Si el Estado no planifica, la segmentación de tarifas va a ser ineficiente

La segmentación de tarifas es el primer paso para corregir un sistema de subsidios pro-ricos que le cuesta a nuestro país miles de millones de dólares, no obstante, sin planificación a largo plazo y sin terminar muchas de las obras que hoy están demoradas todo puede quedar en la nada. De no ocurrir nuevos imponderables, en septiembre comenzará a regir el nuevo esquema tarifario para la energía eléctrica y el gas. El mismo prevé la mencionada segmentación para que los sectores de altos ingresos paguen una proporción mayor de la energía que consumen y al mismo tiempo implica aumentos nominales -no reales- para los sectores de ingresos medios y beneficiarios de la tarifa social.

Según los datos preliminares elaborados por el equipo de la Secretaría de Energía, el nuevo esquema permitirá un ahorro para este año de unos 360 millones de dólares, mientras que los cálculos proyectados para 2023, considerando el tipo de cambio actual, indican un ahorro aproximado de 2.800 millones de dólares.

Sin embargo, la escalada inflacionaria, la proyección de precios del GNL para el primer semestre del 2023 y las expectativas de devaluación del tipo de cambio oficial, nos obligan a moderar las expectativas sobre el impacto real de la segmentación para el año que viene.

Aun en el mejor de los escenarios el volumen de los subsidios seguirá estando muy por encima de lo que el país puede asumir. Si uno mira la cuenta general del Estado rápidamente encontrará que sobresalen dos números, el de las jubilaciones y el de los subsidios a la energía. Si asumimos que las jubilaciones ya se encuentran en un piso y no pueden ser ajustadas, queda la poda a los subsidios como instrumento principal para moderar el déficit fiscal.

Para que tengamos dimensión de la desproporción a la que están sometidas las cuentas públicas, mientras este año se gastarán alrededor de 15 mil millones de dólares en subsidios a la energía, la erogación para el Programa Potenciar, que estipula un ingreso de medio salario mínimo para 1,3 millones de personas, será de 3500 millones de dólares y el conjunto de las Universidades Nacionales recibirán poco menos de 4.000 millones de dólares.

Si además consideramos que los deciles más altos reciben una proporción mayor de los subsidios, la conclusión salta a la vista: estamos frente a un esquema pro-rico que carga el déficit -por ende la inflación- sobre la espalda de todos los argentinos y beneficia sobre todo a un segmento que no solicitó, no necesita y no valora el subsidio que recibe.

Ante semejante realidad, todas las medidas correctivas que puedan implementarse, por más mínimas que parezcan, suman a la cuenta final. Sin embargo, todo resultará insuficiente si el Estado no planifica y ejecuta un plan estratégico a cinco años en el cual resuelva de manera simultánea tres cuestiones: una baja considerable de los costos de generación, una proporción de pago mayor por parte de los usuarios y una eficientización general del sistema.

Para cumplimentar el primero de los puntos aparece como prioridad inequívoca la finalización del gasoducto Néstor Kirchner que permitirá reducir drásticamente la importación de GNL y de gasoil en los meses de invierno y alimentar a las centrales térmicas con el gas de Vaca Muerta que, según los precios actuales, vale diez veces menos. También aparecen como importantes la finalización de las represas de Santa Cruz, que llevan un retraso considerable, y la construcción de Atucha III.

Para avanzar con el segundo punto será necesaria una actualización tarifaria real –por encima de la inflación– que podrá ser instrumentada si se produjera una recuperación de la masa salarial del conjunto de los argentinos.

Para hacer realidad el tercero de los elementos será necesario avanzar en varios aspectos: la regularización del servicio en los barrios populares y el reemplazo de instalaciones deficientes, precarias e inseguras del tendido y puertas adentro y el reemplazo de electrodomésticos y maquinarias de alto consumo: cuando uno ve lo que cuesta el mega y lo que consume una heladera vieja se da cuenta que la nueva se paga sola.

A esto deberá sumarse una profunda campaña de concientización sobre el rol de la energía en la sociedad. El costo de generarla, los pasivos ambientales y el impacto negativo de los subsidios en la vida cotidiana: cada peso que se va en subsidios es un paso menos para salud, educación y seguridad.

Seguramente estas metas suenen demasiado ambiciosas. Por el contrario, considero que son lo más realista que podemos plantearnos los argentinos si pretendemos volver a crecer de manera sostenible y recuperar niveles de calidad de vida acordes a nuestras expectativas como sociedad.

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