Los interrogantes que surgen de la segmentación de tarifas de servicios públicos

Mediante el Decreto PEN 322/22 se estableció un nuevo régimen de segmentación de subsidios de energía. Al respecto, parece importante destacar que actualmente los usuarios residenciales solo pagan un 20% del total de la energía consumida, el resto se hace cargo el Estado mediante lo que se denomina subsidio, que en definitiva es el dinero que pagan los argentinos mediante impuestos o bien con inflación. Sumado a esta situación que es normal a cualquier administración kirchnerista se sumó la invasión de Rusia a Ucrania que más allá del desastre humanitario, provocó un aumento considerable de todos los precios que rigen la energía, impactando directamente en las cuentas fiscales y generando en algunos casos escasez de gas natural y gasoil.

Solamente para tener dimensión de la distorsión de precios el gas natural proveniente de Bolivia aumentó entre 2020 y 2022 en un 112%, mientras el importado de otras partes del mundo que llega por barco 950% y el gasoil 120%, en tanto que para los consumidores locales se mantuvieron congelados, a pesar de las advertencias de propios y ajenos que el déficit energético iba a ser la madre de los problemas.

Una consecuencia de esa política fue que la demanda de gas natural y de electricidad aumentó, porque el costo fue perdiendo relevancia en el presupuesto familiar. Para comenzar a revertir ese proceso los caminos elegidos fueron diversos, desde una segmentación geográfica hasta una precalificación por consumo promedio por 12 meses, pero se decidió por la inscripción voluntaria a un registro especial para solicitar la continuidad del subsidio.

En ese contexto se decidió establecer 3 niveles de usuarios según su aparente poder adquisitivo y localización geográfica, y con ajustes por tramos en el tiempo. “Estamos previendo que los costos de la energía eléctrica van a bajar en los próximos meses, por eso nos pareció conveniente hacer más accesible el primer tramo”, sostuvo la secretaria de Energía, Flavia Royón.

La implementación

Ahora bien, algunos problemas va a tener la implementación de este sistema, principalmente para las distribuidoras del suministro eléctrico, dado que es función de los entes reguladores indicarles a qué cliente se le va a cobrar qué tarifa y con qué porcentaje de subsidio, mientras que ya se empezaron a escuchar las voces de los gobernadores del NOA y del NEA pidiendo subsidios de energía eléctrica en el verano: “Así como se subsidia en el invierno el gas en el sur, nosotros pediremos que al norte se lo subsidie en verano a la energía eléctrica, sobre todo en los meses de octubre a marzo. Necesitamos un mayor subsidio, de tal manera que cuando aumenten los consumos estacionales, no se eleve la boleta de luz a niveles impagables que haya que cortar los servicios”.

Otra cuestión importante es que, dado el nivel inflacionario si al aumento de tarifas que se establezca no se lo ajusta por la variación del índice general de precios en pocos meses volverá a atrasarse y por tanto no se logrará la anunciada baja del déficit fiscal.

En el caso del servicio eléctrico, el aumento en ciernes aplica sobre el precio de la energía generada puesta en el nudo Ezeiza. A partir de este punto cada centro de consumo debe sumar el costo del transporte. Edenor y Edesur son servicios regulados por ENRE. Pero en el resto del país, cada provincia regula su propio servicio y, fundamentalmente, determina el costo de la distribución. Pero hoy, la mayoría no paga, total o parcialmente, la electricidad que consume, y por tanto con el incremento anunciado cabe esperar que crezca su deuda con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.).

Si las provincias quisiesen afrontar per se los nuevos aumentos deberán incurrir en un déficit fiscal, o de lo contrario, trasladar el aumento a los consumidores, aunque no parece haber conformidad para avanzar en esa dirección.

Si todo avanza de maravillas como estimó el gobierno nacional el ahorro del Tesoro nacional será de 0,2% quizás 0,3% del PBI, muy lejos de la buscada reducción del déficit fiscal en 1% del PBI para poder cumplir con la meta comprometida en el acuerdo vigente con el FMI.

Inconsistencias en el caso del gas natural

Una vez que se implemente la segmentación diseñada por el gobierno en las tarifas de gas natural, un hogar R31 de Metrogas que consuma 1.200 m3 anuales de gas, es decir por encima del bloque subsidiado del 70% que prevé el nuevo esquema (788 m3 anuales para la categoría), terminará pagando un cargo promedio de $25,19 por metro cúbico, una cifra más alta que un hogar registrado como R32 que consuma 1.300 m3, que abonará 23,75 pesos. Esta situación implica un trato discriminatorio y aunque es medio forzado, debería pensarse si no existe un subsidio cruzado de las categorías inferiores en favor de los hogares que más consumen.

En declaraciones a EconoJournal, Cristian Folgar, ex subsecretario de Combustibles del gobierno de Néstor Kirchner, advirtió: “Un usuario de bajo consumo de gas natural terminará pagando un cargo por m3 promedio mayor que uno de la escala superior que no supera el umbral del 70% que estableció el gobierno”.

“El efecto se produce porque se optó por un tratamiento distinto al que se utilizó con la electricidad. En ese caso, el subsidio no está definido por la categoría de usuario, sino que se aplicó un bloque común”, agregó el experto.

Frente al panorama descripto surgen las siguientes dudas, ¿Llegarán las compañías a implementar los aumentos en septiembre próximo? ¿Tratándose de incrementos significativos no se presentará alguna asociación pidiendo una medida cautelar hasta que la Corte Suprema se manifieste al respecto?

Además, no hay que olvidar que el servicio de transporte y distribución de energía están basados en modelos regulatorios y leyes que hace años que no se cumplen, por lo que la segmentación tarifaria deja la puerta abierta para reclamos judiciales y en definitiva, nada soluciona la problemática energética que arrastra el país.

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