No a la eliminación del régimen de promoción de Tierra del Fuego

En 1972, hace 50 años, el gobierno nacional sancionó un régimen de promoción económica para Tierra del Fuego, mediante la promulgación de la Ley N° 19.640. Dicha norma, que con el regreso de la democracia fue ratificada por el Congreso Nacional en 1974, estableció un mecanismo de beneficios fiscales para las actividades llevadas a cabo que consistía principalmente en la exención de impuestos nacionales incluyendo los aranceles de la importación de bienes.

Cabe destacar que, para ese entonces, Tierra del Fuego además de ser un territorio nacional, tenía apenas un poco más de 13.000 habitantes, de los cuales la mayoría eran extranjeros. De tal modo, que la implementación de la Ley N° 19.640 tenía un objetivo de desarrollo económico y demográfico regional.

Durante medio siglo de vigencia, la creación del Régimen de Promoción Económica de Tierra del Fuego ha transformado radicalmente el esquema económico de la isla generando miles de puestos de trabajo genuinos que permitieron una gran migración de Argentinos hacia las distintas ciudades de la provincia generando en consecuencia un peso geopolítico de primer orden en el cono sur.

Sin embargo, parte de la política argentina se caracteriza por querer disolver, modificar o suprimir las políticas públicas que funcionan y son sostenibles en el tiempo. La Ley N° 19.640 es un claro ejemplo de ello.

Hace poco más de un mes, el Poder Ejecutivo Nacional presentó el proyecto de Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados de la Nación, el mismo incluye adicionalmente una separata que enumera un conjunto beneficios fiscales que pretender ajustar bajo el argumento que implican un gasto tributario para el Estado.

Paradójicamente, el mismo proyecto de Presupuesto que detalla que los beneficios del Régimen de Promoción de Económica de Tierra del Fuego fueron en el 2022 de $290.309 millones (0,36% del PBI) y que en el 2023 significaría un gasto tributario de $519.720 (0,35% del PBI), contempla más de un billón de pesos a pagar planes sociales, lo que implica un aumento del 117% con respecto al 2022.

Es decir, a pesar de que implementan otro plan platita para los movimientos sociales, el problema para el Gobierno Nacional pasa por la Ly 19.640 cuando el principal objetivo de esta política pública es crear empleo, atraer inversiones y fomentar la producción.

En idéntico sentido, los Diputados de la Coalición Cívica, presentaron un proyecto de Ley con el objetivo de terminar con el régimen de promoción ecónomica, no habiendo consultado ni siquiera con las autoridades partidarias de la provincia.

Estoy convencido que existe un desconocimiento enorme sobre la importancia y el impacto que tiene la Ley 19.640 en Tierra del Fuego. El régimen de promoción económica es uno de los pilares fundamentales para el crecimiento de la provincia, no solo significa crecimiento económico sino también desarrollo humano.

Lamentablemente, en este tipo de iniciativas se impuso una mirada centralista, unitaria, carente de federalismo, ignorando por completo que la sanción de esta Ley permitió ni más ni menos que un territorio nacional se convirtiese en la provincia número 23 de la Argentina.

Uno de los principales objetivos de la reforma de 1994, era el fortalecimiento del federalismo, teniendo como pilar fundamental el desarrollo regional no solo en el aspecto económico sino también social. Para ello, el Constituyente incorpora el articulo 75 inc 19, 2do párrafo que establece: Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.

En ese orden de ideas, el economista Daniel Azpiazu sostenía: “La promoción de actividades industriales es una de las principales herramientas de políticas públicas, la cual permite modificar las trayectorias tecnológicas de las economías emergentes”.

Es por ello, que el desarrollo de una de las políticas de promoción más importantes del país ha sido la Ley 19.640, no solo por su vigencia sino también por perseguir el loable objetivo de poblar la zona más austral de la Argentina.

En un país sin reglas claras, sin seguridad jurídica, sin un plan de estabilización económica, necesitamos más que nunca implementar políticas públicas con incentivos para generar y fomentar empleo de calidad.

Sin lugar a duda, el régimen de promoción económica es perfectible, se puede mejorar y aggiornar a los tiempos venideros, pero es inadmisible que de un plumazo se pretenda eliminar un régimen que desde hace medio siglo sostiene el desarrollo de la provincia.

Finalmente, anhelo que el debate que se está dando en la Cámara de Diputados a raíz de este tipo de iniciativas, deje un aprendizaje: es sumamente importante reducir el déficit fiscal siempre y cuando no se ponga en juego el federalismo y la soberanía.

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