No todo lo que brilla es energía

Desde hace semanas se anuncia la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner que unirá las ciudades de Tratayén, en la Provincia de Neuquén, y Saliqueló, en Buenos Aires, en su primer tramo, prometiendo en una segunda etapa llegar a San Gerónimo. Hasta ahora, lo único en lo que se ha avanzado es en el adelanto del 50% de la compra de los caños en Brasil para su posterior plegado y pintado en la planta de Techint en Valentín Alsina, por un lado, y la adjudicación de las obras civiles a diversas empresas constructoras de gran porte capaces de hacer la obra en forma y tiempo como para poder inaugurar el tramo 1 en julio del 2023, por el otro.

Pero no es tan fácil, un gasoducto de estas características además de caños también necesita estaciones compresoras que aún no han sido compradas pero cuyo fabricante, como excepción, se comprometió a entregar en febrero próximo, una vez que se le otorgue la orden de compra y el pago correspondiente.

En donde se encuentran los mayores problemas es en las válvulas necesarias que son aproximadamente 200 y que no existen en el mercado. Fuentes de Enarsa niegan este problema públicamente, pero en off dicen que no ven la posibilidad de poder comprarlas para que sean entregadas en fecha.

A todo esto, se suma la problemática Mapuche que quiere participar en las ganancias del gasoducto y se descuenta que en algún momento van a tratar de paralizar la obra, como es su costumbre.

El aspecto regulatorio no es menor, aún no se sabe bajo que reglamentación va a tener el gas dentro del gasoducto, quiénes van a ser los cargadores, 11 millones de metros cúbicos día en una primera etapa para llegar en el mejor de los casos a 20 millones si una serie de condiciones económicas se dan, dado que para lograr ese aumento de producción se necesita capital intensivo e inmediato que por las condiciones macroeconómicas de nuestro país no es fácil de conseguir.

Tampoco se sabe quiénes van a ser los tomadores de ese gas y a qué precio, menos aun cuales son los planes del Poder Ejecutivo Nacional para lograr llegar a venderle a Brasil. En este punto es importante destacar que el aspecto económico es clave, dado que se está hablando de extracción de hidrocarburos no convencionales que requieren de inversión permanente para mantener la producción e inyección de nuevos capitales para alcanzar la magnitud de lo que se necesita.

Además, se resalta el récord de producción de gas natural del yacimiento de Vaca Muerta, pero no dela declinación de los pozos convencionales cuya extracción de gas natural y petróleo se mantienen estable.

También se anunció un memorándum de entendimiento entre YPF y Petronas para la concreción de un proyecto de una planta de licuefacción y la posibilidad de exportar gas natural en aproximadamente seis años. ¿Se va a utilizar el Gasoducto Néstor Kirchner o se tendrá que construir un nuevo ducto?, ya que la capacidad del primero alcanza a 44 millones de metros cúbicos día y si se quiere exportar gas a Brasil, Chile y encima licuefaccionar en una planta, ese caño, así como está diseñado no alcanza. Nuevamente surgen las mismas preguntas: ¿Quiénes serán los cargadores? ¿Bajo qué regulación? Y, por sobre todas las cosas ¿Quiénes van a ser los que van a financiar el proyecto?

¿De dónde se va a obtener la producción incremental? que se necesita para: 1) Cubrir la rápida disminución de abastecimiento de Bolivia que dejó entrever extraoficialmente que en el próximo invierno le entregará a la Argentina solo 14 Mm3d; y 2) Finalizando el contrato en 2024, cómo se va a reemplazar el abastecimiento del barco de GNL de Bahía Blanca que partió a Finlandia con un contrato a 10 años y en un contexto internacional en donde los precios no solo aumentaron cerca de un 400% sino que se dificulta conseguir cargas de gas, ya que Europa está acaparando toda la demanda existente.

La cuenta no da, la producción de gas natural de Vaca Muerta, sumada a la del Golfo San Jorge, importación de Bolivia y la terminal de regasificación de Escobar no alcanzan a cubrir la demanda de gas natural prevista para 2023, seguramente persistirán los mismos problemas o peores de los actuales.

Nuevos funcionarios

Para terminar de confeccionar esta tormenta casi perfecta, con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, un nombramiento de una persona inexperimentada como Secretaria de Energía, un subsecretario de Hidrocarburos como Federico Bernal a quien se le conoce su posición estatista, un interventor del Ente Regulador de la Electricidad muy combativo con el sector privado; la quita de los subsidios en forma escalonada para los precios de la energía, bajo el paraguas de un registro para que se puedan inscribir aquellas familias que consideran que cumplen con los requisitos necesarios como para poder mantenerlos, y con un mensaje poco claro para entender qué, cómo y cuánto van a tener que pagar en los próximos meses.

Es que como todavía no se designó un interventor en Enargas, las resoluciones que oficializan la suba del gas fueron firmadas por Osvaldo Pitrau gerente general del organismo, en una decisión que excede sus atribuciones. No se convocó a audiencias públicas previas como establece la ley. El decreto 610/22 que fijó los nuevos precios del gas para los que pierden los subsidios viola la ley 24.076 y los aumentos adicionales para los hogares de ingresos medios no respetan ni el propio decreto 332/22 que firmó el presidente Alberto Fernández en junio. ¿Fue un error involuntario o algo hecho a propósito para estirar el comienzo de las nuevas tarifas?

Cualesquiera sean algunas de las respuestas, estos incrementos no solucionan el problema de fondo, no se cumple con la ley y con la devaluación del peso y el ritmo de inflación no se llega, nuevamente, a cubrir los costos de producción, transporte y distribución de la energía, poniendo al Gobierno nacional en general y al Ministerio de Economía en particular en una encerrona muy peligrosa- ¿Se animarán a implementar otro ajuste de tarifas en términos reales en el próximo año electoral?

La exigencia del FMI es más que clara, se deben regularizar los precios de la energía y terminar con los subsidios, una muestra clara de las intenciones del ministro Massa fue la última semana cuando decidió dejar de subsidiar a Cammesa que está con saldo negativo de USD 1.500 millones por las deudas que mantienen las distribuidoras del sector eléctrico y que imposibilita el pago del gas natural y del gas oil que en condiciones normales y fuera de su rol específico cumple gracias al aporte de Tesoro Nacional.

Ahora esa asistencia no estará, y Cammesa se verá obligada a exigir a las empresas, en la mayoría de carácter provincial, a cumplir con los compromisos adeudados, seguramente con el consiguiente problema para cada uno de los gobernadores que se verán obligados a autorizar incrementos en las tarifas en un contexto preelectoral.

No alcanzan los anuncios, siempre deben venir acompañados de su correspondiente fuente de financiamiento y la definición de las reglas que guiará a las nuevas producciones energéticas que surjan de las obras terminadas.

No todo lo que se anuncia se cumple y no todo lo que brilla es energía.

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