Una vez más, el gobierno de Alberto Fernández colocó a la Argentina al servicio de la dictadura venezolana. Los hechos tuvieron lugar el viernes 7 cuando la diplomacia kirchnerista volvió a avalar al chavismo nada menos que en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante la votación en la que se abstuvo de sostener la continuidad la comisión que investiga las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro.
Junto con México, la Argentina confirmó una tendencia inaugurada hace casi tres años, desde la asunción de las actuales autoridades. Las que optaron por desplegar una política exterior basada en razones ideológicas y afinidades personales que ha convertido a la Argentina en una plataforma para la defensa de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El oficialismo parece desconocer que Venezuela es un país cuyo pueblo está sometido desde hace dos décadas a un sistema político que tuvo un orígen democrático pero que a poco de andar llevó adelante un cambio de régimen que en los hechos transformó una nación democrática en una dictadura cuasi-militar.
Una experiencia dramática que ha provocado desde la instalación de la dictadura de Hugo Chávez Frías y su sucesor Nicolás Maduro, una tragedia para su población. La que ha tenido que sufrir torturas, persecución de opositores, fusilamientos, desapariciones e infinidad de exilios, confiscaciones y violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos.
Pero a pesar de ello, el chavismo ha contado y cuenta con el aval del kirchnerismo, el que durante los últimos veinte años ha venido brindando asistencia, complicidad y protección diplomática para que la tiranía de Maduro continúe sometiendo al pueblo de ese país.
Tal como quedó demostrado hace pocas horas cuando en Ginebra la representación argentina se abstuvo de votar una resolución propuesta por los gobiernoS de los EEUU, Canadá, Chile, Alemania y Francia que condenaba enérgicamente las vulneraciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos ese país, algunas de las cuales, según la misión internacional independiente de determinación de los hechos, pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
Pero el voto de esta cuarta administración kirchnerista no representa el sentir del conjunto del pueblo argentino. Por eso es tan importante que los principales dirigentes de la oposición hayan expresado contundentemente en contra de esta nueva claudicación del oficialismo frente a la evidente violación de los DDHH en Venezuela.
Así lo hicieron el ex Presidente Mauricio Macri, la titular del PRO, Patricia Bullrich, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la conducción del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical que dirige el gobernador Gerardo Morales.
En nombre de los argentinos que en su inmensa mayoría adherimos a los principios consagrados en nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de DDHH suscritos por nuestro país, debemos alzar nuestra voz para expresar que la actitud del Gobierno resulta absolutamente repudiable.
Al tiempo que no debemos cesar de recordar que mantenemos una deuda eterna con una nación que en su día abrió sus puertas para muchísimos argentinos que escapaban durante la última dictadura militar (1976-83).
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