Estabilización: el capítulo Massa y las complejidades de la transición

Tal vez no sea sorprendente que la portadora del poder haya esperado estar al borde del abismo para no vetar un programa de ajuste a priori ortodoxo. Después de todo, hubo varios gobiernos populistas que ante la escasez absoluta de reservas internacionales (y crédito) y ante el colapso de la demanda de dinero reaccionan ante el agotamiento del espacio de financiamiento del gasto público.

El sentido común también prevaleció al otorgarle mayor poder político al actual ministro de Economía concediéndole áreas claves como la Secretaría de Energía y (parcialmente) el BCRA.

El giro hacia la ortodoxia se evidencia en el endurecimiento de la política monetaria acercando las tasas de interés a la expectativa de inflación para mejorar el balance de ahorro de la economía y a la vez incentivar la demanda de pesos.

En lo fiscal, la nueva política tarifaria propone una segmentación más severa que la planteada por el ex ministro Martín Guzmán. También va en la dirección de la ortodoxia el anuncio de importantes recortes en el gasto presupuestario (no limitándose a pisar la caja).

Estas medidas entre otras lograron calmar el índice de riesgo país y los tipos de cambio libres retrocedieron, aunque se mantienen en niveles técnicamente elevados; se produjo una reestructuración voluntaria de la deuda pública doméstica alejando la concentración de vencimientos en los próximos meses; y más recientemente el BCRA dejó de perder reservas y comenzó (tímidamente) a recuperarlas.

Sin embargo, el proceso de estabilización es sinuoso y largo. El congelamiento de partidas puede no tardar en generar resistencias políticas sobre todo por la inercia inflacionaria y porque el punto de partida es un nivel de fuerte atraso de salarios y jubilaciones. En ese contexto, y en ausencia de financiamiento externo -aún si el FMI mantiene la estrategia de rollover- será difícil contener las presiones del gasto sin gatillar la emisión monetaria y-o mayor endeudamiento doméstico.

La emisión es conducente a mayor inflación y el encarecimiento del crédito (derivado del endeudamiento) es recesivo alimentando ambos canales un proceso de estanflación (estancamiento con inflación).

Obstáculos en el frente

La ausencia de un programa de reforma del Estado que incluya mejoras de eficiencia, transparencia, reducción del tamaño relativo, reforma previsional y leyes de coparticipación conspira contra las expectativas de sostenibilidad fiscal y estabilización.

El intervencionismo cambiario es tal vez el obstáculo más grande para la estabilización. La profundización del cepo potencia el ya severo racionamiento de divisas con fuerte impacto negativo en la oferta de insumos importados, la producción doméstica y la inflación.

Algunos instrumentos de intervención pueden ser efectivos un tiempo cuando el resto de las políticas que acompañan son consistentes y moderadas; no cuando los excesos monetarios y fiscales, atraso cambiario, e incertidumbre política desestabilizan la oferta y demanda de divisas. En este contexto, y con el riesgo país a niveles de default, resulta difícil atraer financiamiento de corto plazo para recomponer reservas en el BCRA. La elevada brecha cambiaria exacerba el desvío de comercio (subfacturación d exportaciones y sobre facturación de importaciones).

Varios factores limitan los incentivos a la inversión y a la producción: distorsiones de precios relativos (tarifas, tipo de cambio, racionamiento); confiscatoriedad, inequidad y complejidad del sistema tributario; poca profundidad del sistema de crédito; leyes laborales y planes sociales que desincentivan la formalización; débil conexión entre el sistema educativo y las necesidades del empleo; pobre defensa de la competencia y volátil integración comercial; privilegios arancelarios y para arancelarios (que desincentivan la eficiencia y equidad en la competencia y promueven el proteccionismo rentista).

Sin remover estos obstáculos el plan de estabilización resulta ilusorio: al no promover la oferta y la inversión, el ajuste estabilizador pasa exclusivamente por políticas contractivas.

¿Puede el plan Massa evitar que la inflación al menos no se dispare por encima del 100% sin revertir la escasez de reservas internacionales y postergando la resolución del desequilibrio externo e interno? La respuesta es no, a no ser que:

1) En lo fiscal se restrinjan las transferencias a las provincias que no estén encarando a su vez programas de austeridad; reevalúen las prioridades en la inversión pública; condicionen los planes sociales a programas de reinserción en el mercado laboral y/o educativo; revisen los programas de pensiones especiales como invalidez; eliminen, aunque sea gradualmente las desgravaciones impositivas y arancelarias; indexen las correcciones tarifarias; simplifique y modernice el sistema tributario eliminando impuestos en cascada (ingresos brutos y cheque) y reduciendo la presión tributaria para facilitar la formalización; etc.; y

2) En lo cambiario se flexibilice gradualmente el cepo, inicialmente a partir de una estrategia de desdoblamiento, como en el caso transitorio de la soja. Entendiendo que esto es un segundo mejor frente a la posibilidad de una eventual unificación cambiaria, ayudará a que: los exportadores liquiden y sigan invirtiendo en el sector; los importadores paguen lo que corresponde que siempre es mejor que el precio infinito que supone el racionamiento y de paso dejen de hacer compras especulativas; evitar una parálisis de la economía por falta de insumos o la contracara de ello -una sustitución ineficiente con costos más elevados-; generar previsibilidad a las empresas. La administración de un sistema de desdoblamiento con múltiples tipos de cambio -en combinación con un crawling peg en línea con las expectativas de inflación- es compleja, pero tiene menor impacto económico adverso sobre la economía que el racionamiento que produce el cepo.

Inconsistencia temporal

Aun suponiendo que Sergio Massa logre neutralizar la oposición interna de la coalición y que haya voluntad de avanzar en esta dirección, las elecciones de 2023 complican el escenario. El problema es la conocida inconsistencia temporal de políticas por la que un gobierno no quiere adoptar políticas que tengan costos de políticos de corto plazo y que beneficien al próximo de signo contrario. En el mejor de los casos, el programa mencionado tomaría al menos 6 meses y probablemente más de un año en dar resultados.

El acto de balancear los costos y beneficios del ajuste entre las coaliciones de gobierno contribuiría a la estabilización y servirá para que la clase política cumpla su principal mandato: servir a la población. En dicho camino será crucial también que se distribuya el costo del ajuste mayoritariamente entre los sectores más privilegiados.

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