Los datos suministrados por el Indec confirmaron la persistencia de la inflación en un elevado andarivel en términos mensuales, con un acumulado de doce meses del IPC que arrancó el año con variaciones interanuales del 50% y llegó a 78,5% incorporando los guarismos de agosto. En la secuencia del promedio móvil de tres meses, el IPC anualizado escaló al 120%, viniendo del 110% en mediciones previas. A su vez, los datos de las dos primeras semanas de setiembre anticipan una variación mensual por encima del 6%, por lo que es creciente el consenso acerca de una inflación anual en torno al 95% cuando se difundan los índices de diciembre.
La inflación promedio mensual del primer semestre de 2022 fluctuó en torno al 5,3%, pero la pérdida temporal de control de las variables macro que se desató a principios de junio con las dificultades del Tesoro para refinanciar vencimientos de deuda interna empujó ese andarivel hacia guarismos superiores al 6% mensual por una aceleración del ritmo de emisión monetaria en el contexto de caídas adicionales de la demanda de dinero.
Entre junio y julio la emisión bruta del Banco Central alcanzó a $1,65 billones, equivalentes a 40% de la Base Monetaria
Entre junio y julio la emisión bruta del Banco Central alcanzó a $1,65 billones, equivalentes a 40% de la Base Monetaria, ya que se potenciaron mecanismos por fuera de los “Adelantos Transitorios”, caso del rescate de bonos del Tesoro en el mercado secundario y la recompra de Leliq al sistema financiero, que ha acentuado su exposición a la deuda pública en medio de esas turbulencias. Fueron intervenciones que, a su vez, llevaron la deuda remunerada del Banco Central a un nuevo escalón, equivalente ahora a 8,4 puntos del PBI y, más relevante aún, a 175% de la Base Monetaria. Este último guarismo significa que el costo financiero de las Leliq más pases), que ya supera los $300 mil millones por mes, define una emisión monetaria autónoma de Base Monetaria superior al 7% mensual.
La aceleración inflacionaria explicada por el deterioro de la macro que hizo eclosión a principios de junio tiene efectos de segunda y tercera ronda, ya que acentuó el atraso del tipo de cambio oficial (lo que afecta el frente externo), el de las tarifas de los servicios públicos (impactando sobre el déficit fiscal) y el de los salarios (activando mecanismos indexatorios).
En un escenario de “frazada corta”, la tendencia ascendente de la inflación en la medición interanual puede ayudar a corregir parcialmente el déficit fiscal en la medida en que el gobierno controle el gasto público en partidas no indexadas, pero esa herramienta es contraindicada para enfrentar los problemas originados en el frente externo y en el de la activación de los mecanismos indexatorios. A su vez, el instrumento de la devaluación serviría para intentar recuperar holgura externa, pero a costa de agravar el resto de las variables.
En este sentido, el recurso del “dólar soja”, si bien exitoso para que los productores se “pongan al día” en la liquidación de la cosecha, no escapa a la caracterización de la “frazada corta”:
a) Dado que el atraso cambiario se hace cada vez más intenso para el promedio de la economía, a asimetría con el resto de los sectores es notable. Comparando con el promedio de 2018 a 2020, el ingreso al productor con la tonelada a $68.000 experimenta una mejora de poder adquisitivo interno de 40 % en términos reales, mientras que para los exportadores “sin privilegios”, la caída del tipo de cambio real multilateral es de 22 %, considerando setiembre 2022 versus el promedio de 2018/20;
b) En setiembre observamos una marcada inconsistencia entre la política monetaria y la cambiaria, ya que el actual esquema es muy expansivo en términos monetarios, con un Banco Central que podría tener que estar emitiendo unos $600.000 millones (14% de la base monetaria), debido al desbalance que surge de comprar una fracción importante de los dólares de exportación a $200 y vender todos los dólares de importación a 140 pesos;
El actual esquema es muy expansivo en términos monetarios, con un Banco Central que podría tener que estar emitiendo unos $600.000 millones
c) Esta inconsistencia no podría sostenerse de octubre en adelante, y es seguro que el empalme del actual esquema desde fin de setiembre es motivo de discusiones entre el gobierno y el staff del FMI en Washington;
d) A su vez, es difícil imaginar que la medida del “dólar soja” vuelva a fojas cero, por el freno que habría desde el 1ro de octubre en las liquidaciones. Sin embargo, si el gobierno (con aval del staff) decidiera extender en el tiempo el dólar soja a $200 (sin retoques en el valor nominal), debería derivar al “tipo de cambio especial” importaciones que mensualmente involucren un monto de dólares demandados similar al de los “sojadólares”, para poner bajo control la inconsistencia mencionada. Con llevar las operaciones de tarjetas y turismo al tipo de cambio de $200 no alcanza. Tendrían que derivar otros rubros de importaciones La distorsión de precios relativos medida a través del tipo de cambio oficial.
Inflación en dólares
El seguimiento de la “inflación en dólares”, referenciando los precios internos a la evolución del tipo de cambio oficial, no sólo permite detectar indicios de atraso cambiario, sino también reflejar de modo elocuente el proceso de distorsión de precios relativos, que se acentúa cada vez más, incluso si se compara con el año 2015, el último de vigencia de la primera experiencia de los cepos al cambio y al comercio exterior, que había arrancado en 2012.
Para este propósito, se agrupan los distintos ítems que conforman el IPC CABA en tres grandes categorías:
- No regulados, aunque en algunos casos existen “Precios Cuidados” y otros mecanismos de intervención. En esta categoría se incluyen alimentos y bebidas, alquiler de la vivienda, cuidado personal, herramientas y equipos para el hogar y el jardín, libros y papelería, entre otros;
- Protegidos, dónde se agrupan productos de mercados afectados en su operatoria por
regulaciones cambiarias, de comercio exterior y de otro tipo. Aquí se incluyen los precios de los vehículos, de artefactos para el hogar, prendas de vestir y pasajes aéreos;
- Regulados, que incluye las tarifas de electricidad, gas y agua.
- No regulados, es dónde se aprecia en forma más fidedigna lo que habitualmente se cataloga como “atraso cambiario”. En este rubro, la suba del precio en dólares en los últimos tres años ha sido de 40,9%, o sea a un ritmo de 12,1% acumulativo anual, un guarismo que supera por 7 puntos porcentuales/año la inflación de los Estados Unidos en el período que va de agosto 2019 a igual mes de 2022.
El fenómeno de la inflación en dólares se potencia en el ítem de los productos catalogados como “protegidos”. Tomando los precios de agosto de 2019, se tiene que, a igual mes de 2022, la suba de estos bienes ha sido de 82,5% en dólares en tres años, siempre utilizando el tipo de cambio oficial. Esta variación implica una inflación en dólares a un ritmo del 22,2% acumulativo anual, unos 17 puntos porcentuales/año por encima de los registros de los índices de Estados Unidos.
De la comparación de los precios de los productos “no regulados” vs los “protegidos”, se deduce que el encarecimiento en dólares del país respecto de 2019 es en parte por atraso cambiario, pero fundamentalmente por los efectos colaterales de las crecientes restricciones que operan sobre la operatoria del comercio exterior. El objetivo de controlar precios y cantidades al mismo tiempo fracasa, y una gama relevante de productos pasa a usar los dólares libres para estimar los costos de reposición. Si esos cepos se eliminaran, bajarían los precios en dólares de los productos protegidos / restringidos, pero de todos modos el tipo de cambio debería ajustarse hacia arriba, para alcanzar el equilibrio del sector externo de modo genuino, y no por los cepos vigentes.
El objetivo de controlar precios y cantidades al mismo tiempo fracasa
También es cierto que existe “inflación en dólares reprimida”, si se tiene en cuenta el atraso de las tarifas de los servicios públicos. A agosto de este año, el costo de la provisión de agua, electricidad y gas (datos de CABA) se ha abaratado un 43% en dólares respecto de igual mes de 2019, replicando el fenómeno experimentado a lo largo del cepo anterior, que tuvo vigencia entre fin de 2011 y 2015. Así, para que la Argentina pueda proponerse una estabilización sustentable en el futuro, deberá empezar a corregir las tremendas distorsiones de precios relativos que se constatan. Para avanzar en esa dirección, se requiere un doble movimiento: por un lado, normalizar la operatoria del comercio exterior, para que los precios locales vuelvan a converger con los internacionales y, por el otro, devolver a las tarifas de servicios públicos el rol del GPS (sistema de precios) que orienta decisiones de consumo e inversión.
Mientras tanto, el cuadro de situación es realmente inquietante. Si se toma como referencia el 2019, en sólo tres años se han acumulado distorsiones de tal magnitud que encontramos precios que se han duplicado medidos en dólares, y otros que se han achicado prácticamente a la mitad.
Como se observa en el gráfico adjunto, los precios en dólares que más han aumentado en ese período resultan los automóviles, con una variación de 101%, seguidos de indumentaria (86%), televisores (61%) y herramientas y equipos para el hogar y el jardín (55%). Los faltantes de partes, insumos y bienes terminados, o la falta de competencia derivan inevitablemente en escasez y subas de precios. Es imperioso que en la agenda de reformas se incluyan incentivos a la competencia y normalización del funcionamiento del comercio exterior (sin cepos), ya que las barreras que se introducen tienen los efectos colaterales que se retratan en el gráfico.
Del otro lado, tenemos una caída de valores en dólares de entre el 41% y el 55% en agosto de 2022 con relación a 2019, para las facturas de gas, electricidad y agua (CABA). Ya es un argumento repetido lo costoso que resulta el desfase entre la inflación y las tarifas: se alienta una demanda por encima de lo que ocurriría con precios que cubran los costos, se deprimen las inversiones en los sectores afectados, se potencia el déficit fiscal por la contrapartida de subsidios, y se deterioran las expectativas de inflación por las inevitables correcciones que habrán de darse, tarde o temprano.
Esta columna fue publicada en el Informe de Coyuntura del Ieral 1446, septiembre 2022
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