Usurpaciones: Nunca Más

Soy liberal y ahora como diputado, me estoy haciendo cargo de mejorar el rumbo desastroso del país. Hace décadas que la Argentina y en especial la Provincia de Buenos Aires, sufren las consecuencias de un Estado deplorable.

En esta nota quiero hablar sobre la ley 27.453, de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, sancionada en el gobierno de Macri el 10 de octubre de 2018, cuya actualización apoyé el pasado 12 de octubre en la media sanción que le dio Diputados.

Vivo, conozco, estudio y analizo a fondo no sólo la economía nacional sino también la crítica realidad de la Provincia de Buenos Aires y del Conurbano: Una aglomeración de más de 12 millones de ciudadanos que creció, desde hace décadas, al margen del Estado y por lo tanto, de la ley.

La irregularidad es un problema que comparten, paradójicamente, no sólo los habitantes de las villas, sino también de muchos barrios privados y, en otros aspectos, todos los argentinos, si consideramos títulos de propiedad, trabajo informal y evasión de impuestos, muchas veces a causa de un Estado abusivo e inútil. Y aún así los argentinos seguimos adelante. Si alguien alguna vez no se vio obligado a cometer alguna acción al margen de la ley, que tire la primera piedra.

En este caso estamos hablando de más de 5 millones de personas, el 12% del país, la población entera de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Mendoza juntas, distribuidas en 5.687 barrios populares a lo largo de todo nuestro territorio, cuya situación es estúpido intentar resolver con una topadora.

El liberalismo defiende la libertad individual y de mercado y la propiedad y la iniciativa privada. Pero se construye desde la ley y la República. Y la ley se construye sobre la realidad. Para eso a veces hay que regularizar situaciones caóticas y críticas y desde ahí, construir un orden razonable y pacífico.

Reconozcamos un hecho histórico. Una parte importante de la Argentina y de lo que hoy son la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, se construyeron sobre asentamientos informales. Desde principios del siglo XX, con la inmigración europea; en la década de 1930 con la crisis mundial, en los 40 con la industrialización y a partí de allí, con las sucesivas crisis, tomaron forma algunos de los barrios de la Ciudad y muchísimos barrios del Conurbano y de toda la Argentina. El ciclo de crisis sucesivas de la Argentina estuvo acompañado de la creación de nuevos asentamientos informales y de un Estado incapaz de equilibrar el crecimiento económico, social y urbano.

Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) a fines de 2021 había 5.687 Barrios Populares en el país. La totalidad se generó en los fatídicos últimos 60 años cuando Argentina tuvo 8 planes económicos y la totalidad terminó en crisis gigantescas (una cada siete años y medio). El plan de Frondizi terminó con los ajustes de Álvaro Alsogaray y Roberto Alemann, el “Plan de Inflación Cero” de Gelbard en el Rodrigazo a mediados de 1975, la Tablita de Martínez de Hoz de diciembre de 1978 en las salvajes devaluaciones de Sigaut a principios de 1981, el Plan Austral de mediados de 1985 en la hiperinflación de 1989/1990, el Plan de Convertibilidad de marzo de 1991 en la peor crisis de la historia de fines de 2001/principios de 2002, el de los Kirchner en la crisis 2008/2009 y la devaluación de Macri de fines de diciembre de 2015, el de Macri terminó en la crisis 2018/2019 y finalmente el programa de Alberto Fernández que siempre estuvo en crisis.

La mitad de los 5687 Barrios Populares se generó en solo 20 años (33%) de aquellos 60, los 20 años que siguieron a la crisis de la convertibilidad hasta nuestros días. A su vez, la mitad (25% del total) ocurrió en la década del 2000 y la otra mitad (25% del total). El terrible final de la experiencia de los 90 fue aprovechada, en particular por el kirchnerismo, para armar una estructura clientelar y casi esclavista aprovechando de manera miserable la vulnerabilidad de los que quedaron fuera del sistema.

Del análisis del RENABAP 2018, la distribución de la propiedad de las tierras donde están asentadas las villas y asentamientos son 60% tierra privada / 40% tierra pública.

Del total de 5.687 Barrios Populares del RENABAP a 2022, 80% son asentamientos (por definición integrados a la trama urbana) que representan 87% de la superficie y 20% son Villas (13% de la superficie).

Y del 70% del total (sin riesgo ambiental, por lo cual pueden ser intervenidos en esos lugares) aproximadamente hay 1.846 Barrios Populares  con ocupación menor a 20 años y 2.177 Barrios Populares con ocupación mayor a 20 años.

Si vivís en el conurbano, te das cuenta que una parte importante se construyó desde la irregularidad. Y ahora el Estado tiene que darle forma. Ya se hizo muchas veces. Por ejemplo, en 1991, durante el gobierno de Carlos Menem, se sancionó la Ley Nº 23.967 de Tierras Fiscales que transfirió las tierras a los estados provinciales y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para su posterior venta a los ocupantes o incorporación a los planes provinciales de vivienda social.

El ex presidente Macri creó por decreto 358/2017 el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), una herramienta imprescindible para comenzar a darle solución al problema. Como dije antes, en 2018 y por iniciativa de Macri y la entonces diputado Lilita Carrió, a través de la ley 27.453, se creó el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, en la que se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación las tierras de los barrios registrados en el RENABAP, suspende los desalojos por cuatro años y actualiza el listado de terrenos incluidos en el registro.

La misma ley crea el Fondo de Integración Socio Urbana, con el objeto de financiar la las actividades para llevar adelante el objeto de 27.453. El sistema era (y es) así: El Estado adquiere las tierras ocupadas (intrusadas) pagando una indemnización al anterior propietario. Las tierras pasan a ser propiedad de un fideicomiso del RENABAP, el cual, a medida que los habitantes van pagando las cuotas para la adquisición de los terrenos, les transfiere el dominio y de esta manera el Estado se recobra lo pagado por la tierra expropiada.

A nivel nacional no existía ninguna ley integral para intervenir en este tema. La ley 27.453 justamente lo que busca es dar un marco para empezar a ordenar el problema de manera integral y sustentable. En resumen, prevé claridad en los polígonos donde se va a intervenir (es una política para ordenar el “stock” del problema pero tiene que ser complementada con otras herramientas que permitan acceso al suelo) y a partir de la identificación de los polígonos permite modificar normativa de entes de servicios públicos para que puedan operar en estos contextos y así regularizar la operación y que los vecinos empiecen a pagar (la normativa que tienen algunos entes es IMPOSIBLE de cumplir en estos lugares) y genera un mecanismo que permite la expropiación para así poder pagarle a los titulares privados de la tierra y solucionar un conflicto de años.

Existieron algunas leyes como la ley Pierri u ordenanzas municipales, pero en general sólo consideran un aspecto (el dominial) y no la integralidad de la intervención necesaria.

Esta ley tiene que ser complementada a nivel municipal con normativa de planeamiento urbano. Las competencias dominiales están a cargo de los municipios.

El pasado 12 de octubre se aprobó en la Cámara de Diputados la actualización de la ley 27.453. Por el Covid y la inutilidad de la gestión del gobierno de Alberto Fernández, el proceso se atrasó casi 2 años. Además, incluye en el Registro asentamientos que no habían sido relevados antes por estar en ciudades de menos de 10 mil habitantes y los que fueron relevados hasta 2018.

Hay quienes miran azorados cómo el oficialismo y la oposición aprobaron esta ley. Muchachos y muchachas, estudien. Pocas veces la política argentina se pone de acuerdo en algo, y desconfiamos. Pero algunas veces, hace las cosas de forma razonable, y hay que reconocerlo. Si no los irracionales somos los que no lo reconocemos.

La Argentina tiene como consecuencia de las malas gestiones serios problemas estructurales. Y todos tenemos que asumir que hemos fallado en votar mejor y en garantizar un Estado de derecho y derechos esenciales consagrados en la Constitución Nacional.

Soy el primero que advirtió que si seguimos con este ritmo de generación de pobres nos vamos a convertir en la villa miseria más grande del mundo. A veces es necesario tomar medidas antipáticas pero realistas, y soy uno de los pocos que está dispuesto a hacerlo.

El que crea que esto es legalizar o votar a favor de las tomas o usurpaciones es un ignorante que no conoce los problemas de la Argentina y mucho menos las soluciones. No alcanza con oponerse. Hay que entender los problemas y hacerse cargo, independientemente de lo que diga el oficialismo o la oposición.

Esta ley no es un atentado contra la propiedad, sino más bien lo contrario: busca crear condiciones que regularicen y creen propiedad privada.

1. Reconoce el problema y da herramientas concretas para solucionarlo.

2. Crea un mecanismo de expropiación para poder compensar a los dueños originales de la tierra.

3. Define polígonos específicos de intervención, donde está instalado el problema. De esta manera, se le puede poner un corte al crecimiento desmedido de estos barrios.

4. Prevé la creación de un régimen especial de titulación (no reglamentado aún) para poder crear propiedad, que los vecinos puedan acceder a un título de propiedad.

5. A partir de la intervención en infraestructura, se regularizan los servicios y los vecinos empiezan a pagar por ellos.

6. Esta ley busca crear un marco para intervenir “nivelando el punto de partida”, para poder empezar un proceso de desarrollo.

7. Busca resolver un problema estructural haciendo una inversión sustentable, que de libertad y autonomía.

La modificación de los artículos 15 y 18 de la 27.543 que se hizo en Diputados el 12 de octubre pasado es que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación los barrios que estaban en el decreto 880/21. La utilidad pública es de 10 años. Entonces, se prorroga la suspensión de desalojos por el plazo que dure la declaración de utilidad pública.

El artículo 15 de la 27543 (desalojos) y el 18 de la 27.543 (plazo expropiación) se actualizan con el 11 de la nueva ley a partir de la entrada en vigencia y la actualización del registro. Es decir que, tienen plazo de 10 años desde que se sancione. Antes 4 ¿Por qué el alargamiento del plazo? En gran parte por inoperancia, ineficacia del “Estado Presente” (gran slogan para currar la plata de los contribuyentes).

El pecado original está en no haber sacado a los intrusos de las tierras que ilegalmente ocuparon en el momento en el que lo estaban haciendo. Una vez que se asientan y como en la mayoría de los casos, pasan décadas desde la toma, es casi imposible recuperar la propiedad para el propietario original.

Regularizar la situación de 5 millones de personas implica promover la cultura del derecho a la propiedad privada; tener la oportunidad de poder pagar la vivienda y los servicios públicos con el esfuerzo propio y promover la cultura del trabajo y el esfuerzo; rescatar a ciudadanos que sufren el abuso de grupos que lucran con la necesidad de vivienda y montan un sistema organizado de ocupación ilegal de tierras, que es necesario terminar; y reduce el margen de control y dependencia de organizaciones sociales que en nombre de los derechos vulnerados lucran a costa de la falta de respuestas públicas a los problemas sociales.

Haber votado afirmativo implica impulsar criterios de regularización y acceso a la propiedad privada y reducir la falta sistemática de políticas de vivienda. Se ajusta a la ley una situación irregular y se permite avanzar en sentido integral, construyendo ciudadanía.

Lo que está claro es que estas situaciones irregulares que se pretender resolver no se pueden eternizar sino que éste tiene que ser un corte definitivo. No se viene a reivindicar la ilegalidad de la usurpación sino a terminarla. Desde mi banca del poder legislativo, sentamos una base necesaria para terminar con las tomas, no importa con quien.

Lo que buscan tanto la ley 27.453 como la modificación que tuvo media sanción en Diputados el pasado 12 de octubre es:

1. Establecer orden. Una vez que comienza la intervención, estos barrios dejan de crecer de manera irregular. Se establecen criterios y usos claros: donde hay calles, donde hay espacios públicos que merecen ser respetados. A partir de la intervención comienza un proceso de integración a la formalidad y a la trama urbana, se terminan las tomas en esos lugares intervenidos.

2. Mejorar de manera sustantiva temas como la inseguridad o la venta de drogas. Y estas son externalidades de las que se benefician tanto los vecinos que viven allí como quienes están en los alrededores. La apertura de calles, de accesos de entrada y salida a estos barrios, las mejoras en la iluminación, la instalación de destacamentos policiales. La integración es mirar las redes criminales y atacarlas de frente, desde la seguridad y la integración.

3. Generar libertad y autonomía.  Este modelo de intervención es directo, no está intermediado. Genera condiciones de posibilidad para cualquier persona, sin crear redes clientelares, dependencia estatal  ni reproducir esquemas de asistencia eterna.

4. Crear nuevos mercados. A partir de la intervención en infraestructura y acceso a servicios de transporte, internet, etc. empiezan a potenciarse oportunidades comerciales: tanto para quienes tenían actividad en el barrio que pueden trascender, como para que distintas empresas puedan instalarse dentro de ellos.

Las legislaturas provinciales tienen ahora la responsabilidad de discutir hacia futuro una reforma a las leyes de desalojo para hacerlas más ágiles. Es importante aclarar que esto no se puede hacer desde la Nación porque son leyes procesales reservadas a los poderes locales mientras que los poderes nacionales tenemos el deber de sanear y estabilizar la economía para que vuelva el crédito hipotecario, de bajar los impuestos y desregular al máximo posible todo lo concerniente a las transmisiones de inmuebles.

Hernando de Soto, economista liberal peruano escribió (en coautoría con el abogado peruano Enrique Ghersi Silva) en 1986 el libro EL OTRO SENDERO, donde desde la óptica liberal con estadísticas y ejemplos da cuenta del problema de la pobreza, la economía informal y sus derivados. Allí se pone como ejemplo los problemas que le acarrean a las clases bajas el no contar con un título de propiedad de sus tierras. En el prólogo de ese libro Vargas Llosa escribió: “El instituto Hernando de Soto comprobó que si un grupo de familias humildes solicita al Estado la adjudicación de un terreno erizado, deben tramitar asfixiantemente durante seis años y once meses por ministerios y municipalidades y desembolsar, por persona, una suma aproximada de 2.156 dólares (equivalente a 56 salarios mínimos de Peru en aquel entonces). Incluso el obtener autorización legal para abrir una mínima tienda o dispendio callejero alcanza contornos kafkianos: 43 días de trámites y un costo de 590 dólares (15 veces el salario mínimo vital y móvil peruano de aquel entonces).”

Si bien este estudio nunca se hizo en la Argentina sospecho que la situación debe ser parecida. De ahí la necesidad de otorgarles la propiedad legal de las tierras a la gente en la medida en que pague por ellas y de acá en adelante desregular la economía el máximo posible para que puedan, además de contar con su propiedad, solventarse con sus propios emprendimientos.

El liberalismo argentino tiene que ser consciente de los estragos producidos por las malas políticas económicas de años en la sociedad y buscar soluciones posibles y realistas y por sobre todas las cosas debe tener rostro humano con los más postergados.

Ahora el poder Ejecutivo y el Judicial se tienen que hacer cargo de aplicar la ley en esto y en todo. Por eso también estoy convencido de que los liberales tenemos que trabajar para hacernos cargo de la gestión. Para hacerlo bien.

Pero para eso, hay que entender que el Liberalismo sin realismo es sarasa. El combate a la pobreza y a la ilegalidad no se hace a los gritos con teorías y frases para la tribuna, sino desde las instituciones, con conocimiento de la teoría y de la realidad, con voluntad y coraje.  Liberar de la esclavitud de grupos mafiosos a miles de ciudadanos y lograr que prevalezca la ley y la cultura del trabajo, es una cuestión liberal, y tenemos que hacernos cargo.

Lo que buscan tanto la ley 27.453 como su modificatoria es dar algo de orden al desquicio de tomas, intrusiones y ocupaciones ilegales nunca combatidas desde el inicio. Tratan de solucionar, emparchar un problema de “stocks”.

El problema de “flujos” solo parará cuando Argentina tome la senda del crecimiento sostenido que requiere de dejar de hacer casi todo lo que estamos haciendo y pasar a copiar lo que hacen los países en los que la gente vive bien: comercio con el mundo, Estado pagable y leyes laborales proempleo, entre otros.

Ese es mi discurso de los últimos 35 años de ejercicio profesional y desde 2019 en la arena política en cada intervención radial, televisiva, escrita, en redes, en los debates presidenciales y en la Cámara como diputado. En definitiva, en todo lugar y ocasión.

Usurpar, tomar, intrusar tierras no puede ser el mecanismo para que la gente se haga del techo que no tiene. Es un mensaje horrible para la sociedad. Pero para evitar esto hay que sacarlos apenas entran y cambiar el sistema económico, social y político que nos ha destruido como país.

La libertad y el sentido común son la cura. Aprovechémosla. Todavía está en nuestras manos. Cuanto antes, mejor.