Cepos, últimos artificios para ocultar políticas incoherentes con la Constitución Nacional

El peso no puede ser hoy fácilmente convertible a divisas, en condiciones conocidas ni estables. Siempre sobran pesos buscando comprar dólares. Con el propósito de emparejar las cuentas, a la fuerza, los funcionarios pergeñan un sinnúmero de normativas, cepos, prohibiciones de compra, exclusiones, que alumbran tipos de cambios alternativos.

La realidad es que la emisión monetaria es tan exuberante que sobrepasó largamente a la cantidad demandada de pesos. La contracara de la escasez de dólares es el sobrante de pesos. Nos tapan con pesos, hasta el extremo de no tener un valor previsible. En consecuencia, con pesos se pueden adquirir algunos bienes en el país, por espacios estrechos de tiempo, pero no divisas ni bienes importados sin restricciones. Los cepos nos aíslan del comercio y actividades mundiales.

Los dirigentes dicen que imponen los cepos para “cuidar las reservas del Banco Central”. Otra inexactitud. En verdad, el peso fue perdiendo el respaldo desde mediados de 2019, confirma la relación entre los dólares de libre disponibilidad, en los activos del BCRA, y los pesos en circulación. Las reservas del BCRA ya no respaldan el valor de los pesos emitidos. Ante la emergencia, imponen cepos.

La incertidumbre sobre la disponibilidad de dólares -la unidad de cuenta y reserva de valor de muchos argentinos- refleja la volatilidad a los activos y actividades en el país.

Los países se hacen exitosos en tanto atienden a las necesidades de la gente, mediante transacciones, intercambios voluntarios de bienes. Para lo cual, actúan en base a evidencias objetivas en lugar de relatos fantásticos. Por el contrario, los datos, leyes y precios inciertos confunden. La eficiencia se logra con la misma ley igual para todos. Pero se descalabra tanto como las regulaciones fuercen diferenciaciones según las personas, actividades, fechas, etc. A mayores discriminaciones, menores ingresos y eficiencia.

Las corrupciones diferencian a los países, hasta los extremos mundiales, según expusimos en notas en Infobae, al mostrar la brecha entre los USD 230 anuales de PBI por habitante de Sudán del Sur, y los USD 102.000 de Irlanda, en 2021, medido por el FMI.

Los gobiernos debieran focalizarse en proteger derechos iguales para todos, lejos de interferir en las vidas y decisiones privadas. Enseñaba Juan Bautista Alberdi, padre de la Constitución y de la Argentina próspera, “arrebatad la propiedad, el derecho exclusivo de cada persona a disponer ampliamente de sus habilidades, trabajos, capitales, tierras, para producir y satisfacer sus necesidades. Y arrebatareis a la producción sus instrumentos, imposibilitándola de fecundar la riqueza. Cuanto menos se interese el Estado en imponer reglas, mejor se resuelven los problemas a la gente”.

Las transacciones, intercambios personales voluntarios, transfieren bienes de quien los valora menos a quien los valora más, expandiendo la riqueza y los ingresos. El empleado transfiere esfuerzos propios a cambio de bienes que necesita. El empleador transfiere poder de compra al empleado, a cambio de esfuerzos puntuales. Por el contrario, las redistribuciones forzadas de derechos transfieren bienes, activos, de quien los valora más a quien los valora menos, dilapidando riquezas e ingresos. En la medida en que las actividades se hacen menos voluntarias, se agudizan las insatisfacciones de la gente. El Muro de Berlín confirmaba el grado de frustración.

El contrato privado

La Constitución Nacional prevé atender el gasto público con impuestos y financiación voluntaria. Nunca engañando con emisiones monetarias no solicitadas.

En los países con monedas bien reputadas los gastos estatales de se solventan con impuestos y fondeos voluntarios. Toda la emisión monetaria se contrata a cambio de bonos aceptados en amplios mercados financieros, respaldados en bajas tasas de inflación. Ninguno de ellos emite dinero directamente para pagar gastos estatales, un fraude tipo Ponzi, repartiendo papeles que se devalúan continuamente. Una estafa a quienes tienen pesos y contratan actividades. Ningún país reputado erige cepos a las divisas utilizadas normalmente.

Tal vez nuestro problema mayor sea el atropello a los contratos privados. Impericia en reconocer el gran beneficio de disponer de capacidades diferentes para actividades diversas, expandidas con los aprendizajes de la especialización. “Todos somos ignorantes, solo que en temas distintos”, decían Einstein y economistas famosos, lo cual posibilita una muy fértil cooperación social en beneficio de todos, en especial los más necesitados. La igualdad normativa incentiva los beneficios de la cooperación.

El conocimiento está disperso entre los 8.000 millones de habitantes de la Tierra. En contraste, las regulaciones económicas forzadas contra la población desaprovechan habilidades y generan pobreza. La división de poderes, la Justicia independiente de las variaciones políticas, y la libertad de comunicar sin restricciones, asientan la certidumbre de las normas para la cooperación, competencia y el respeto a las autonomías individuales.

Un aspecto que suelen incluir los planes oficiales son los privilegios concesionados por el Estado. Estas barreras a las transacciones libres suelen ser alentadas por agentes oportunistas que explotan a la gente en connivencia con funcionarios. Cualquier restricción, arancel, imposición, forzada, inexorablemente encarece los gastos y reduce el nivel de vida. Beneficiando a pocos contra todos, confirma el aumento del gasto público, muy por encima de los ingresos de la población, desde el 22% del PBI, en 2002, al 38%, en 2022, según las estimaciones del FMI, sin mostrar mejores prestaciones. El poderío de los dirigentes políticos, gremiales y varios entes viene trabando el desarrollo y crecimiento de las actividades productivas.

Seguir leyendo: