Defender los derechos humanos y la democracia, claves de una política exterior para el desarrollo en la región

El gobierno argentino se abstuvo ayer de apoyar la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que decidía continuar el mandato de la Misión Internacional Independiente y darle recursos a la Oficina del Alto Comisionado de DDHH de la ONU para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es una postura que roza la ignominia, y que a su vez se contradice con la que tomó el propio Gobierno hace dos semanas, cuando expresó preocupación por los descubrimientos de esa Misión Internacional Independiente.

El trabajo de la ONU en los últimos años resultó en avances muy importantes en la búsqueda de justicia en los casos de las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Dos ejemplos de esto son el llamado “Informe Bachelet”, de la Oficina del Alto Comisionado, y el informe presentado hace dos semanas por la Misión Internacional Independiente. Esos dos reportes documentaron graves violaciones de los derechos humanos, como el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, la tortura y ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Más allá de las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre problemas que “se disiparon”, estos descubrimientos fueron reconocidos por el gobierno argentino. Y hace solo dos semanas, la delegación argentina en Ginebra hablaba de “preocupación”, exhortando al régimen de Maduro a cumplir con las recomendaciones de la ONU.

El paso atrás que dio el Gobierno ayer no apoyando la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos es -nuevamente- sintomático de la falta de un rumbo en la política exterior argentina y de la instrumentalización de las relaciones internacionales para satisfacer posturas contrapuestas en la propia política interna de la coalición gobernante.

El Gobierno exhibe esas posturas internas contradictorias cuando, por un lado, expresa preocupación por los descubrimientos de la Misión Internacional Independiente en Venezuela, pero después se abstiene de renovar su mandato por dos años más. O cuando usa una doble vara en la condena a las violaciones de los derechos humanos, dependiendo de la mayor o menor simpatía con quien los viole: unos minutos antes del voto sobre Venezuela, la Argentina pedía que se investigaran las violaciones a los derechos humnos en Rusia y hablaba del “fundamental rol del sistema universal de promoción y protección de derechos humanos, y en particular de este Consejo, para promover derechos humanos en la Federación Rusa”.

Cuando se trata de defender los derechos humanos y la democracia en América Latina, la política exterior no puede admitir contradicciones ni posturas poco contundentes. Especialmente, cuando la Argentina tiene una tradición internacionalmente reconocida, y una voz autorizada en el tema, además como presidente del Consejo de DDHH de la ONU.

La consolidación democrática en América Latina es clave para que sigamos siendo una región de paz y para que aspiremos a convertirnos en una región próspera. Por eso debe volver a ser un pilar fundamental de la política exterior argentina: principalmente por solidaridad con el pueblo venezolano, pero también por nuestro propio desarrollo y seguridad.

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