La distancia entre las instituciones públicas y los ciudadanos es cada vez más fuerte y tangible. No hace falta leer encuestas para saberlo, lo percibimos al hablar con quienes nos rodean. La confianza se ve minada por burocracias que no ayudan, lentitudes administrativas que frustran y palabras confusas que alejan. Es cierto que algunos trámites son necesariamente complejos y suponen la participación de varias reparticiones del gobierno, pero ¿es necesario, además, hablarle “en difícil” a quien necesita resolver un problema y ya está a merced de las idas y venidas de la burocracia? Definitivamente no.
Cuando el Estado es sobrio, claro y preciso al atender una necesidad, gana la cercanía y la administración pública se vuelve confiable. La sencillez y la eficiencia van de la mano. Más aún, la sociedad tiene derecho a comprender las leyes que la rigen y las normas que debe respetar, qué trámites debe hacer, cómo tiene que proceder y cuándo le conviene hacerlo. La identificación de las personas con las reglas de juego compartidas hace a la solidez del entramado social.
La claridad de las gestiones en cualquier nivel de la administración pública también se manifiesta en su comunicación con la ciudadanía y la iniciativa de Lenguaje Claro es parte medular de esta propuesta. Esta no es una idea peregrina. El lenguaje claro es una tendencia internacional que viene de la mano de cinco de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Esos objetivos apuntan a no dejar a nadie atrás, fomentando la educación de calidad, la igualdad de género, la reducción de las desigualdades en los países y entre ellos, buscando paz, justicia e instituciones sólidas, y trabajando para lograr alianzas para lograr los objetivos.
Todos estos fines obligan a las instituciones a acercarse de manera real de la población a través de distintas prácticas, entre las que se encuentra el lenguaje claro. Con antecedentes internacionales, la Red Nacional de Lenguaje Claro aglutina a lingüistas, juristas, sociólogos y profesionales que buscan transmitir buenas prácticas para allanar el lenguaje técnico y así permitir que la sociedad lo comprenda en su plenitud. Como botón de muestra, la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está volcada a simplificar la redacción de todos los formularios e instructivos con los que los vecinos realizan sus trámites.
Para que los organismos comuniquen mejor las normas y los trámites a toda la población, lo primero es averiguar qué necesitan saber las personas, qué trámites deben hacer y luego ayudarlas a alcanzar esas metas. El lenguaje claro, tanto en el ámbito jurídico como en el administrativo, implica poner en primer lugar a las personas, acercándoles las normativas de manera clara y sin imprecisiones. Un detalle importante a tener en cuenta: la implementación de un lenguaje claro busca transparentar la gestión sin quitarle el valor y la precisión al lenguaje técnico. La claridad no se opone a la calidad, sino que, por el contrario, la fomenta.
La ciudadanía confía en los organismos públicos o privados cuando es capaz de entenderlos y de interactuar con ellos de modo fluido, sencillo y transparente. Incorporar un lenguaje claro en las instituciones públicas fortalece el sistema democrático, mejora la reputación de los organismos, aumentando la eficiencia en la gestión, no deja a nadie atrás, garantiza el derecho de todas las personas a entender las reglas de juego, facilitando la participación ciudadana, reduce la ambigüedad, los errores y las malas interpretaciones, agiliza los trámites, optimiza tiempos de gestión y disminuye dudas, quejas y consultas de la ciudadanía.
Hablar compartiendo códigos nos acerca. Hablar con precisión nos da seguridad. El lenguaje claro genera confianza y es responsabilidad de toda administración pública estar a la altura de este desafío.
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