Los días robados

Cuando comentamos hace unos días el excelente Informe de Argentinos por la Educación, respecto de las causas referidas por las familias acerca de la suspensión de clases, varios temas llamaron la atención: por un lado, que estemos en la categoría de Ausentismo Crónico, apenas en la primera mitad del año, como si fuera un destino inexorable el perder más del 10% de los días de clase. En segundo lugar, la brecha entre privada y estatal, también crónica, se profundiza cuando constatamos que la suspensión de días de clases duplica a la pública.

También sale a la luz una causa en común: las jornadas docentes. Más allá de que el paro sea la primera causa en el ámbito público y la segunda en privada, nos muestra claramente que el sistema colapsa a la hora de prestar un servicio de calidad, suponiendo que las jornadas docentes lo fueran. Pero en todo caso, planificar cualquier acción como cuerpo docente, en un organismo vivo que debería ser la escuela, no forma parte de la estructura laboral y organizativa del sistema. Se les pide a los docentes trabajar en equipo, pero para hacerlo hay que suspender las clases.

El sistema atrasa, en todo, no solo es el currículum, también la organización y gestión para a mejora de los aprendizajes. Solo vemos los síntomas de un enfermo que se muere por igual en la prepaga y en el hospital público.

Necesitamos abordar el tema de fondo, el sistema y la carrera docente. La autonomía escolar, de la que siempre hablamos, entre otras cosas, permite contar con el personal a tiempo completo, con una organización del trabajo frente al aula y en el resto de las tareas que hacen sostenible y eficiente el sistema sin que los alumnos pierdan horas de clase. La Educación está tan enferma como el país, y hace falta tomar las decisiones correctas para que no sigamos defraudando a los chicos y sus familias.

Cuando analizamos el tema de los paros docentes, siempre ha predominado el enfoque del derecho de los trabajadores, pero sin duda, este derecho se enmarca en el capítulo de los derechos civiles. Precisamente, este enfoque amplía la mirada hacia los niños, un actor que no tiene voz propia, y que en pandemia fue representado tan genuinamente por los padres.

Entre los derechos civiles garantizados por la Constitución Nacional, un derecho aparece en su dimensión completa: el derecho a enseñar y aprender. También la Declaración de los Derechos del Niño, de rango constitucional, es sistemáticamente violada cuando entra en colisión con los derechos de los adultos a reclamar por una variedad de motivos que van desde el salario, a cuestiones políticas coyunturales, que nada tienen que ver con el superior interés del niño, que es quien está en la posición más débil en este conflicto.

Para ser más claros, podemos tomar el caso de la provincia de Santa Fe, en donde podemos ver con detalle esta dramática situación que se amplía cada año, ante la escasa resistencia de una sociedad que ha naturalizado el conflicto como metodología y ha elegido la fuerza y la calle para dirimir todas las reivindicaciones.

El Calendario Real de Santa Fe hasta ahora ha sido de 148 días (si los meses que restan no tuvieran ninguna interrupción).

La pérdida de días de clase ha sido del 21,6%

En el cuadro que presentamos vemos la magnitud que tiene para nuestros chicos, y muy especialmente los que asisten a la gestión estatal, los más vulnerables.

Y no hemos contabilizado lo que ya está previsto: 2 jornadas ministeriales docentes y el Banderazo de 4° año. Y más aún, el Mundial, que dará por terminado el ciclo lectivo el 19 de noviembre, cuando las escuelas, en vez de recuperar aprendizajes, serán objeto de “proyectos educativos multidisciplinarios” que todos sabemos no pasan de compartir las figuritas o hacer afiches con las banderas de los equipos.

Cuando las autoridades hablan del calendario escolar de 180 días o de los 190 que asumió la Provincia, y de sumar 1 hora más de clase, realmente no están parados en el mundo real.

El impacto sostenido de perder la cuarta parte del año escolar, que es en Santa Fe de apenas media jornada, porque no se cumple con la prescripción de jornada completa que estableció la Ley Nacional en 2006, es realmente gravísimo.

Los educadores somos esenciales en la vida de las nuevas generaciones, y es hora de encontrar otros canales de discusión acerca de las cuestiones laborales, lo que constituye una dimensión no menor de la carrera docente, hoy inexistente.

Sin embargo, hay una responsabilidad, como la de otras profesiones esenciales, en el daño infligido que perdura por mucho tiempo y cambia sustancialmente el proyecto de vida del individuo y la de su entorno. La pandemia nos demostró el daño que la falta de escolaridad hizo en los niños y adolescentes.

Como decía Alberdi, “la pobreza se vende, y la ignorancia se equivoca”. Necesitamos que los más necesitados aprendan para poder ser autosuficientes y elegir su proyecto de vida en libertad. Definitivamente, su derecho está por encima del de los adultos.

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