La situación educativa del país es muy preocupante desde hace tiempo. Ya antes de 2020, apenas la mitad de los jóvenes completaba la escolaridad obligatoria y la mitad de ellos comprendía textos. Cuatro de cada diez estudiantes de tercer grado no estaban correctamente alfabetizados. Apenas dos pinceladas del crítico estado del sistema educativo, pese al aumento de la inversión y de las tasas de escolarización, o el esfuerzo de los gobiernos y las buenas políticas implementadas desde la democracia. El prolongado cierre de escuelas durante la pandemia empeoró el panorama.
Se habla mucho de la indolencia social frente a esta crisis. Hay quienes piensan que el interés reavivado con la pandemia ya se desvaneció, que lo único que nos importa a todos es que los chicos estén en la escuela, socialicen y obtengan el título. ¿Es realmente así? Encuestas recientes muestran que para la mitad de la población la escuela es mala o inocua. Las madres y los padres se preocupan por la escuela a la que envían a sus hijos y saben cuando pasan de grado sin aprender mucho.
En todo caso, es responsabilidad de las dirigencias y de todos aquellos comprometidos con la educación movilizar y proponer soluciones. La educación es un tema colectivo. Pero el Gobierno tiene la máxima responsabilidad. De él dependen la definición de las prioridades y políticas, la distribución de los recursos, la coordinación de los equipos para una buena implementación, la construcción de acuerdos con los actores involucrados, o la sistematización de la información y el monitoreo. Como dice Mayra Arenas, la política tiene el deber ético de imponer el derecho a la educación.
Pero no alcanza con decir que la educación es importante. Ni siquiera con valorarla genuinamente. O con invertir más. Hay que saber cómo mejorar el sistema educativo entero. Y para eso no hay fórmula universal. Por la cantidad de escuelas, la diversidad de actores involucrados, la perpetuación de identidades y prácticas escolares, o los efectos diferidos de la enseñanza, la política educativa es particularmente compleja. Más en el contexto de las actuales urgencias económicas, sociales y educativas del país.
Las elecciones de 2023 presentan una ocasión privilegiada para pensar planes fundados, viables y medibles para el próximo período de gobierno. Lo más frecuente es que los nuevos equipos asuman con ideas generales, sin una buena transición con los anteriores, con gabinetes elegidos sobre la hora, sin prioridades compartidas.
Desde los ministerios de Educación se viene gestionando a través de múltiples programas para cada uno de los problemas educativos. Mosaico de acciones numerosas, específicas, dispares y desarticuladas a las que se asocian objetivos, referentes, equipamiento, secuencias didácticas y rendiciones de gastos, la llegada a través de programas parceliza a los ministerios y el sistema, además de generar una gran dispersión de recursos, energía y confusión.
¿Cuáles deberían ser las prioridades para el período 2024-2027? Hay urgencias que se imponen por su propio peso: recuperar a los jóvenes que abandonaron la escuela con propuestas que les permitan desarrollar un proyecto de vida y mejorar los saberes fundantes de lengua y matemática son algunas de ellas. Será clave definir los objetivos irrenunciables y diseñar estrategias convergentes para lograrlos.
Habrá que ir avanzando también con una agenda más ambiciosa para el mediano y el largo plazo, que podría abarcar desde la profesionalización de las capacidades estatales, pasando por la reforma de la formación inicial y la carrera docente, o la transformación del modelo pedagógico para dialogar mejor con las necesidades del mundo actual.
Este planeamiento debería partir de diagnósticos del sistema y las políticas en curso, para identificar cuáles serían sostenidas y mejoradas. Los cambios en educación requieren tiempo. Hay que renunciar a la pulsión fundacional, tan característica como nociva, de cambiar todas las políticas con cada nuevo ministro. Hay que construir sobre lo construido.
Los planes deberían contemplar no sólo el contenido, sino también los medios de la política educativa. Solemos embarcarnos en discusiones sobre qué políticas priorizar sin contemplar cómo podrán implementarse. ¿Se cuenta con la legitimidad política, los recursos económicos, la información o las capacidades técnicas para avanzar con los cambios imaginados?
Llevamos décadas avanzando en la escolarización, pero no en los saberes y capacidades de cada generación. La mejora es difícil pero posible: así lo muestran otros países o estados subnacionales. Como lo plantea Fernando Savater, una sociedad que abandona la educación está de alguna manera suicidándose. ¿Estamos previendo los caminos para torcer el rumbo?
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