Asistí el 14 de setiembre de 2022 al Segundo Congreso de Consenso Bariloche realizado en el Hotel Inacayal en mi condición de historiador que desde hace más de diez años escribe sobre el conflicto con los seudo araucanos y contra la interpretación que el kirchnerismo, la izquierda y sectores bien pensantes del vasto arco político argentino han difundido en los últimos años sobre el general Julio A. Roca y la Campaña al Desierto. Que radicales progres, simpatizantes de Leandro Alem, sean anti roquistas, es entendible, forma parte de su esencia histórica. Para ellos, Roca era el Régimen. Ahora, que haya peronistas que desvaloricen y desvirtúen la figura de este General que al frente del Ejército Nacional se posesionó de la Patagonia en manos de delincuentes que maloneaban, asaltaban y secuestraban, es más difícil de asimilar. Al parecer, el nacionalismo ideológico con gotas de izquierdismo light ha hecho estragos en este sector político.
El objetivo de los organizadores de este evento fue poner en debate los distintos conflictos abiertos con grupos de inadaptados que asumiéndose araucanos atropellan la propiedad y las leyes, espantan las inversiones y corren al turismo. ¡En buena hora!
El gobierno provincial y municipal no asistió, una pena, en manos de ellos está la solución de gran parte de los conflictos, no de todos, por cierto. Resulta evidente que la provincia de Rio Negro y el municipio de Bariloche les queda grande a estos políticos.
El domingo a la noche un grupo de delincuentes bajó de las montañas que bordean la ruta 40, a la altura del lago Mascardi, y con palos, piedras y armas de fuego expulsaron a las fuerzas de Gendarmería que se habían instalado allí el martes 13 de setiembre, en el predio Los Radales, que había sido saqueado y destrozado el primero de agosto. Este grupo viene actuando desde Bariloche hacia el sur, en dirección al Bolsón, por la ruta 40. Atacaron la Escuela de Guardaparques; el predio del Obispado de San Isidro; Gas del Estado; la propiedad de John Grehan, La Escondida; la Cristalina, de Diego Frutos; los Radales, ya nombrada, y ahora a las fuerzas del Gobierno Nacional. ¿Qué pillerías faltan realizar?
Hace dos meses se encontraba en el predio tomado en Mascardi, Jones Huala. No es una primicia de quien escribe, en Bariloche era sabido, hasta la madre de Huala apareció en los medios a desmentir lo que era público y notorio.
Si nos retrotraemos en el tiempo, actúan de forma similar a lo que los malones indígenas practicaban en el siglo XIX sobre los fortines. En aquellos años también se discutía qué hacer con la delincuencia rural. Por un lado Adolfo Alsina pergeñó un plan defensivo muy criticado por su subalterno, Roca, y que fracasó. De modo que ante su muerte Roca fue nombrado por el Presidente Avellaneda ministro de Guerra, y emprendió la batalla final contra los malones. No es muy difícil solucionar hoy el problema de ocupaciones clandestinas. Hay que sacarlos, son pocos, se necesita decisión, coraje y leyes. Y políticos dispuestos a la tarea. Es aquí donde nos encontramos en problemas.
Hay que cambiar las leyes
Veamos con un ejemplo lo disparatado de las leyes que han fomentado y permitido lo que hoy ocurre. En tierras pertenecientes al ejido municipal de Bariloche se pueden verificar los errores cometidos.
Los antepasados de la familia indígena Buenuleo recibieron en el año1888 tierras de parte del gobierno nacional, otorgamiento refrendado en el año 1945. Hasta acá ningún problema. El nieto de Antonio Buenuleo lotea y vende tierras a quien quisiera comprar. Por problemas catastrales del municipio no se pudieron escriturar, pero los compradores tienen boleto de compra-venta, lo que los hace legítimos dueños, aproximadamente cuarenta personas. En el año 2006 Antonio Buenuleo, vende el predio de 480 hectáreas a un emprendedor, no interesa quien. El emprendedor reconoce los boletos de compra-venta. Hasta acá ningún problema.
Mientras esto pasaba, los distintos gobiernos de la democracia habían sancionado leyes que despertaron la codicia de ingenuos y avivados. Primero fue la ley 23.302, sancionada bajo el gobierno del doctor Alfonsín a instancia del doctor De La Rúa y aprobada por la bancada peronista. En el dictamen se afirmaba: “Esta ley preserva una pauta cultural que debemos cuidar, la existencia de la comunidad o tribu”. Luego, en el artículo 7 se dispone la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país debidamente inscriptas. Esto es, el Estado Nacional crea la propiedad social dentro del sistema capitalista.
Luego en el año 1992 se sanciona la ley 24.071 por la cual el país adhiere a la Resolución 169 de la OIT. Sería imposible desarrollar aquí artículo por artículo, pero lo evidente es que el país pierde soberanía y unidad nacional cuando la resolución recomienda tener en cuenta las leyes no escritas de los pueblos indígenas. Por ejemplo: “Cuando se impongan sanciones penales previstas por la Legislación general a miembros de dichos pueblos, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales”. Sobre el problema de la tierra y el acceso a ella, la intromisión es insoportable. La Argentina nunca debió hacerse cargo de un problema que jamás tuvimos. Fuimos un crisol de etnias, no un mosaico. Nunca hubo guetos. Finalmente estos dislates los corona la Constitución de 1994, que en su artículo 75, inciso 17, aseguró la posesión y propiedad comunitaria de las tierras. Aquellos Constituyentes estaban imbuidos de la falacia de la Leyenda Negra. Fue un brutal desconocimiento de nuestra historia.
Volviendo a Buenuleo, resultó que a partir del 2010 sus descendientes se conformaron como comunidad, aprovechando el dislate de las leyes, la que fue reconocida por el INAI en el 2020, por lo tanto se apoderan de las 480 hectáreas que su abuelo en propiedad privada había loteado, porque, como dice la Constitución, eran tierras que tradicionalmente ocupan. Con estas leyes, los conflictos van a escalar. Lo de anoche es una prueba palmaria de que los problemas crecen día a día.
Al concluir la jornada me quedó un sabor amargo. Es que al escuchar a abogados de la oposición moverse dentro de los parámetros legales existentes, la conclusión es que los problemas crecerán. El camino es que hablen los políticos y manifiesten sus propuestas sobre el tema. El asunto no se soluciona por la fuerza. Hay que modificar las leyes.
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