Chile y el anhelo hacia un Estado Social de Derechos

Este domingo se votará un plebiscito constitucional de Chile, fruto de la revuelta social que agitó al país en octubre de 2019 y que desencadenó un proceso constituyente con el apoyo de un 78% de la población. Parece paradójico no tener hoy claridad respecto a los posibles resultados. Tanto apoyo en aquel entonces y tanta polarización ahora.

Las protestas colectivas llevadas a cabo por una amplia mayoría del pueblo chileno, fueron el reflejo del descontento que tenía la población hacia las autoridades políticas, los poderes estatales y las prácticas de aquellos que ocupan espacios de poder. La sociedad chilena supo hacerse escuchar. Dijo basta a la desigualdad social que había heredado tras la dictadura cívico militar de Pinochet, asegurada en la constitución de 1980 y que resultó determinante para el porvenir de las y los chilenos. En Chile la estratificación social es tan profunda que cuando uno indica donde vive dice mucho más que un simple domicilio.

En efecto, la reivindicación de la democracia siempre ha sido uno de los núcleos centrales en las movilizaciones. El reclamo permanente por la ampliación de derechos y la necesidad de que todos los ciudadanos y ciudadanas vivan como sujetos plenos de derecho. Por eso, la ratificación de la nueva constitución a través de este plebiscito tiene la idea de romper con una estructura social y política muy desigual; y al mismo tiempo, con una constitución que ostentaba un Estado subsidiario para pasar a un Estado social de derechos.

Desde el 18 de octubre de 2019 hasta mediados de marzo del 2020, alrededor de 1,2 millones de personas -según cifras oficiales- se congregaron en el centro de la capital chilena para demandar igualdad en todos los frentes. Este fue el rostro festivo de un profundo malestar social, producto de la frustración de gran parte del pueblo chileno y que se sentían al margen de la senda de desarrollo de los últimos 30 años.

De manera análoga, esta se conformó por jóvenes, estudiantes, padres, pensionados, trabajadores, profesores, académicos, artistas y escritores, entre otros. A nivel regional se visibilizó la lucha de los representantes de los pueblos originarios y de la diversidad sexual. En la plaza Baquedano, centro de las protestas, lograron confluir pueblos históricamente segregados marcando un hito histórico desde la vuelta de la democracia al país.

Finalmente, en pleno contexto de pandemia con las pérdidas humanas y los daños sociales y económicos que acarreó, las demandas del estallido fueron contenidas por el gobierno de Piñera acompañado por todo el arco opositor: unidos no por el amor sino por el espanto de que la profundización del malestar social pudiese hacer colapsar el sistema de partidos. Fue así que la acción del 2019 se dio de abajo hacia arriba, sin embargo la reforma constituyente bajo los principios de la democracia, la libertad y la igualdad se proclama en el sentido inverso.

La ciudadanía chilena sorprendió a la clase dirigente, supo empoderarse y en la elección de las y los 155 convencionales con mayoría de independientes sin identificación con los partidos tradicionales, logró interpelar al sistema político. Por primera vez, el texto de una nueva constitución no se plebiscita al final de un periodo autoritario, sino producto del deterioro de la legitimidad de las instituciones democráticas, siendo el proceso más democrático e inclusivo en la historia chilena. Tan disruptivo fue todo el proceso que el órgano encargado de redactar la nueva carta magna, que se votará este domingo, contó además con paridad de género y representación de los pueblos indígenas.

La propuesta de la nueva constitución rompe moldes y estructuras que genera un amplio rechazo en los sectores conservadores, con solo pensar en pasar de una república democrática a una república paritaria y donde el Estado garantice la igualdad de oportunidades. Como así también, pasar de una constitución que omitió hablar de los pueblos originarios a una constitución que habla de un Estado Plurinacional e Intercultural. También genera cambios en la institucionalidad política con la disolución del Senado, un bastión de los partidos conservadores tradicionales con 200 años de funcionamiento, poniendo en debate si Chile debe seguir siendo un Estado unitario o pasar a ser un Estado regional.

Con la expectativa puesta del nivel de participación, dado que se trata de un plebiscito obligatorio en un país donde el voto es voluntario, las encuestas difícilmente puedan dar certezas del resultado. Sin embargo, uno podría esbozar cuales pudiesen ser los escenarios posibles el 5 de septiembre tras aprobarse o rechazarse la nueva constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático; con un marcado sello feminista que recorre los 388 artículos y 57 normas transitorias. Como dijo la escritora Isabel Allende, “la nueva Constitución ataca los fundamentos del patriarcado”.

De ganar el Apruebo, la nueva carta fundamental entrará en vigencia. El día después seguramente se comenzará a evaluar como los derechos consagrados se pueden convertir en políticas públicas, desafío que no será fácil por los intereses en juego. Aun con las propias observaciones de quienes habrán votado a favor planteando reparos sobre algunos puntos. La misma Michelle Bachelet parafraseando a Pablo Milanés y confirmando su apoyo al Apruebo dijo: “No es perfecta, más se acerca a lo que yo siempre soñé”.

De ganar el Rechazo se mantendrá la actual Constitución pinochetista, pero pareciera que aun en ese escenario sombrío habría algunas luces. Existe un consenso político en que la constitución actual debe cambiarse, en respuesta a que la inmensa mayoría de los chilenos se manifestó en las urnas por el reemplazo de la actual Carta Magna en el plebiscito de entrada de octubre de 2020. El acceso a la educación, la salud y la reforma previsional deberán ser banderas que el gobierno de Gabriel Boric debe seguir levantando en respuesta a su compromiso electoral y en la necesidad de que las expectativas ciudadanas por una vida digna no se frustren.

La dirigencia política de todo el arco ideológico deberá aceptar que la democracia es paritaria o no es democracia y en ello los partidos políticos deberán asumir un compromiso no solo en la norma sino en la ingeniería de sus estructuras partidarias.

En definitiva, Chile ha logrado un proceso de articulación ciudadana en pos de la ampliación de derechos del que ya no puede retroceder y el que entienda esta elección en clave de ganadores y perdedores, de cambio o status quo no estará leyendo correctamente la voluntad popular.

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