Las ciudades como oportunidad para avanzar en una agenda regional de desarrollo sostenible

Las ciudades juegan un papel cada vez más importante en la lucha contra el cambio climático. A nivel global, concentran más de la mitad de la población y son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. A raíz de esta realidad, en Latinoamérica necesitamos un cambio de enfoque en el modelo de desarrollo económico y urbano que avance hacia la construcción de comunidades más sostenibles. Si bien la mejora de la productividad es uno de los rezagos más importantes de la región, las ciudades de América Latina y el Caribe no pueden continuar desarrollándose bajo modelos que han demostrado ser obsoletos en materia de protección de la naturaleza y el consumo racional de los recursos.

Es por esto que desde CAF -banco de desarrollo de América Latina- tenemos como objetivo promover una visión de desarrollo urbano sostenible que coloque a los ciudadanos en el centro y replantee el vínculo de las sociedades con la naturaleza. Queremos convertirnos en el banco verde de América Latina y el Caribe hacia el final de la década y apuntamos a que al menos el 40% de nuestras aprobaciones en 2026 sean destinadas a financiar proyectos de adaptación y mitigación que incrementen la resiliencia climática en nuestra región.

En este marco, trabajamos en pos de la preservación de la biodiversidad, la construcción de hábitats sostenibles y la mejora en la gestión urbana, de manera alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) -puntualmente el ODS 11, “Ciudades y Comunidades Sostenibles”-. Por caso, desarrollamos la Red de BiodiverCiudades que ya convocó la adhesión de 94 gobiernos locales de toda Latinoamérica, para el establecimiento de espacios de intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas que permitan impulsar el crecimiento económico en armonía con la naturaleza.

También financiamos mega proyectos de infraestructura que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. Entre ellos, se destaca el Paseo del Bajo en Buenos Aires, en el que aportamos USD 400 millones para mejorar exponencialmente la movilidad urbana y brindar una solución estructural a problemas como la congestión vehicular y la contaminación ambiental. Además, hemos otorgado tres créditos por un total de 332 millones para impulsar una transformación integral de la ciudad brasileña de Fortaleza, ayudando a dinamizar espacios de ocio, impulsar la actividad comercial y ejecutar múltiples obras viales. También, a través de fondos no reembolsables hemos colaborado con la estructuración de planes con enfoque ambiental, como el Proyecto Especial de Recuperación del Río Rímac, que mejorará la calidad ambiental de los entornos al curso de agua en donde residen las familias que viven en el Centro Histórico de Lima.

Asimismo, esta semana participamos de la Cumbre Mundial de Alcaldes C40, en Buenos Aires, que convocó a más de 100 jefes comunales de ciudades de todo el mundo, quienes reflexionaron, intercambiaron ideas y buenas prácticas en torno a la reducción de emisiones, la transformación y creación de empleos verdes y el acceso a financiamiento para enfrentar la transición energética. En el panel de cierre del encuentro, que congregó además a representantes de organismos internacionales, referentes de bancos regionales y otras autoridades locales, tuve la oportunidad de plantear tres cuestiones que para CAF resultan centrales en la colaboración entre instituciones financieras para impulsar acciones climáticas en las ciudades.

En primer lugar, la coordinación como pilar fundamental para establecer el trabajo multilateral en América Latina y el Caribe. El financiamiento de los organismos regionales (CAF, Banco Mundial, BID, FONPLATA, Banco Centroamericano, entre otros) ronda los 65 mil millones de dólares, y sabemos que para cerrar las brechas en infraestructura y desarrollo que todavía existen en América Latina y el Caribe se necesitan aproximadamente 600 mil millones anuales. Por eso, es preciso garantizar un trabajo coordinado que genere el mayor impacto posible, no permita la superposición de programas y tiendan hacia una eficiencia cada vez mayor.

En segundo término, la importancia de un cambio de paradigma que promueva sistemas de protección y cuidado de la naturaleza, y que al mismo tiempo atienda al consumo racional de los recursos. En la actualidad más de 2 mil millones de personas en el mundo carecen de acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento, por lo que resulta central impulsar transformaciones y cambios de hábito para hacer frente a la crisis climática. En el caso del uso de los recursos hídricos, por ejemplo, es importante pasar de una visión de abundancia hacia una visión de eficiencia en torno a la gestión del agua.

Y, por último, la trascendencia del trabajo conjunto con los gobiernos locales para tender a una gestión urbana sostenible en América Latina y el Caribe. Los gobiernos locales son aquellos que están más cerca de las personas, que reciben sus reclamos, sus quejas, propuestas y que pueden canalizar de mejor manera las inquietudes que reciben para convertirlas en políticas reales que promuevan cambios reales.

Es importante remarcar que no existe desarrollo urbano sostenible sin desarrollo social. El ordenamiento territorial en las ciudades siempre debe incluir un enfoque de justicia espacial que promueva un mayor equilibrio y, sobre todo, genere modelos de desarrollo urbano más justos, resilientes e inclusivos.

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