El terrorismo mapuche y las dudas que el gobierno no despeja

Desde el supuesto operativo de desalojo de las ocupaciones mapuches de la semana pasada en Villa Mascardi quedan muchas incógnitas y cosas que no cierran, por las cuales el Gobierno Nacional debe dar respuesta.

En primer lugar, no se sabe o no queda claro cuántas personas resultaron detenidas en el operativo y, dentro de ese grupo, cuál es la composición de edad, género y participación dentro de la comunidad que se auto-percibe “mapuche”. Este primer dato será fundamental para que se empiecen a esclarecer responsabilidades ante hechos de altísima gravedad que el Gobierno no da señales de atender de manera adecuada, permitiendo así que la escalada de violencia y violación de los derechos de propiedad se prolongue a futuro.

Lo que se sabe, y que ha trascendido, es que en un operativo en el que se desplegaron 250 efectivos policiales solamente se han capturado a siete mujeres y cinco menores (y según trascendió recientemente acaban de liberar a una de las detenidas) sin rastro de los violentos y usurpadores reales que han puesto de cabeza las normas básicas de coexistencia democrática en el sur. Si estos son los resultados del operativo, no hace falta ser experto en seguridad para saber que fue una farsa. No hay que dejar lugar a la especulación. Esto se tiene que corroborar con el testimonio del ministro de Seguridad y su rendición de cuentas ante el Congreso de la Nación, como dictaminan nuestras normas.

En el caso en que efectivamente no se haya logrado detener a personas vinculadas o responsables por las usurpaciones de tierras, actos vandálicos y atentados a la seguridad pública, corresponde también hacer una evaluación de la eficacia del operativo. También corresponde saber si, aún a pesar de la falta de detenciones, hubo identificaciones fehacientes a partir de declaraciones de los pocos detenidos, así como de testigos en la causa que sirvan como líneas de investigación hacia los autores materiales e intelectuales, no sólo de este episodio, sino de las varias afrentas al orden por parte de estos grupos autopercibidos mapuches, que no son otra cosa que organizaciones terroristas.

Por otro lado, y no menos importante, necesitamos un esclarecimiento contundente de las acusaciones gravísimas que llevaron a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta a renunciar a su conducción del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Si hubo, efectivamente, violación de los derechos humanos en el operativo es otra de las cosas por las cuales el gobierno debe dar explicaciones que alejen toda sombra de duda, contrariamente a la maniobra de esconder la mugre bajo la alfombra que significó el nombramiento de una nueva ministra sin desmentir las razones de la anterior para abandonar su cargo.

Del mismo modo es importante que el Ministro de Seguridad se exprese, ante el cuerpo legislativo, sobre las críticas que realizaron dirigentes nacionales de su propia coalición de Gobierno (me refiero, claramente, a La Cámpora) sobre el rol de las fuerzas federales en el desalojo de las tierras usurpadas. Tanto este punto como el anterior son un llamado a que el frente político que nos gobierna pueda dar muestras de algún atisbo de unidad que sirva para despejar el ruido y la contradicción en los que gobierna el Frente de Todos, que solo traen desorden a los argentinos y a las diversas áreas de gestión, cada vez más conflictivas por la falta de rumbos claros. El mal que acecha a la economía se transmite, como una enfermedad contagiosa, a todas las áreas e incumbencias del Estado, produciendo como resultado un país vaciado de gobierno, una anarquía de la que solo podemos esperar más delito organizado, más atentados contra el orden público como el que Villa Mascardi representa.

En otro orden de cosas, tampoco hay claridad por parte del Gobierno Nacional sobre si el operativo fue exitoso en brindar seguridad a los habitantes de Villa Mascardi. Esto parece improbable, debido a lo infructuoso en términos de detenciones pero debe ser aclarado. ¿Cómo se evalúa el operativo en relación a la protección de las personas de la zona afectada así como de sus propiedades y pertenencias? ¿Cuáles han sido los daños estimados? Y una vez que se sepa todo esto, otra pregunta de rigor: ¿quién responderá por el resarcimiento de los damnificados? Estamos hablando de quema de vehículos, rotura de vidrios, pintadas sobre viviendas en la zona del Cerro Otto, entre muchos otros perjuicios que tendrán costos económicos para las familias damnificadas. ¿Hay una estimación oficial del tamaño y costo de esos daños a la propiedad privada? Esto es algo que dista de estar claro y que el Gobierno debe aclarar. Y una vez que se estimen estos costos, ¿se hará responsable el Estado de resarcir a los damnificados como corresponde ante el daño del terrorismo?

Tampoco sabemos cómo catalogan los acontecimientos que tuvieron lugar en Villa Mascardi así como a los grupos de personas que fueron sus perpetradoras, tipificación que es relevante para el accionar judicial posterior. ¿Cómo define el Gobierno estos actos? ¿Como actos de terrorismo o de delito ordinario? ¿Son los responsables de estos actos de violencia para el gobierno, como gustan decir muchos de sus referentes, “pueblos originarios en reclamo legítimo de sus tierras”? ¿Cuál es la voluntad del Gobierno Nacional de accionar sobre lo que es, a todas luces, un atentado contra el bien público y la propiedad privada, penado por la ley, en el marco de sus muchas e intolerables indefiniciones políticas?

No es menor, para este asunto, que se haya constatado en el episodio de Villa Mascardi la presencia de líderes de la autopercibida comunidad mapuche como Cristian Colhuan, quien tiene vínculos con un prófugo de la justicia chilena como Facundo Jones Huala, líder de la agrupación terrorista Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), condenado a 9 años de prisión por incendiar una vivienda habitada y por la posesión de armas de fuego.

Esto último hay que mirarlo con muchísima atención y detalle, ya que cualquier desconocimiento o minimización del Gobierno Nacional respecto al comportamiento terrorista de estas organizaciones implicará una connivencia y complicidad absolutas del Estado argentino con hechos de terrorismo, lo cual nos acerca al peligro de estar ante un caso –inaceptable para cualquier democracia– de Terrorismo de Estado en el peor de los casos y de terrorismo paraestatal en el más leve.

Es imprescindible que el Gobierno Nacional aclare todas estas dudas sobre la voluntad de accionar sobre grupos terroristas que se esconden en supuestas reivindicaciones identitarias y territoriales –dicho sea de paso, saldadas ya en gran medida por la Reforma Constitucional de 1994 y demagógicamente tergiversadas por el kirchnerismo– con una agenda de socavamiento de la convivencia democrática y la propiedad privada, dos pilares de nuestra República con los que el kirchnerismo históricamente no se lleva nada bien.

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