Avanza un proyecto de ley para obligar a los clubes de fútbol a tener protocolos de violencia de género

La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados dictaminó por unanimidad a favor de un proyecto de ley del diputado de Juntos por el Cambio por Córdoba y ex árbitro de fútbol Héctor Baldassi, que propone modificar la Ley del Deporte para que las asociaciones civiles deportivas y los clubes de barrio y pueblo estén obligadas a dictar protocolos institucionales para prevenir e intervenir ante situaciones de violencia de género o discriminación.

En diálogo con Infobae, Baldassi dijo que el proyecto “busca generar una herramienta para ayudar a prevenir la violencia contra las mujeres y las discriminaciones de todo tipo en las asociaciones deportivas”. En 2020 había presentado uno similar, inspirado en los protocolos que, sin que ninguna ley lo exigiera, ya habían comenzado a aprobar algunos clubes como San Lorenzo, Vélez, Rosario Central, Newell’s y Huracán. Aquella propuesta se aprobó por unanimidad el 20 de noviembre de ese año, en plena pandemia, en una reunión conjunta de las comisiones de Deportes y de Mujeres y Diversidad.

Para juntar los porotos se hizo una modificación importante, acordada de manera transversal entre todas las fuerzas políticas. El proyecto original establecía la activación del protocolo cuando el Poder Judicial determinaba que había un caso de violencia. La idea era resguardar el principio constitucional de inocencia. Pero en la discusión parlamentaria el Frente de Todos advirtió, con razón, que la intervención disciplinaria de los clubes no requiere estándares judiciales, pues no se trata de un proceso penal ni mucho menos. Así se llegó a una propuesta de ley en la que basta con que exista un acto de violencia y/o discriminación.

Lamentablemente, entre la pandemia y los órdenes de prioridades de la política, el proyecto nunca pasó el filtro necesario para llegar al recinto de la Cámara y, como no llegó a aprobarse ese año ni en 2021, caducó. Pero este año se volvió a presentar, esta vez con las modificaciones ya incorporadas. En agosto obtuvo dictamen de la Comisión de Deportes a cargo de Baldassi, y ahora hizo lo mismo la Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside la diputada Mónica Macha (Frente de Todos). En todos los casos, tanto en 2020 como ahora, se aprobó por unanimidad.

¿Qué dispone el proyecto? Tres cosas elementales.

Primero, que los protocolos obligatorios deben contemplar como presupuestos mínimos:

-medidas de prevención para anticipar situaciones de violencia;

-poner a disposición de las personas afectadas asesoramiento, asistencia y acompañamiento para realizar consultas y/o denunciar su situación;

-precisar el ámbito de aplicación para que no solo rijan en las instalaciones de la asociación civil deportiva, sus dependencias o anexos, sino también afuera;

-establecer como sujetos alcanzados a todas las personas que integren la asociación civil deportiva, cualquiera sea su vínculo laboral, de colaboración o dependencia, independientemente de que la víctima sea parte de la institución; y

-disponer que todo acto de violencia de género y/o discriminación sea considerado falta en la máxima escala de gravedad para aplicar el régimen disciplinario correspondiente al estatuto de la institución.

Segundo, si se aprueba el proyecto de ley, los clubes deberán acreditar la existencia del protocolo de violencias y su aprobación por la comisión directiva para poder acceder a todo tipo de subsidio o beneficio de cualquier naturaleza otorgado por el Estado en cualquiera de sus niveles.

Tercero, la ley será de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Que se la considera parte de los principios esenciales de nuestra vida en común, por lo que ningún acuerdo entre particulares (por ejemplo, un contrato entre un club y un futbolista) podría dejarla de lado, sino que sería de aplicación obligatoria.

Como se ve, es un proyecto bastante simple. No hay nada demasiado ambicioso ni conflictivo. De hecho, las objeciones que podrían plantearse son más bien por lo que falta. Por ejemplo, una referencia interna para que los protocolos se ajusten a lo que establece la ley 26.581 de protección integral a las mujeres en cuanto a la definición y los tipos de violencia. También sería necesaria una disposición que obligue a los clubes a actuar de oficio ante la mera noticia de un hecho de violencia, en lugar de permitir esperen a que la damnificada presente una denuncia interna en la institución (a la que muchas veces ni siquiera pertenece).

El autor del proyecto dice que buscó hacer una propuesta simple en forma deliberada para lograr los consensos necesarios. Su idea es que la reglamentación posterior del Poder Ejecutivo defina los detalles. Y pareciera que fue una gestión exitosa, pues en todas las instancias de discusión se aprobó por unanimidad. Sin embargo, los jefes de bloque (de quienes depende el acuerdo político para llevar el proyecto al recinto) lo han ignorado, al menos hasta ahora.

Sabemos que los protocolos de violencia en los clubes no son la panacea. Como le dijo a Infobae la diputada Romina Del Plá (Frente de Izquierda), que acompañó la iniciativa, “terminar con la violencia de género no se trata ni de capacitaciones ni de protocolos, sino que se trata de atacar las verdaderas causas de este disciplinamiento social de la mujer”.

Pero es mejor tener protocolos obligatorios que no tenerlos. La pandemia ya pasó. No hay más excusas. Las violencias contra las mujeres no esperan. Y el fútbol es un ámbito tristemente notorio en la materia. Lo vimos estos últimos años con los casos de Ricardo Centurión, Sebastián Villa, Jonatan Cristaldo, Lautaro Acosta, Rafael Borré, Edwin Cardona, Alexis Zárate o Thiago Almada, entre muchos otros. Piénsenlo el domingo cuando griten los goles de Boca o de Racing, cuando los jugadores recorran el perímetro de la cancha al grito de “dale campeón”. Entre esos ídolos de barro hay, también, violentos que someten y golpean mujeres.

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