Por qué el diseño de las nuevas tarifas de los servicios públicos es un grave abuso de poder

Los intercambios libres superan conflictos y enriquecen. La peor cárcel es el exceso de regulaciones y restricciones

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Al proponer tarifas de servicios públicos, conviene discernir los bienes públicos de los bienes privados
Al proponer tarifas de servicios públicos, conviene discernir los bienes públicos de los bienes privados

Una semana atrás destacaba en Infobae que “los escolásticos españoles del siglo XVI y XVII desarrollaron la noción del precio justo en un contexto jurídico y no físico. Tiene que ver con los conceptos de poder, voluntad, conocimiento individual. Una cosa vale tanto cuanto es el valor en que puede venderse, en libertad, excluidos la fuerza y el fraude, que enturbian la voluntad del comprador”.

Al proponer tarifas de servicios públicos, conviene discernir los bienes públicos de los bienes privados.

Los bienes privados benefician exclusivamente al usuario y se agotan con cada uso individual. La vaca consume el pasto del potrero, quitando a lo disponible para el rebaño; mi provisión de electricidad me beneficia a exclusivamente a mí y resta kw/h para los demás. Es razonable que yo pague por consumirlo y no recargue la cuenta de otros, como hacen los subsidios. Así, cada persona decide qué le conviene mejor: calefaccionar con electricidad, gas, consumir alimentos, invertir en activos, según sus preferencias y posibilidades.

En contraste, los bienes públicos benefician la coherencia de las actividades conjuntas y el uso individual no los agota. El significado de las palabras, la estabilidad de las unidades de medida: el metro, kilo, el valor del peso, la emisión monetaria, las leyes, no son extinguidos por los usuarios que, por el contrario, refuerzan su valía.

Los bienes privados benefician exclusivamente al usuario y se agotan con cada uso individual; los bienes públicos benefician la coherencia de las actividades conjuntas y el uso individual no los agota

Por eso, conviene que la energía y los bienes privados sean provistos y cobrados por empresas competitivas, según el costo de cada unidad del bien suministrado a cada cliente. Que cada usuario pague el precio de producirlo. Mientras los bienes públicos conviene sufragarlos según acuerdos ampliamente consensuados -impuestos- independientemente del uso, actividad, de cada particular.

Esta mirada denuncia que cobrar tarifas diferentes según supuestos indicadores de ingresos de los clientes, pergeñados por burócratas singulares, conlleva imposiciones ilegítimas. Que contrarían las voluntades, el interés general, deterioran el PBI, agravando las insatisfacciones populares.

Bajo el esquema anunciado, los supuestos clientes de mayores ingresos pagarán la cuenta de los consumos mas subsidiados; las nuevas tarifas no cumplirían la función de optimizar el uso de la energía y agua.

Si la política fuera transferir ingresos a personas determinadas, transparentarlo directamente, sin engaños, ni argucias. La Argentina, anquilosada por la preponderancia del Estado y funcionarios que no funcionan, perderá demasiados negocios.

Brecha de ingreso entre las economías libres y las restringidas

Sin intercambios libres, cada uno de los humanos se empobrecería sin remedio. Pues se supera el peor de los conflictos, las carencias personales insatisfechas, en tanto se comercia, valorizando las diferentes habilidades, conocimientos, deseos, bienes faltantes.

Todos y cada uno pueden conseguir bienes valiosos, y se benefician mutuamente, negociando con otros. Eso explica que el ingreso promedio por habitante de los países se expande con los intercambios voluntarios. Sostengo que el recurso decisivo de las sociedades, países, no está en la naturaleza, si no en la capacidad de contratar negocios coordinados, intercambios coherentes con los costos de oportunidad.

En una mezcla de temores y, también, de aceptar las ventajas de empoderar a las personas, los países implementan reglas, instituciones, que regulan los contratos. Los gobiernos se distinguen por el grado de reconocimiento de la libertad contractual, o autonomía de la voluntad de las personas, van conformando límites para la autonomía individual estableciendo entramados de libertades y prohibiciones a la actuación de las partes, mediante leyes, regulaciones.

Los gobiernos se distinguen por el grado de reconocimiento de la libertad contractual

A mayores libertades, reconocimientos de la autonomía de la voluntad, los ingresos promedio, PBI por habitante, son más altos, como se advierte en las estimaciones del World Economic Outlook del FMI, desde USD 230 en Sudán del Sur hasta los USD 102.000 de Irlanda, en 2021, pasando por los USD 10.000 actuales en la Argentina. Tanto más libres las transacciones de abusos y engaños, mayores son las satisfacciones y los ingresos por habitante.

Para 2022, el ranking de los PBI por habitante será impactado por los eventos derivados de la invasión de Rusia a Ucrania, como la restricción energética a Europa y de las exportaciones agrícolas del país invadido, la aceleración de la inflación, la decisión de la Fed de aumentar la tasa de interés de referencia; y los acontecimientos climáticos.

La competencia libre de trabas redundantes espolea las habilidades particulares. Las violaciones, abusos, el engaño coartan las libertades. Justicia implica información, reglas parejas y estables.

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