Primero, crea un sistema presupuestario jerárquico con concentración de poder en el Ejecutivo, principalmente en el Ministerio de Economía.
Segundo, debido a las desviaciones en las proyecciones macroeconómicas y en las estimaciones de recursos sobre las que se elabora el Presupuesto Nacional, sabemos que el proyecto que estamos discutiendo, no se ajusta a la realidad.
Tercero, el Presupuesto Nacional refleja una falta de integralidad ya que hay un alto porcentaje del presupuesto descrito sobre el cual el Congreso no tiene poder de control y decisión.
Por último, no podemos dejar de señalar que el Presupuesto Nacional tiene un alto nivel de rigidez. Según la Oficina de Presupuesto, solo un 10% del presupuesto tiene algún grado de flexibilidad, el resto es muy difícil de modificar.
De estos cuatro puntos, lo que más me alerta es la pérdida de integralidad del presupuesto porque los fondos fiduciarios son manejados sin control por el Poder Ejecutivo Nacional.
A lo que yo me pregunto, ¿dónde quedó la República?
Toda esta situación atenta contra la transparencia y el federalismo fiscal y provoca que el control del presupuesto sea parcial.
Como queremos discutir las políticas públicas, necesitamos que los fondos que destinamos al transporte, la vivienda social, la energía o el desarrollo productivo, y todos los demás destinos que tienen hoy los fondos fiduciarios se decidan y se controlen desde el Congreso Nacional, estén alcanzados por la Ley de Administración Financiera y controlados por la Auditoría General de la Nación.
De lo contrario, estamos entregando 1 billón de pesos al Poder Ejecutivo Nacional para que disponga de ellos discrecionalmente, sin necesidad de rendir cuentas y sin manera alguna de verificar la oportunidad y la eficiencia del gasto.
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