Estado y sector privado frente a la industria del cannabis

El pasado 26 de mayo. el Poder Ejecutivo promulgó la ley 27.669/22 que creó el “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial”. La norma estableció un plazo de 180 días para que el actual Ministerio de Economía, a través de su Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo la reglamente y constituya la agencia regulatoria correspondiente (ARICCAME); todas tareas que urge encauzar y que se vieron parcialmente consumidas por la convulsión política, económica y social que atraviesa nuestro país.

El objetivo de esta norma fue realizar una apuesta estratégica por uno de los sectores emergentes más disruptivos de la economía global. Para tomar dimensión de la magnitud del fenómeno al que nos referimos, según un informe de la agencia Euromonitor Internacional, en los últimos 10 años, este mercado a nivel global se expandió de 0 a 23.000 millones de dólares y se multiplicará hasta alcanzar transacciones por 93.000 millones para finales de esta década.

La iniciativa del Poder Ejecutivo buscó impulsar la creación de una nueva actividad económica dentro del entramado productivo nacional, y consecuentemente poner en marcha una agenda de inversión, producción, desarrollo regional, diversificación de la matriz productiva de algunas provincias, así como la generación de empleo registrado de calidad, la promoción de diversos encadenamientos productivos y la creación de valor agregado de la mano de nuestro sistema tecnoproductivo y científico. A todas luces, objetivos exigentes que requerirán audacia política, el acompañamientos de todas las agencias del Estado, un marco regulatorio flexible y la generación de condiciones competitivas para las necesarias inversiones, sin la cuales todo lo enunciado quedará en una larga lista de buenas intenciones.

Habremos de valorar su impacto con una perspectiva de tiempo, entendiendo que nada de lo propuesto se generará de la noche a la mañana y dimensionar que muchas decisiones que deben tomarse al momento de la reglamentación de la ley serán las que terminarán de definir si las expectativas económicas creadas se materializarán o no.

Enfrentamos aquí un punto de inflexión tanto para el sector público como para el privado, ya que cada posicionamiento que se tome marcará a fuego la suerte del potencial que decidimos despertar mediante la sanción de la ley.

Los primeros pasos que se dieron desde 2017 en relación a la producción del cannabis en nuestro país han estado signados por una fuerte presencia del Estado como actor económico. Dan cuenta de ello, los numerosos proyectos públicos encabezados por diversas provincias y municipios para su industrialización a diferentes escalas.

Pensando prospectivamente, dicha situación nos obliga a plantear un debate inexorable y necesario sobre qué rol cabe al Estado y a los privados en la construcción de esta nueva etapa. Sería deseable dar mensajes claros y pensar la industria con un Estado comprometido con función reguladora, cuyo rol básico y esencial en una economía social de mercado, consiste en actuar como factor de equilibrio de los diferentes intereses en juego. Un Estado como artífice de la implantación de un modelo fiable y seguro de producción y comercialización de productos controlados, de calidad, legales y accesibles, que avance hacia la regulación del uso adulto y la descriminalización de los consumidores y usuarios. Un Estado que fiscalice, controle y ordene. Un Estado que trabaje en pos de la protección al consumidor, favorezca la competencia y evite cualquier intento por generar concentraciones o posiciones dominantes de mercado no deseadas. Un Estado que planifique y regule en favor de la inversión y el empleo, con normas y procesos transparentes en el otorgamiento de licencias. Un Estado que promueva un despliegue armónico de la industria con perspectiva federal y en favor de nuestras economías regionales. Un Estado que genere una red de colaboración y acompañamiento con el sector privado mediante su sistema científico y tecnológico, expresado en instituciones como el INTA, Conicet, y la academia pública, fomentando la investigación, la formación y capacitación de profesionales. Un Estado que acerque herramientas de financiamiento y fomento para el rápido despegue de la industria y viabilice la comercialización de categorías de productos innovadores en el mercado interno y su promoción internacional para generar más exportaciones. Un Estado que desempeñe un papel decisivo en la divulgación pública de las evidencias científicas existentes respecto del uso del cannabis en salud, garantizando la cobertura de los tratamientos médicos para todo aquel que lo necesite y no lo pueda solventar, pero también que alerte sobre los riesgos asociados a los consumos problemáticos y con políticas activas respecto del control de daños en relación al abuso de sustancias.

En forma simultánea, sería estratégico dar prioridad al sector privado en la oportunidad de producir y desarrollar negocios, con un foco fundamental en las pymes, los emprendedores y las cooperativas en una articulación inteligente, colaborativa y sinérgica con el Estado en su función reguladora. Argentina cuenta con 600.000 pymes, que representan el 99% del tejido empresarial y generan el 70% del empleo formal; apostar por ellas, generando las condiciones adecuadas, despertará sin dudarlo toda su capacidad creativa y energía emprendedora para que toda esa potencia se traduzca en un desarrollo sostenible con impacto económico, social y ambiental positivo para nuestro país.