En estos días, los jóvenes son protagonistas de fenómenos políticos de alto impacto y con una amplia demanda de sus derechos, derechos que infringen el de los demás.
Una decena de instituciones educativas de la Ciudad de Buenos Aires fueron tomadas por los alumnos. Algunos representantes de ellas ni siquiera reclaman por la situación propia, sino que lo hacen como solidaridad a otras. Me pregunto: ¿qué pretenden estos alumnos con el “cierre” de sus escuelas?
Estos estudiantes que ocupan el espacio público como propio y se aglutinan con unos pocos, con una alta visibilidad en las redes de las que son parte, ¿son consientes de que violan un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución nacional y por la Convención de los derechos del niño?, el derecho a la educación del resto de los estudiantes.
En el mientras tanto, se pierden clases, los aprendizajes se truncan, las oportunidades se pierden y la participación tan deseada se suspende. Entiendo que quieran debatir acerca de sus prácticas laborales, pero la violencia con la que se manifiestan no es la vía.
Si pudiéramos hacer una analogía con “Casa tomada”, el cuento de Julio Cortázar, podríamos afirmar que la escuela es el cobijo de sus moradores, al igual que el hogar de Irene y su hermano, protagonistas de la narración, es el espacio donde estudiantes y docentes construyen aprendizajes y se conforman ciudadanos críticos. Sin embargo, de repente, la casa se vuelve un espacio de amenaza y con total resignación van cediendo lugares hasta que, al final, la abandonan y tiran la llave en una alcantarilla para evitar ladrones.
Al igual que en la ficción, los estudiantes, parte de la escuela, se transforman en intrusos y plantean una encerrona trágica, en un contexto de extremo salvaje, sin posibilidad de apelación: ponen llave al establecimiento y dejan fuera a los directivos, docentes y el resto del personal.
Si bien es fundamental generar espacios de participación democrática donde todos sean protagonistas, es necesario aprender que las decisiones finales las toman las autoridades y no siempre son las que deseamos.
Participar en el gobierno de las instituciones podrá ayudar a los jóvenes a ser ciudadanos más activos, compenetrados con la realidad, pero a sabiendas de que hay niveles de decisión de las que no pueden ser parte.
Es nuestro deber, como adultos responsables de los menores, asumir nuestras responsabilidades, valga la redundancia. Por un lado, los padres y madres deberán hacerse cargo del accionar de sus hijos e hijas, y no solo me refiero a lo judicial, sino a lo simbólico, a la falta de criterios de acción o de querer hacer valer e imponer criterios personales. Y, por otro, los profesionales de la educación debemos enseñar a defender lo que nos corresponde y merecemos, revalorizando el lugar de las juventudes como ciudadanos activos, pero también siendo comprometidos con la sociedad y las instituciones públicas. Para ello, algunas prácticas políticas deben ser resignificadas en la escuela, donde lo colectivo se construya entre todos.
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